¿Los derechos de autor protegen a los autores?

5 octubre 2013

beatles

Curiosa la historia de los derechos de autor de Los Beatles. Paul McCartney tiene que pagar cada vez que toca las canciones que compuso con Los Beatles, porque no es titular de los derechos de autor sobre esas canciones. Michael Jackson adquirió los derechos de Los Beatles en 1984 y posteriormente le vendió el 50% a la multinacional Sony.

La legislación sobre propiedad intelectual se legitima socialmente porque se supone que su función principal es proteger a los autores. Casos como éste sirven para poner en cuestión esta imagen ideal. En la práctica los derechos de autor funcionan como un mecanismo de apropiación privada del conocimiento y la cultura. Quien se suele aprovechar de su reconocimiento son las compañías discográficas, las auténticas titulares, que los consideran como una mercancía.


La “clásusula de buen uso” y la legislación sobre propiedad intelectual

19 enero 2010

Dentro de la campaña “Por la paz: no a la investigación militar”, se propuso introducir la siguiente cláusula en los trabajos de carácter científico:

«Queda absolutamente prohibida la utilización, investigación y desarrollo, de forma directa o indirecta, de cualquiera de las aportaciones científicas propias del autor, que se presentan en esta memoria, por parte de cualquier ejército del mundo o por parte de cualquier grupo armado, para cualquier uso militar y para cualquier otro uso que atente contra los derechos humanos o contra el medio ambiente, salvo permiso por escrito de todas las personas del mundo.»

El principal problema jurídico que plantea la “cláusula de buen uso” es si el titular de los derechos de autor tiene atribuido el poder de determinar cómo se utiliza su obra y quiénes pueden utilizarla.

Este problema no está resuelto de forma expresa en la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril; en adelante LPI). Habrá que partir de los principios recogidos legalmente, no sólo en la LPI sino también en los tratados internacionales.

La LPI otorga varias facultades a los autores que se pueden agrupar en derechos morales y en derechos de explotación. Los derechos morales se regulan en el artículo 14 LPI, son irrenunciables e inalienables. Entre estos derechos se pueden destacar: a) el derecho del autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma; b) el derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra; c) el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra; y d) el derecho a retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, indemnizando los daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.

De esta regulación se deduce que, en lo que afecta a la cláusula de buen uso, el autor puede decidir no divulgar un trabajo científico, pero una vez que ha decidido divulgarlo no puede impedir que otras personas utilicen su trabajo como lo consideren oportuno. Como mucho, podrá decidir retirar la obra del comercio, pero no podrá recuperar los ejemplares que ya se han vendido.

En cuanto a la explotación de la obra, el artículo 17 LPI atribuye al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. A través de estos derechos, el autor puede obtener una rentabilidad económica. Los derechos de explotación afectan fundamentalmente al derecho de copia y reproducción de las obras y de los soportes en que se encuentran, pero no alcanzan a la utilización de las ideas. En este sentido, se entiende que los derechos de explotación protegen únicamente frente a la “copia servil”, es decir, frente a los plagios evidentes (para que nos entendamos: un corta y pega descarado), pero no impiden que se lleve a cabo una reformulación de la obra realizada.

El principio de que la utilización de las ideas es libre no se recoge expresamente en la LPI. Sin embargo, se encuentra implícito en el derecho de cita (artículo 32 LPI). El derecho de cita permite incluir fragmentos de obras ajenas, para analizarlos, comentarlos o realizar un juicio crítico con fines docentes o de investigación. En este caso no es necesaria autorización del autor. Según la Ley de Propiedad Intelectual sería lícito que en una investigación de carácter militar se citara un trabajo que incluyera una cláusula de buen uso, ya que el autor no puede impedir el ejercicio del derecho de cita.

Siguiendo esta línea de que la utilización de las ideas es libre hay que mencionar el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de autor, cuyo artículo 2 establece:

«La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos»

Las ideas no están protegidas por el derecho de autor, de manera que no se puede condicionar o prohibir su utilización por terceras personas. Los derechos de explotación antes mencionados han de interpretarse teniendo en cuenta este aspecto. Por ejemplo, quien lee una investigación científica no puede plagiar dicha investigación ni puede reproducirla sin el permiso del autor, pero lo que sí puede hacer es utilizar las ideas recogidas en dicha investigación de la forma que considere oportuna, libremente y sin necesidad de permiso o autorización por parte del autor.

Por todo ello, creo que podría incluso argumentarse que la cláusula de buen uso, al menos en su formulación actual, es contraria a derecho, ya que el autor no tiene atribuido el poder de prohibir la utilización de las ideas que se contienen en sus obras.

Por intentar buscar algún efecto práctico de la cláusula de buen uso, éste se limitaría al derecho de reproducción. Lo único que podría hacer el autor es impedir que su trabajo se reprodujese sin su consentimiento en revistas de carácter militar o dedicadas a fomentar la investigación militar. Aparte de ésto, el valor jurídico de la cláusula de buen uso poco más puede aportar.

En cualquier caso, esto no afecta al valor político-moral de la utilización de la cláusula, a su valor testimonial y de sensibilización al que se refiere Celia Fernández Aller («Consideraciones legales sobre la “Cláusula de buen uso”» en el libro colectivo Por la Paz: ¡No a la investigación militar! Sobre la militarización de la ciencia y algunas de sus alternativas, Ediciones Bajo Cero, 2006, página 93).


Uso de nombres comerciales ajenos en webs de denuncia

29 julio 2009

Un compañero que está trabajando en una página web para denunciar las inversiones armamentísticas que financian los bancos me preguntó si le podían meter un puro por utilizar los logotipos de los bancos aludidos. Incluyo la respuesta por si a alguien le puede ser útil.

* * *

El principal problema que se plantea es que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) no regula expresamente la utilización de un nombre comercial por parte de un tercero sin una finalidad comercial. Ello implica un cierto margen de inseguridad jurídica.

Técnicamente, la denominación de un banco es un nombre comercial. La definición legal de nombre comercial es «todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares» (artículo 87.1 LM). La regulación de los nombres comerciales es básicamente la misma que la de las marcas comerciales, a la que la ley se remite expresamente (artículo 87.3 LM).

El titular de un nombre comercial ostenta el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico (art. 90 LM). Al igual que en el caso de las marcas (que se refieren a productos o servicios), el titular del nombre comercial puede prohibir que otros sujetos utilicen signos idénticos o similares (art. 34.2 LM); en especial, el titular del nombre comercial puede prohibir que terceros utilicen el signo en la publicidad y en redes de comunicación telemáticas [art. 34.3.d) y e) LM].

Esta prohibiciones sólo tienen efecto cuando la utilización del nombre comercial se lleve a cabo en el tráfico económico (art. 34.2 LM). Si la marca no se utiliza en el tráfico económico, dicha conducta no se ve afectada por las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas sino que, en principio, estaría permitida.

La utilización del nombre comercial ajeno –incluyendo su logotipo–en una página web de denuncia no es una actividad comercial, sino el ejercicio del derecho de libertad de expresión consagrado en el artículo 20.1.a) de la Constitución.

Podría plantearse que se produce un conflicto entre el derecho de propiedad del titular del nombre comercial y el derecho de libertad de expresión de los promotores de la página web. En mi opinión este conflicto es inexistente, ya que el nombre comercial marca únicamente protege el tráfico económico de la empresa y una página web de denuncia no tiene carácter comercial.

Pero incluso si se entiende que el conflicto existe, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha reconocido la primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, como el derecho a la intimidad. La primacía del derecho a la libertad de expresión se fundamenta en que sirve como garantía de la opinión pública libre, una garantía institucional básica en un estado democrático.

Esta primacía de la libertad de expresión existe siempre que la información tenga trascendencia pública, como la tiene en mi opinión la información relativa a las inversiones de los bancos en armamento. Además, la información debe ser veraz, en el sentido de que los hechos han de haber sido contrastados con datos objetivos. Por último, la libertad de expresión no cubre el empleo de expresiones insultantes o vejatorias.

Por tanto, considero que una web de denuncia que utilice los logotipos de determinados bancos es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que no puede ser prohibido por el propietario del nombre comercial. Incluso si se produjeran perjuicios por la pérdida de clientela debida a las denuncias realizadas, no habría obligación de indemnizarlos. Prima la libertad de expresión [art. 20.1.a) de la Constitución] y tales perjuicios no podrían considerarse como tales dentro de una sociedad democrática.

Como precaución, creo que no estaría de más señalar expresamente en la página web que los nombres de los bancos son nombre comerciales registrados por sus correspondientes titulares, no por los promotores de la página web.