Herramientas para el análisis crítico del derecho (2): la burorrepresión

19 septiembre 2018

burorrepresión

 

En el libro Burorrepresión. Sanción administrativa y control social (Bomarzo, 2013), Pedro Oliver Olmo define la burorrepresión de esta forma:

«La burorrepresión, en su sentido estricto y duro, es la utilización, por parte de distintas instituciones de control y de orden público, del arsenal de sanciones administrativas que están disponibles en el entramado de leyes, normas y ordenanzas de las distintas administraciones del Estado, con el fin de criminalizar, reprimir y penalizar y, en definitiva, desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos. En su sentido más extenso y blando, la burorrepresión, pretendiendo controlar la potencial disfuncionalidad de sectores sociales muy vulnerables que están inmersos en procesos de empobrecimiento, marginación y exclusión, así como impedir la solidaridad y la resistencia con la que intentan cambiar su destino de relegación, también puede adoptar la forma de simples trabas burocráticas o legales que se convierten en graves impedimentos funcionales para los individuos y colectivos afectados».

 

Esta propuesta de burorrepresión se plantea en el ámbito de las ciencias sociales. No se trata de un concepto que surja desde el ámbito jurídico. De hecho, Pedro Oliver critica el escaso trabajo que se ha hecho desde el ámbito jurídico para «comprender la funcionalidad política de las sanciones administrativas dentro de los sistemas de control, represión y castigo».

 

Al igual que sucede con la legalarbitrariedad, la principal virtud del concepto de burorrepresión es que sirve para poner de manifiesto una determinada realidad administrativa. En especial, qué instrumentos utiliza el poder público para reprimir las protestas sociales. Poniendo el énfasis en las sanciones administrativas, en el concepto estricto de burorrepresión, aunque señalando también que existe un ámbito de burorrepresión blanda. Dentro de esta burorrepresión blanda podrían incluirse las repetidas solicitudes de aportación de documentos justificativos que se exigen a los solicitantes y a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

 

Otra idea interesante es la graduación de los instrumentos de represión de la protesta, distinguiendo entre disuasión, burorrepresión y represión penal. Esta graduación es formulada por Manuel Maroto Calatayud, en el capítulo del mismo libro titulado «Ciudades de excepción: seguridad ciudadana y civismo como instrumentos de represión de la protesta». Cuya representación gráfica es la siguiente:

 

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En mi opinión, desde el punto de vista jurídico, no tiene sentido limitar el concepto estricto de burorrepresión a las sanciones administrativas. Los poderes públicos pueden adoptar decisiones que no tienen carácter sancionador pero que limitan en mayor grado los derechos de las personas. Como sucede, por ejemplo, con las expulsiones en caliente o con las identificaciones policiales con perfil racial. Por otra parte, tampoco creo que haya que ceñir este concepto a la represión de las protestas sociales. En esta línea se sitúa el trabajo de Manuel Maroto Calatayud, al incluir las ordenanzas municipales dentro del ámbito de la burorrepresión. En mi opinión, la regulación de las ordenanzas locales que afecta a las personas sin hogar debería incluirse dentro del ámbito de la burorrepresión. Teniendo en cuenta que tampoco hay porqué identificar el núcleo duro de la burorrepresión con la desactivación de las protestas y la parte blanda con la regulación que afecta a sectores sociales muy vulnerables.

En definitiva, me parece que la categoría de burorrepresión es más una descripción que una definición. Hay que establecer claramente cuáles son sus notas características.

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Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid reconoce derecho a indemnización por retraso en el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción

26 noviembre 2016

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Esta entrada está dedicada a las personas que han formado parte del Taller Jurídico de la UAM. Ha sido publicada previamente en la página web de la campaña «Renta Mínima: es tu derecho»: http://rmituderecho.org/un-juzgado-de-lo-contencioso-administrativo-de-madrid-reconoce-derecho-a-indemnizacion-por-retraso-en-el-reconocimiento-de-la-renta-minima-de-insercion/

 

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En su sentencia 203/2006, de 14 de julio (procedimiento abreviado 253/2015), el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid ha reconocido el derecho a obtener una indemnización por responsabilidad patrimonial por el retraso de casi un año en reconocer a una persona la Renta Mínima de Inserción (RMI).

El Juzgado ha considerado que se trata de un supuesto de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración, al entender que el incumplimiento del plazo legalmente establecido para resolver las solicitudes de RMI «reviste las notas de esencial y significativo». Se trata, por tanto, de un daño que los ciudadanos no tienen el deber jurídico de soportar.

Legalmente el plazo es de tres meses, desde que la solicitud de RMI llega a la Consejería de Políticas Sociales y Familia (artículo 20.3 Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid). En el caso juzgado, la solicitud de RMI se presentó en septiembre de 2012, no siendo hasta diciembre de 2013 cuando se reconoció el derecho a recibir dicha prestación. La sentencia valora el daño causado por el Administración en 3.940 euros, resultado de multiplicar 358,22 euros (la cuantía de la RMI reconocida mensualmente) por los 11 meses del retraso administrativo.

La sentencia es firme, al no haber sido recurrida por la Comunidad de Madrid. Como ha sido dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no crea jurisprudencia. Pero es un importante precedente que podrá utilizarse en reclamaciones de responsabilidad patrimonial por retraso en el reconocimiento de la RMI. El Juzgado considera que ésta es una vía adecuada, frente al planteamiento del letrado de la Comunidad de Madrid que alegaba que debería haberse presentado un recurso administrativo y no una solicitud de responsabilidad patrimonial.


¿A qué espera el Estado para asumir la responsabilidad civil en los casos de violencia de género?

4 diciembre 2015

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Las personas que cometen un delito están obligadas a reparar los daños y perjuicios causados (artículo 109.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). Esta obligación de reparar el daño causado, incluye la indemnización de los perjuicios materiales y morales (artículo 110 del Código Penal).

El Estado no está obligado a indemnizar cuando se comete un delito. Ni siquiera aunque sea insolvente quien lo comete. Sin embargo, en determinados casos y de forma excepcional, el Estado asume el pago de las indemnizaciones a las víctimas de delitos. El caso paradigmático son los delitos por terrorismo.

En la actualidad, esta cuestión se regula en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Esta ley establece una indemnización en casos de fallecimiento (artículo 17) y también si se producen daños personales. En última instancia, el artículo 20.1 prevé que «El Estado asumirá con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisión de alguno de los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley». Indemnizaciones que cubren los daños físicos y los psíquicos (artículo 20.2).

La cuantía máxima de las indemnizaciones previstas es la siguiente (artículo 20.4):
– Fallecimiento: 500.000 euros.
– Gran invalidez: 750.000 euros.
– Incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros.
– Incapacidad permanente total: 200.000 euros.
– Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros.
– Lesiones no invalidantes: 100.000 euros.

Resulta muy interesante comparar este régimen de indemnizaciones con la normativa relativa a la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce distintos derechos a las mujeres víctimas de violencia de género: el derecho a la información y al asesoramiento (artículo 18), el derecho a la asistencia integral por parte de los servicios sociales (artículo 19), el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 20), derechos laborales y de seguridad social (artículo 21), derecho a ayudas sociales (artículo 27) y derecho a la consideración prioritaria en el acceso a la vivienda (artículo 28).

Sin embargo, esta ley no prevé ningún tipo de indemnización por fallecimiento, ni por daños personales a las víctimas de violencia de género. Tampoco establece que le Estado asumirá la responsabilidad civil derivada de los delitos relacionados con la violencia de género.

En mi opinión, en los supuestos de violencia de género concurren unas circunstancias de solidaridad muy similares a las que concurren en los delitos de terrorismo. Además de tratarse de un problema con hondas raíces sociales. Las indemnizaciones contribuirían a dignificar la situación en que quedan las víctimas de violencia de género, o sus familiares cuando las mujeres son asesinadas. ¿A qué está esperando el Estado?


La regulación del acceso a la abogacía es excluyente y clasista

31 julio 2014

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La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales estableció dos requisitos adicionales para que los licenciados o graduados en derecho pudieran ejercer como abogados: realizar un curso de formación especializada de 60 créditos más un período de prácticas externas y superar una prueba de evaluación.

Esta regulación ponía de manifiesto la devaluación del grado en derecho frente a la licenciatura. El nuevo sistema se aplica, fundamentalmente, a los graduados. Anteriormente bastaba con la licenciatura en derecho para poder colegiarse y ejercer libremente la abogacía, algo que ya no será posible para los graduados.

En cuanto a la formación, ésta podría llevarse a cabo por universidades públicas y privadas, así como por escuelas de práctica jurídica. Según el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, el Máster de acceso a la abogacía debe comprender 60 créditos más 30 de prácticas externas.

Los precios a los que se ofrece el máster de acceso a la abogacía son bastante altos. Para el curso 2014/2015 (según el Decreto 80/2014) los precios de las universidades públicas de Madrid son: 3.150 euros en la Universidad Complutense y la Rey Juan Carlos (35 € por crédito); 3.622,5 euros la Universidad Autónoma (40,25 € por crédito); 4.500 euros en la Universidad de Alcalá (50 € el crédito) y 7.200 euros en la Carlos III (80 euros por crédito). Hay instituciones privadas que lo ofrecen a un precio mucho mayor: en el Centro de Estudios Garrigues cuesta entre 22.000 y 26.000 euros, dependiendo de la especialidad; el precio alcanza los 29.458 euros en el caso del máster ofrecido por la Universidad de Navarra.

La segunda pieza del nuevo sistema es el examen estatal. Según el artículo 7.1 de la Ley 34/2006, la evaluación de la aptitud profesional «tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales». El examen tendrá una periodicidad anual, será el mismo en todo el territorio nacional, y no se establece un número limitado de plazas.

La primera prueba ha sido convocada por la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2014. Esta Orden establece, en su artículo 10, un examen tipo test de 75 preguntas, con una duración de cuatro horas. 50 preguntas se refieren a las materias comunes de la profesión de abogado, cuyo temario se divide en dos bloques: 1) deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de abogado; y 2) cuestiones generales de derecho, el proceso y la asistencia letrada. Las otras 25 preguntas tratan de una especialidad jurídica a elegir entre una de estas cuatro: 1) civil y mercantil; 2) penal; 3) administrativo y contencioso-administrativo; y 4) laboral. La participación en la prueba era gratuita.

Que los Ministerios de Justicia y de Educación hayan optado por un examen tipo test para comprobar si se acreditan las competencias prácticas que requiere el ejercicio de la profesión de abogado es sólo un ejemplo más del nivel de chapuza con el que se hacen las cosas en este país. En mi opinión, un examen tipo test no es un instrumento adecuado para evaluar las competencias que se supone que se han adquirido a través del máster de acceso a la abogacía. Si fuera así, no sería necesario el examen práctico para sacarse el carné de conducir. Me remito a las críticas realizadas al respecto por Jesús Alfaro «La convocatoria del examen de acceso a la profesión de abogado es una estafa», y por José Ramón Chaves «Convocada en el BOE la prueba de acceso a la abogacía española: texto y contexto».

En mi opinión, el nuevo sistema de acceso a la abogacía es excluyente y clasista. Nos encontramos ante una medida excluyente, en primer lugar, porque las universidades públicas no van a ofertar un número suficiente de plazas para cubrir la demanda de todos sus graduados. Demanda que tampoco va a ser cubierta con la oferta de las universidades privadas y otras instituciones, que parece que están optando por ofrecer muy pocas plazas. De esta manera se establece un primer sistema de filtro a través de una especie nueva de números clausus: no todos los graduados que quieran van a poder trabajar como abogados.

Es además clasista porque no todos los estudiantes van a tener recursos suficientes para poder hacer frente al elevado coste que supone el máster. Las plazas más baratas que ofrecen algunas universidades públicas serán cubiertas por los mejores expedientes. A quien no le llegue la nota sólo le quedará la opción de endeudarse para realizar un máster privado caro. Este problema no lo tendrán los estudiantes de clase alta, que siempre podrán hacer frente a los elevados precios de los másteres privados.

Es muy probable que surja una nueva categoría dentro de las profesiones jurídicas: los graduados en derecho que no han realizado el máster de acceso y, por tanto, no pueden ejercer ante los tribunales. Una nueva categoría más precaria que podría encargarse de los trabajos más pesados, como búsquedas de jurisprudencia, análisis de documentación,… De hecho escuché a una Vicedecano de mi facultad comentar en una charla que los grandes despachos ya estaban pensando en ello.

Una alternativa para que el sistema de acceso a la abogacía fuera menos excluyente y clasista sería establecer únicamente el requisito de que los graduados en derecho debieran pasar un examen estatal. Sin que fuera obligatorio realizar un máster de acceso a la abogacía. Esta idea de máster opcional y un buen examen final es lo que ha propuesto Pablo Salvador Coderch en un editorial de la revista InDret. De esta forma sería posible que los estudiantes se preparasen por libre dicho examen (a mí no me importaría resolver dudas de mis antiguos alumnos o permitirles asistir a clase como oyentes en las clases de casos prácticos), sin tener necesariamente que hacer frente al importante desembolso económico que supone realizar el máster de acceso. Alguna universidad podría incluso orientar su plan de estudios y su modelo de docencia para que sus graduados estuvieran en condiciones de superar el examen estatal una vez terminado el grado en derecho.

Los planes ministeriales parece ser que van en dirección contraria. Hace más o menos un año, fue invitado al seminario de profesores de mi facultad el Subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Bravo Rivera. Comentó que estaban barajando la posibilidad de establecer como obligatorio o sólo el máster o sólo el examen: se decantaban por establecer como único requisito pasar el máster. De esta forma se reforzaría el cariz excluyente y clasista de la regulación del acceso a la profesión de abogado.


Resultados de las «políticas de desigualdad»

18 octubre 2013

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Una de las frases hechas más comunes es que la crisis nos está afectando a tod@s. Se trata de un discurso igualador, que oculta las enormes diferencias que se están produciendo sobre cómo incide la crisis en la vida de las personas. Como escribió George Orwell, en Rebelión en la granja, «todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros».

Estas consecuencias pueden verse, al menos en parte, como el resultado directo de las políticas públicas que se están poniendo en práctica. Se trata de «políticas de desigualdad» que están beneficiando claramente a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo. Un par de ejemplos para demostrarlo:

1) La noticia publicada en El Mundo el 9 de octubre de 2013, «El número de millonarios en España aumenta un 13% a pesar de la crisis».

2) Desde el inicio de la crisis, en 2008, la remuneración de los asalariados españoles ha caído en casi 55.000 millones de euros (-10,2%); mientas que en el mismo periodo, los beneficios de empresas se han reducido en algo más de 5.700 millones de euros (-1,2%). Mira el cuadro adjunto.

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En mi opinión, el trabajo de l@s juristas críticos debe ser intentar desvelar los mecanismos concretos a través de los que se aplican estas políticas de desigualdad y hacer un mapa lo más completo posible en las distintas ramas del derecho.