Notas para una charla sobre la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana)

13 octubre 2015

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1 CONTEXTO GENERAL

1.1. La finalidad principal de la ley es reprimir las nuevas formas de protesta social

Durante la tramitación parlamentaria de la ley han limado los aspectos más escandalosos de la norma.

En mi opinión, la política que hay detrás de la ley es reprimir determinadas formas de protesta social. Sobre todo, si se tienen en cuenta las infracciones que establece.

1.2. Expansión del poder sancionador de la Administración

Se ha producido un desplazamiento del poder sancionador del Estado en materia de seguridad ciudadana: desde el procedimiento penal (más garantista) hacia el procedimiento administrativo sancionador.

  • En el procedimiento administrativo sancionador; las declaraciones de los policías tienen valor probatorio (artículo 52).
  • Las conductas sancionables se definen con un gran margen de indeterminación: será la Administración quien lo interpretará en primer lugar.
  • Esto implica un importante grado de inseguridad jurídica para los ciudadanos.
  • Derecho administrativo sancionador: puede ser utilizado de forma arbitraria por la Administración.

1.3. Distinguir entre derecho normado y derecho practicado

 

Una cosa es lo que dice la ley y otra cómo se aplica.

Esta ley se va a aplicar, en primer lugar, por la policía. Y por los Delegados del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Infracciones previstas: permiten un amplio margen de apreciación y, al mismo tiempo, suelen incluir elementos limitadores.

Habrá que estar a cómo se aplica por la policía. Teniendo en cuenta que habitualmente se utiliza el “canon policial de interpretación”: se interpreta la norma de aquella manera más limita los derechos y garantías de los ciudadanos.

Regla de interpretación del artículo 4.1: «las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga».

 

1.4. La ley no establece ningún mecanismo de protección de los ciudadanos frente a actuaciones arbitrarias o ilegales de la policía

 

A pesar del importante margen de apreciación que reconoce a la policía, la ley no establece ningún mecanismo para proteger a los ciudadanos frente a actuaciones arbitrarias de la policía.

 

  1. Sanciones más destacables

 

2.1. Manifestaciones no comunicadas (15M – escraches PAH)

 

15M: se ha caracterizado por llevar a cabo manifestaciones no comunicadas previamente.

Los escraches también se podrían incluir en este supuesto.

Dos infracciones:

[1] Regla general: «La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983» (artículo 37.1; infracción leve, de 100 a 600 €).

Esta será la infracción que se aplicará en la mayoría de los casos.

[2] Supuesto agravado: «Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones» (artículo 35.1, infracción muy grave: 30.000-600.000 €).

Se tiene que haber generado un riesgo para la vida o integridad física de las personas.

Responsables: los organizadores o promotores.

 

Problema: la ley establece de forma muy amplia quiénes se consideran organizadores o promotores de las manifestaciones no comunicadas (artículo 30.3):

«quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas».

 

2.2. Acciones contra desahucios (PAH)

 

«Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito» (artículo 36.4; infracción grave, de 601 a 30.000 €).

No es necesario que se impida realmente el desahucio, basta la intención de impedirlo (no es una infracción de resultado, sino de intención).

2.3. Ocupaciones de inmuebles (PAH)

 

«La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de delito» (artículo 37.7; infracción leve, de 100 a 600 €).

 

2.4. Acciones simbólicas de protesta (Greenpeace)

 

[1] Supuesto general: «El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes» (artículo 37.14; infracción leve, de 100 a 600 €).

Hay un elemento limitador.

[2] Supuesto agravado: «La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo» (artículo 36.9; infracción muy grave, de 30.001 a 600.000 €).

Elemento limitador: cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.

2.4. Manifestaciones frente al parlamento (15M – Rodea el Congreso)

 

«La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas» (artículo 36.2, infracción muy grave, de 30.001 a 600.000 €)

Destacable: no se requiere que estén reunidas las Cortes (elemento simbólico).

Elemento limitador: ha de producirse una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Si no concurre esta perturbación grave, se aplicará la sanción general por reunión o manifestación ilegal (infracción leve: de 100 a 600 €).

2.5. Tomar imágenes de la policía

 

«El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información» (artículo 36.23; infracción grave de 601 a 30.000 €).

No se sanciona la difusión de imágenes o datos personales de los policías por sí sólo. Debe concurrir un riesgo para la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones o el éxito de la operación (límite).

Es una falta de peligro, no de resultado: no es necesario que se produzca el daño.

 

Política de garantizar la impunidad de actuaciones policiales arbitrarias y contrarias a la ley (identificación de los policías).

 

2.6. Expulsiones en caliente

 

Regulación: disposición final primera (incluye una nueva disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000).

Establece una régimen especial para Ceuta y Melilla.

«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Finalidad: legalizar las expulsiones en caliente.

Es, a mi juicio, el supuesto más grave: es derecho administrativo del enemigo, se utiliza el derecho como un instrumento de combate contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla.

Se produce una eliminación de raíz de los derechos y garantías de los extranjeros, para expulsarles del territorio nacional al margen de los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería.

2.7. Sin techo

«Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal» (artículo 37.13; infracción leve, de 100 a 600 €).

Podría aplicarse a las personas que duermen en la calle. Especialmente, a través del concepto de deslucimiento.

Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos, a través de ordenanzas, pueden especificaciones o graduaciones en las infracciones y sanciones tipificadas en la ley (artículo 32.3). Muchas Ordenanzas de convivencia prohíben dormir en la calle.

 

2.8. Sanciones “escoba”

 

[1] «Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal» (artículo 37.4; infracción leve, de 100 a 600 €).

[2] «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito» (artículo 36.6; infracción grave, de 601 a 30.000 €).

Tanto la desobedicencia/resistencia a la autoridad como las faltas de respeto y consideración son tan indeterminadas (tan flexibles) que pueden ser utilizadas en cualquiera de los casos mencionados anteriormente.

Servirían así como una especie de “infracción escoba”, aplicable cuando no se pudiera aplicar otra infracción.

Se aplicará la sanción mayor, si un mismo hecho es sancionable por más de una infracción (artículo 31)


La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana y la difusión de imágenes de policías

28 marzo 2015

La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana tipifica como infracción grave «El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información» (artículo 36.26). Como infracción grave, la sanción que le corresponde es una multa entre 601 y 30.000 euros (artículo 39.1).

Hay que señalar que se ha “depurado” bastante el contenido de esta infracción. El Anteproyecto recogía una infracción mucho más amplia, ya que se sancionaba «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación, sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información». De esta manera se han pulido los problemas de inseguridad jurídica y la posible vulneración del contenido del derecho a la libertad de información.

En sentido literal, el artículo 36.26 no sanciona cualquier difusión de imágenes o datos de policías, sino únicamente cuando dicha difusión pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes o el éxito de la operación. Prima así el ejercicio del derecho a la libertad de información, protegido por el artículo 20 de la Constitución.

Según este artículo, sería sancionable, por ejemplo, la difusión de la imagen de un policía acompañada de su nombre y los datos de su domicilio. Algo que, en mi opinión, es razonable: en este caso se otorga prioridad a la seguridad personal y familiar del policía frente al derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información. Sin embargo, a mi juicio, no sería sancionable la difusión de vídeos o imágenes que muestren actuaciones arbitrarias o desproporcionadas por parte de la policía (como en los vídeos de Juan Carlos Mohr, Javier Romero y Alicia Armesto, y Jaime Alekos que ilustran esta entrada). La difusión de estas imágenes no es más que el ejercicio del derecho a la libertad de información. Y también puede estar cubierta por el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a criticar la actuación de las autoridades públicas. Este artículo tampoco prohíbe tomar imágenes de actuaciones policiales.

Por todo esto, considero que la imposición de sanciones administrativas por el mero hecho de difundir imágenes de la policía es ilegal, es contraria a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Siempre que no se ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los policías o se ponga en riesgo el éxito de una operación (esto último es algo que difícilmente concurrirá si las imágenes se difunden una vez concluida la actuación policial).

Hasta ahora, he señalado la interpretación que me parece razonable del artículo 36.26, interpretación compatible con el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información. Habrá que ver de qué manera va a interpretar esta sanción la policía. Ahí es donde, a mi juicio, se encuentran los problemas: en el derecho practicado más que en el derecho normado. Alguna vez me he referido al «canon policial de interpretación»: optar por aquella interpretación que minimiza los derechos de los ciudadanos. Mi impresión es que la actuación policial se va a situar entre ese canon policial de interpretación y la imposición de sanciones ilegales (como una variante más del derecho policial del enemigo). Una buena pista nos la ofrece la denuncia por falta de vejación injusta a la periodista Alicia Armesto.

Una de las tareas que habrá que realizar a partir de ahora es documentar de qué forma se está aplicando la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Para saber cómo se está ejerciendo esta potestad sancionadora. Comienza, por tanto, la lucha en el campo jurídico para determinar cómo debe interpretarse y cómo debe aplicarse esta ley. Una lucha en la que no sólo intervienen los jueces y las juezas; también participan abogados y abogadas, estudiosos y estudiosas del derecho, incluso los movimientos sociales pueden jugar un papel.


Entrevista en Radio Rebelde Norte

25 febrero 2015

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El lunes 16 de febrero estuve en Radio Almenara, en el programa Radio Rebelde Norte, para hablar sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Podéis escucharlo en el siguiente link (mi intervención a partir del minuto 26).

http://www.ivoox.com/46-justicia-para-quien-audios-mp3_rf_4102004_1.html


Las «expulsiones en caliente» son derecho policial del enemigo

1 julio 2014

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El informe jurídico «“Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley» señala claramente la manifiesta ilegalidad de esta actuación. El informe es muy claro, un tanto conciso es algunos aspectos como la definición del territorio, pero fácilmente comprensible. Me parece una lectura muy recomendable.
Desde un punto de vista crítico, se puede analizar en un contexto más amplio: lo que he calificado como derecho policial del enemigo. Las peculiaridades de la actuación policial en este ámbito son:
1) Se suprimen totalmente las garantías jurídicas: la expulsión se realiza al margen de los procedimientos establecidos y se impide recurrir la decisión de expulsión, así como el ejercicio de derecho de asilo.
2) Implica la identificación clara de los extranjeros que acceden al territorio nacional de forma irregular como sujetos especialmente peligrosos, es decir, como enemigos.
3) Se utiliza una actuación ilegal, aunque derecho efectivamente practicado, como un instrumento de combate frente a la inmigración ilegal.
Por tanto, nos encontramos claramente ante un ámbito del derecho policial del enemigo.

(Por cierto, la foto es de Blasco de Avellaneda)

 

Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley


¿Ejercicio del derecho a la libertad de expresión o conducta sancionable?

23 mayo 2014

En este vídeo del periodista Jaime Alekos podemos ver cómo un grupo de activistas de Stop Desahucios de Madrid interrumpe un mitin de Carme Chacón en la campaña para las elecciones europeas en el barrio de Moratalaz, en Madrid.
La pregunta de esta entrada se plantea porque el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana establece como infracción grave «La perturbación del orden en un acto de campaña electoral, administración electoral, votación, escrutinio y recuento de votos no constitutiva de infracción penal o administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio» (artículo 35.8 del Anteproyecto). Infracción grave que implica una multa entre 1.001 a 30.000 euros (artículo 38 del Anteproyecto).
A mi juicio dicha acción está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Es cierto que produce molestias a los organizadores y asistentes del mitin pero en ningún caso impide su continuación.

El problema de todo esto es cómo se interpreta el concepto jurídico indeterminado «perturbación del orden». Ya he comentado más de una vez cuál es el “canon policial” de interpretación, con lo que es previsible que si llega a aprobarse una nueva Ley de Seguridad Ciudadana este tipo de actuaciones ciudadanas serán sancionadas.


Intervención en el Seminario de Teoría Crítica de la Universidad Carlos III de Madrid

19 mayo 2014

Hace unos días estuve en la Universidad Carlos III de Madrid, invitado por Silvina Ribotta y Carlos Lema a participar en el Seminario de Teoría Crítica. Os paso el link a la reseña que han hecho. Como veréis sigo trabajando el derecho policial del enemigo.

El link es éste:

http://seminariodeteoriacritica.blogspot.com.es/2014/05/eduardo-melero-podemos-hablar-de-un.html

 


El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: un análisis desde el punto de vista de la burorrepresión y del derecho policial del enemigo

1 febrero 2014

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En el número 121, de febrero de 2014, de mientrastantoe me han publicado este artículo en el que analizo el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. El Anteproyecto todavía no ha sido aprobado como Proyecto por el Consejo de Ministros por lo que todavía no se ha iniciado su tramitación parlamentaria.

*   *   *

El 20 de noviembre de 2013, el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Según el Ministro «El espíritu del Anteproyecto de Ley es garantizar y mejorar la convivencia de todos los españoles […]. Se trata de un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal».

En lo que sigue se analizará el texto del Anteproyecto, planteando en qué medida se pretende utilizar como un instrumento para reprimir la actividad de los movimientos sociales a través del poder sancionador de la administración, lo que se ha calificado desde el 15M como «burorrepresión», y qué relación tiene con el denominado «derecho policial del enemigo», es decir, las actuaciones policiales llevadas a cabo al margen de las garantías formales que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos.

Cinco son, en mi opinión, los elementos más problemáticos: 1) la expansión de la potestad sancionadora policial, 2) la posible limitación de los derechos de reunión y manifestación, 3) la inseguridad jurídica que se provoca a los ciudadanos que ejercen sus derechos fundamentales, 4) la ausencia de medidas para prevenir arbitrariedades policiales, y 5) el tratamiento dado a los extranjeros.

1. El Anteproyecto propone una importante ampliación del poder sancionador policial, tipificándose nuevas infracciones no establecidas anteriormente. Entre estas nuevas infracciones se pueden mencionar «La perturbación del orden en un acto de campaña electoral, administración electoral, votación, escrutinio y recuento de votos» (infracción grave), o «Las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas» (infracción grave).

Hay que destacar la amplitud e indeterminación con la que se definen las conductas sancionables: la perturbación del orden en un acto electoral, así como las ofensas y ultrajes a las instituciones, símbolos, himnos o emblemas. Entre estas ofensas y ultrajes a juicio del Ministro del Interior se encontraría la quema de banderas, una conducta que debe entenderse amparada por el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, no sancionable. Esta amplitud e indeterminación es común en muchas de las infracciones que recoge el Anteproyecto y planteará muchos conflictos con el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Algunas de estas nuevas infracciones se dirigen claramente a impedir actividades concretas que realizan determinados colectivos. Así, serán sancionables «Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales» (infracción grave). Esta norma será aplicable a las acciones que lleva a cabo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para intentar parar la ejecución de desahucios. También se sanciona el escalamiento de edificios y la precipitación o lanzamiento desde los mismos (considerada como infracción grave si se trata de edificios de organismos públicos o de interés histórico-artístico; es infracción leve en los demás casos). De esta forma se pretende impedir las acciones de protesta que lleva a cabo Greenpeace.

Las sanciones previstas, con carácter general, consisten en la imposición de multas: desde 100 hasta 1.000 euros para las infracciones leves, desde 1.001 hasta 30.000 euros para las graves, y desde 30.001 hasta 600.000 euros en caso de infracciones muy graves. Se produce así un incremento de las infracciones leves que, en la actualidad están sancionadas con multa de hasta 300,51 euros.

También se produce un desplazamiento del ius puniendi del Estado en materia de seguridad ciudadana desde el procedimiento penal, caracterizado por ser más garantista, hacia el procedimiento administrativo sancionador. Ello es resultado de la modificación del Código Penal en el que se dejan de castigar las faltas que, en la mayoría de los casos, pasan a convertirse en infracciones administrativas en el Anteproyecto. Esta es otra de las vías por las que se incrementa la potestad sancionadora policial.

Uno de los efectos perversos de esta administrativización va a ser que muchas de las sanciones impuestas no serán recurridas. Ya que resulta más barato pagar la multa que interponer un recurso contencioso administrativo, en el que además de la tasa judicial por recurrir, hay que acudir representado por abogado y procurador, y a ello se suma la posibilidad de una condena en costas. Habrá, por tanto, un espacio de la actividad sancionadora en materia de seguridad ciudadana que no será controlado por los tribunales. Se consolidará así una «inmunidad del poder», por utilizar un término clásico en nuestra doctrina administrativa. La Administración, por tanto, va a gozar de un gran margen de libertad a la hora de interpretar qué conductas pueden ser sancionadas.

2. El Anteproyecto también pretende limitar el ejercicio ciudadano de los derechos de reunión y manifestación. Así, se sanciona como infracción leve la «celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones» incumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. La norma no señala si lo que se sanciona es la convocatoria o la asistencia. La vigente Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad ciudadana sí establece claramente que en este supuesto la «responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores». Parece, por tanto, que el Anteproyecto pretende ampliar la responsabilidad a los asistentes. Es decir, en el caso de que se realice una manifestación o una concentración sin haberlo comunicado previamente, según el anteproyecto se podría sancionar tanto a los promotores como a los asistentes. Se restringe así el derecho de manifestación de los asistentes que, además, no tienen porqué saber si se ha comunicado o no la realización de la concentración. No está de más recordar que las reuniones y manifestaciones no son autorizadas por los poderes públicos; como establece el artículo 21 de la Constitución sólo han de ser comunicadas previamente.

3. El Anteproyecto no aporta ni un ápice de «seguridad jurídica» a los ciudadanos que ejerzan sus derechos fundamentales para oponerse a las políticas adoptadas por los poderes públicos. Porque no se no determina en qué casos el ejercicio de los derechos fundamentales impide que puedan ser sancionados por conductas previstas como infracciones. Como ya se ha señalado, la amplitud e indeterminación con la que se definen muchas infracciones multiplicará los conflictos con actos de los ciudadanos amparados por el ejercicio de derechos fundamentales, como son el derecho de reunión y la libertad de expresión. El Anteproyecto no pondera los distintos bienes y derechos en conflicto, dando prioridad a uno de ellos. La única vía para resolver estos conflictos establecida en la ley es la sanción administrativa. Será, por tanto, la Administración la que decidirá si una determinada conducta es sancionable o no puede serlo porque supone el ejercicio legítimo de un derecho fundamental.

Así, por ejemplo, una de las nuevas infracciones consiste en «La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos». De esta forma se van a poder sancionar protestas como las llevadas a cabo por la acampada del 0.7, el campamento de los trabajadores de Sintel o el del 15M. Incluso se podrían reprimir actividades como los referéndums ciudadanos en los que se colocan mesas en la vía pública, o los tenderetes con propaganda política. Todo ello sin tener en cuenta que estas actividades pueden estar amparadas por derechos fundamentales, como el derecho de reunión o la libertad de expresión.

4. El Anteproyecto regula con cierto detalle las actuaciones que puede llevar a cabo la policía para mantener y restablecer la seguridad ciudadana. Resulta llamativo que no se establece ninguna medida dirigida a prevenir arbitrariedades y abusos en la actuación policial. Así, se dispone que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles». No se recoge, sin embargo, la posibilidad de que se grabe la actuación de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que supondría un importante instrumento de control de la actuación policial.

Además, se establece como infracción leve «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen» (esta infracción procede de la despenalización de faltas llevada a cabo por el Código Penal). La infracción se define de una manera muy amplia. La finalidad de esta infracción es evitar que se difundan imágenes de policías. Por ejemplo, los videos de You Tube que muestran actuaciones de la policía arbitrarias o claramente desproporcionadas. La infracción se establece «sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información». La norma, sin embargo, no se preocupa por determinar en qué casos el uso de imágenes de la policía se encuentra amparado por la libertad de información y, por tanto, no puede ser sancionado. Hay que tener en cuenta que la información sobre lo que sucede en una manifestación ciudadana es información de interés general, también si se refiere a actuaciones de la policía que pueden ser arbitrarias o desproporcionadas. Será en el procedimiento sancionador donde la Administración determine qué actuaciones concretas son sancionables y cuáles quedan cubiertas por la libertad de información. Lo que busca la norma no es, por tanto, aportar seguridad jurídica a los periodistas o a los ciudadanos que han sido testigos de una actuación policial y que quieran denunciar tales hechos utilizando imágenes de la policía de forma pública. Denuncias periodísticas o ciudadanas que constituyen un imprescindible mecanismo de control de la actuación de los poderes públicos y que, en mi opinión, deberían favorecerse en una sociedad democrática avanzada. Al contrario, el anteproyecto pretende apuntalar la impunidad policial, al dificultar que se hagan públicas imágenes de las actuaciones policiales.

No nos encontramos únicamente ante un ámbito amparado por la libertad de información, sino que también pude verse afectado el derecho de defensa de los ciudadanos, tanto en su dimensión judicial como administrativa. Conviene recordar que las declaraciones de los miembros de la policía tienen presunción de veracidad, aunque cabe prueba en contra. Precisamente una de las pruebas que podrían utilizar los ciudadanos sobre los que se abra un procedimiento sancionador, o penal en su caso, serán las imágenes que se hayan difundido públicamente sobre determinadas actuaciones policiales.

Tampoco se plantea el Anteproyecto poner fin a actuaciones que pueden calificarse como «derecho policial del enemigo»: la realización de interrogatorios en comisarías por policías encapuchados o la práctica de no portar la preceptiva identificación policial.

5. Un apartado especial se merece el tratamiento de los extranjeros, tanto en lo que respecta a las identificaciones policiales como a las sanciones que se establecen. Es un hecho comprobado que la policía realiza identificaciones indiscriminadas a los extranjeros basándose únicamente en su aspecto. Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2012, en ese año se realizaron casi ocho millones de identificaciones (la cifra exacta es 7.958.526). El Anuario no aporta datos sobre cuántas identificaciones se hicieron a ciudadanos españoles y cuántas a extranjeros; seguramente un porcentaje muy elevado corresponde a éstos últimos. El Anteproyecto prevé que en la identificación de personas se respetará, entre otros, el principio de no discriminación por razón de origen racial o étnico. Está por ver si ese principio recogido en el derecho normado se convierte después en derecho practicado, poniéndose fin a las identificaciones policiales con perfil racial.

El Anteproyecto prevé la sanción de «Expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros sin la correspondiente autorización o permiso de residencia en España y hubieran incurrido en una infracción grave o muy grave». Pero además establece que los extranjeros que cometan infracciones graves o muy graves pueden ser sancionados con la «Pérdida de la posibilidad de obtener permisos de residencia y trabajo». Ésta es una medida de exclusión, que condena a los extranjeros a una condición perpetua de inmigrante irregular, ya que la norma no establece ningún límite de tiempo al respecto. Esta condena a la irregularidad permanente colocará a estas personas en una posición de mayor indefensión frente a abusos laborales y de todo tipo. Se trata de una medida de «derecho policial del enemigo», que establece unas sanciones diferentes para las personas inmigrantes que para el resto de ciudadanos. La especialidad de esta sanción no obedece a una diferente naturaleza de la infracción cometida, sino únicamente a la condición personal de los infractores. En última instancia, se está identificando a los extranjeros como una amenaza en sí misma; no son tratados como ciudadanos, sino como enemigos. Hay que tener en cuenta que la comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años supone la realización de una infracción grave. O que, como ya se ha señalado, la participación en una acción para evitar un desahucio podría ser considerada por la Administración como una infracción grave.

En conclusión, es evidente que dos de los fines implícitos del Anteproyecto son reducir el ámbito de actuación en el que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos fundamentales, así como controlar el descontento social creciente y las acciones ciudadanas de protesta. El principal instrumento para ello será el ejercicio de la potestad sancionadora como instrumento de represión burocrática. No sólo no se pone límite al derecho policial del enemigo, sino que se consagra expresamente en relación con las personas inmigrantes. En definitiva, el Anteproyecto supone un giro autoritario de la normativa sobre seguridad ciudadana.