Comentario a la Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la LOPSC

19 octubre 2018

La Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, dicta unos criterios interpretativos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC) sobre: los registros corporales externos (artículo 20 LOPSC); la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes (artículo 36.6 LOPSC); el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23 LOPSC); y las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4 LOPSC).

Leyendo entre líneas la instrucción, considero que se pone de manifiesto que la policía está aplicando la LOPSC de una forma que no está garantizando los derechos de los ciudadanos en la aplicación de la norma. El artículo 4.2 LOPSC establece expresamente que «las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga». En la práctica parece que hay una tendencia clara a interpretar la LOPSC de aquella manera que resulta menos favorable a los derechos de las personas (este vendría a ser el auténtico «canon policial de interpretación»).

En este sentido, se señala en la instrucción primera que la finalidad es «reforzar las garantías que deben acompañar a las actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana». Para ello se establece que «todos los documentos que ordenen los servicios, tales como minutas o papeletas de servicio, deberán contener tanto su fundamentación legal, con expresión del precepto de la LOPSC u otra norma que se avale, como la referencia expresa a las circunstancias operativas que motiven las actuaciones correspondientes». No cabe duda de que este es un elemento positivo.

 

Registros corporales (art. 20 LOPSC)

 

En relación con los registros corporales, se establece que «se dejará en todo caso constancia escrita de su motivación, de la identidad del agente que la adoptó y de las incidencias acaecidas, en las minutas o papeletas de servicio que entregarán a sus superiores a la finalización de los correspondientes servicios». Esta afirmación podría considerarse un indicio de que se están realizando registros corporales sin motivación o con una motivación inadecuada.

 

Desobediencia o resistencia a la autoridad (artículo 36.6 LOPSC)

 

Sobre esta cuestión, la instrucción recoge la definición jurisprudencial de la desobediencia o resistencia a la autoridad cuando no constituye delito: «una acción u omisión que constituya una negativa implícita o expresa a cumplir una orden legítima, usando oposición corporal o fuerza física ante el desarrollo de las competencias de la autoridad o sus agentes». Este es un elemento positivo, ante la ausencia de definición legal de la desobediencia y la resistencia a la autoridad en el artículo 36.6 LOPSC.

La instrucción continúa afirmando que «debe entenderse que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no pueden constituir una infracción del artículo 36.6, si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por los agentes actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones». De esta manera se reconoce implícitamente que se están sancionando desobediencias leves o primeras negativas al cumplimiento de órdenes.

Hay que tener en cuenta que entre 2015 y 2017 se han impuesto 29.438 sanciones por la infracción definida en el artículo 36.6 LOPSC. Este precepto no sólo se refiere a la desobediencia o resistencia a la autoridad, cuando no sean constitutivas de delito; sino que también incluye «la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Sería interesante conocer cuántas de estas sanciones consistieron en una leve o primera negativa al cumplimiento de una orden.

 

Uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23 LOPSC)

 

Sobre el uso de imágenes, según la instrucción «No constituye infracción la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes si ello no representa un riesgo o peligro para ellos, sus familias, las instalaciones o las operaciones policiales». Porque la infracción definida en el artículo 36.23 LOPSC se refiere al uso no autorizado de imágenes o datos. Como señala la instrucción: «Para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes o los datos personales o profesionales de los agentes, las instalaciones que protegen o las operaciones policiales, y que ese uso ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o del éxito de la operación».

Por tanto, parece desprenderse que se están imponiendo sanciones por el mero hecho de tomar imágenes de los agentes de la policía. Sobre esta infracción no se han impuesto demasiadas sanciones: 85 entre 2015 y 2017.

La instrucción reconoce «la posibilidad de identificar a la persona que haya tomado las imágenes, al objeto de proceder, en su caso, al ejercicio de las actuaciones oportunas para salvaguardar los derechos de los actuantes, o a su sanción administrativa o penal si se hiciese un ulterior uso irregular de los datos o imágenes en el sentido expuesto».

Esta posibilidad de identificación preventiva parece ir más allá de la regulación establecida en el artículo 16.1 LOPSC. Según este artículo, la identificación policial de personas sólo puede llevarse a cabo en dos supuestos: a) «Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción» y b) «Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito». Si tomar imágenes no supone una infracción administrativa, difícilmente va a estar justificada la identificación por la hipotética comisión de una infracción en el futuro por el uso de las imágenes tomadas.

 

Faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4 LOPSC)

 

Según la instrucción, únicamente serían sancionables «aquellas conductas o expresiones dirigidas a los agentes que trasgredan o atenten públicamente contra el derecho de todas las personas a recibir un trato respetuoso, digno y adecuado por parte de los demás, constituyendo actos humillantes, despectivos u ofensivos, no sólo para su persona sino para la institución que representan».

Aunque no es tan clara en este aspecto la instrucción, creo que también se pone de manifiesto que se está aplicando esta infracción desproporcionadamente. Entre 2015 y 2017 se impusieron 43.749 sanciones por faltas de respeto y consideración a la policía.

En cualquier caso, se ha perdido la oportunidad de adecuar la aplicación de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. Para el TEDH son legítimos los insultos a la policía que se formulan en el contexto de una crítica sobre asuntos de interés público, cuando las ofensas no se dirijan contra policías concretos sino frente a la institución en general; señalando expresamente que la policía debe mantener un alto grado de tolerancia a los discursos ofensivos (véase la Sentencia del 28 de agosto de 2018 -asunto Savva Terentyev v. Rusia).

 

La ausencia de menciones sobre las identificaciones policiales

 

Resulta sorprendente que la instrucción no considere necesario regular ningún aspecto de las identificaciones policiales. En especial sobre las identificaciones policiales con perfil racial o étnico.

Sobre las identificaciones policiales parece haber una política de opacidad. Prueba de ello es el hecho de que desde 2016 las Memorias Anuales del Ministerio del Interior han dejado de recoger los datos estadísticos de las identificaciones policiales. Y eso que es una actuación muy generalizada: se venían realizando unos 8 millones de identificaciones al año.

 

Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad

 

Anuncios

Las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla: una actuación ilegal que convierte a los inmigrantes irregulares en personas sin derechos

16 abril 2018

185505-600-338

Publicado previamente en el blog “La conquista del derecho” en El Salto diario.

 

Uno de los objetivos de la política migratoria y de la legislación de extranjería españolas es impedir la entrada en el territorio nacional de aquellos inmigrantes que no cumplen los requisitos legales, o expulsarlos en caso de que hayan conseguido la entrada.

Hasta abril de 2015, la legislación de extranjería establecía tres procedimientos distintos para lograr ese objetivo: la denegación de entrada, la devolución y la expulsión. La denegación de entrada se aplica cuando una persona extranjera pretende entrar en territorio español por un puesto fronterizo sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. Estos requisitos son: entrar por un puesto habilitado, poseer un documento que acredite la identidad, justificar el objeto y condiciones de viaje, acreditar medios de vida suficiente y, en su caso, disponer de visado. Si no concurre alguno de estos requisitos, se ordena el retorno del extranjero a su lugar de procedencia. La devolución se aplica en dos supuestos: 1) cuando un extranjero que ha sido expulsado previamente contraviene la prohibición de entrada en España, y 2) cuando un extranjero pretende entrar ilegalmente en territorio nacional y es interceptado en la frontera o en sus inmediaciones. Por último, la expulsión consiste en una sanción administrativa que se aplica cuando una persona se encuentra irregularmente en territorio español. En este caso, la legislación española prevé como regla general una sanción económica (entre 500 y 10.000 euros) que podrá sustituirse en los casos más graves por la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 23 de abril de 2015, ha establecido que la única sanción posible en casos de estancia irregular es la expulsión del territorio nacional. Tanto la denegación de entrada, como la devolución y la expulsión se llevan a cabo una vez realizados distintos trámites procedimentales y permitiendo interponer contra las decisiones adoptadas los recursos pertinentes.

Al margen de estos procedimientos, las autoridades españolas han llevado a cabo las conocidas como expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla. Estas expulsiones se llevan realizando, al menos, desde 2005, sin que ninguna norma las haya regulado hasta el año 2015. Las expulsiones en caliente consisten en la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de aquellos inmigrantes que no han superado las tres vallas que integran el dispositivo fronterizo español. Se realiza sin ningún trámite procedimental, impidiendo tanto la presentación de recursos como la solicitud de asilo o protección internacional en España.

El Gobierno español ha justificado las expulsiones en caliente en una peculiar interpretación de la legislación: el «concepto operativo de frontera». Según esta interpretación, mientras los inmigrantes no superen las tres vallas que conforman la línea fronteriza no han entrado en territorio español y, por tanto, no resulta aplicable la legislación de extranjería ni cualquier norma o tratado internacional vigente en España. Por tanto, se les puede entregar sin más a las autoridades marroquíes. En aquellos lugares, como en la zona de El Tarajal en Ceuta, en los que la valla fronteriza llega hasta la playa y la zona de agua marina, se entiende que la entrada en territorio nacional no se produce hasta que se supera la línea formada por los agentes de la autoridad que intentan rechazar a los inmigrantes.

El concepto operativo de frontera no tiene base legal. Las tres vallas que integran la línea fronteriza se encuentran íntegramente en territorio español. Además, el concepto operativo de frontera contradice la delimitación territorial entre España y Marruecos, regulada en distintos acuerdos internacionales bilaterales.

En abril de 2015, entró en vigor la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social (una modificación que introdujo la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Esta disposición pretende otorgar cobertura legal a las expulsiones en caliente, al establecer un régimen especial para Ceuta y Melilla en el que se permite rechazar a los extranjeros que intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera.

Esta disposición no pone fin a la grave vulneración de los derechos de los inmigrantes. Las expulsiones en caliente son contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva ya que les impiden materialmente interponer cualquier recurso. Y, además, vulneran el derecho de asilo y a la protección subsidiaria ya que no tienen oportunidad de presentar una solicitud de protección ni de que se valore cuál es su situación personal.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 3 de octubre de 2017 (asunto N.D. y N.T. contra España) ha considerado que las expulsiones en caliente son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo no tiene en cuenta el concepto operativo de frontera, sino que considera que los inmigrantes se encuentran bajo control efectivo de las autoridades españolas y, por tanto, resulta aplicable el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal considera que las autoridades españolas han vulnerado dos elementos del Convenio: la prohibición de expulsiones colectivas, ya que no se ha realizado un análisis de las circunstancias individuales de las personas, y el derecho a presentar un recurso efectivo. Esta sentencia ha sido recurrida por el Gobierno español y parece que continúa la práctica de las expulsiones en caliente (al menos eso parece desprenderse de la contestación del Gobierno a una pregunta parlamentaria).

Con las expulsiones en caliente el Gobierno español quiere mandar un claro mensaje a las personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera: que va a impedir su entrada en territorio nacional a toda costa. Aunque sea vulnerando elementos esenciales del Estado de derecho, estableciendo un espacio ajurídico en las líneas fronterizas de Ceuta y Melilla y convirtiendo a los inmigrantes que pretenden entrar en España en sujetos sin derechos.

 

Para un análisis en profundidad de los problemas jurídicos que se plantean, sugiero la lectura de mi trabajo «El retorno en frontera en Ceuta y Melilla (o las “expulsiones en caliente”): un supuesto de derecho administrativo del enemigo», publicado en el número 174 de la Revista Española de Derecho Administrativo (octubre-diciembre de 2015), páginas 401 a 433.

 


Notas para una charla sobre la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana)

13 octubre 2015

fontdevila-leymordaza

1 CONTEXTO GENERAL

1.1. La finalidad principal de la ley es reprimir las nuevas formas de protesta social

Durante la tramitación parlamentaria de la ley han limado los aspectos más escandalosos de la norma.

En mi opinión, la política que hay detrás de la ley es reprimir determinadas formas de protesta social. Sobre todo, si se tienen en cuenta las infracciones que establece.

1.2. Expansión del poder sancionador de la Administración

Se ha producido un desplazamiento del poder sancionador del Estado en materia de seguridad ciudadana: desde el procedimiento penal (más garantista) hacia el procedimiento administrativo sancionador.

  • En el procedimiento administrativo sancionador; las declaraciones de los policías tienen valor probatorio (artículo 52).
  • Las conductas sancionables se definen con un gran margen de indeterminación: será la Administración quien lo interpretará en primer lugar.
  • Esto implica un importante grado de inseguridad jurídica para los ciudadanos.
  • Derecho administrativo sancionador: puede ser utilizado de forma arbitraria por la Administración.

1.3. Distinguir entre derecho normado y derecho practicado

 

Una cosa es lo que dice la ley y otra cómo se aplica.

Esta ley se va a aplicar, en primer lugar, por la policía. Y por los Delegados del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Infracciones previstas: permiten un amplio margen de apreciación y, al mismo tiempo, suelen incluir elementos limitadores.

Habrá que estar a cómo se aplica por la policía. Teniendo en cuenta que habitualmente se utiliza el “canon policial de interpretación”: se interpreta la norma de aquella manera más limita los derechos y garantías de los ciudadanos.

Regla de interpretación del artículo 4.1: «las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga».

 

1.4. La ley no establece ningún mecanismo de protección de los ciudadanos frente a actuaciones arbitrarias o ilegales de la policía

 

A pesar del importante margen de apreciación que reconoce a la policía, la ley no establece ningún mecanismo para proteger a los ciudadanos frente a actuaciones arbitrarias de la policía.

 

  1. Sanciones más destacables

 

2.1. Manifestaciones no comunicadas (15M – escraches PAH)

 

15M: se ha caracterizado por llevar a cabo manifestaciones no comunicadas previamente.

Los escraches también se podrían incluir en este supuesto.

Dos infracciones:

[1] Regla general: «La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983» (artículo 37.1; infracción leve, de 100 a 600 €).

Esta será la infracción que se aplicará en la mayoría de los casos.

[2] Supuesto agravado: «Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones» (artículo 35.1, infracción muy grave: 30.000-600.000 €).

Se tiene que haber generado un riesgo para la vida o integridad física de las personas.

Responsables: los organizadores o promotores.

 

Problema: la ley establece de forma muy amplia quiénes se consideran organizadores o promotores de las manifestaciones no comunicadas (artículo 30.3):

«quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas».

 

2.2. Acciones contra desahucios (PAH)

 

«Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito» (artículo 36.4; infracción grave, de 601 a 30.000 €).

No es necesario que se impida realmente el desahucio, basta la intención de impedirlo (no es una infracción de resultado, sino de intención).

2.3. Ocupaciones de inmuebles (PAH)

 

«La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de delito» (artículo 37.7; infracción leve, de 100 a 600 €).

 

2.4. Acciones simbólicas de protesta (Greenpeace)

 

[1] Supuesto general: «El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes» (artículo 37.14; infracción leve, de 100 a 600 €).

Hay un elemento limitador.

[2] Supuesto agravado: «La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo» (artículo 36.9; infracción muy grave, de 30.001 a 600.000 €).

Elemento limitador: cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.

2.4. Manifestaciones frente al parlamento (15M – Rodea el Congreso)

 

«La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas» (artículo 36.2, infracción muy grave, de 30.001 a 600.000 €)

Destacable: no se requiere que estén reunidas las Cortes (elemento simbólico).

Elemento limitador: ha de producirse una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Si no concurre esta perturbación grave, se aplicará la sanción general por reunión o manifestación ilegal (infracción leve: de 100 a 600 €).

2.5. Tomar imágenes de la policía

 

«El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información» (artículo 36.23; infracción grave de 601 a 30.000 €).

No se sanciona la difusión de imágenes o datos personales de los policías por sí sólo. Debe concurrir un riesgo para la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones o el éxito de la operación (límite).

Es una falta de peligro, no de resultado: no es necesario que se produzca el daño.

 

Política de garantizar la impunidad de actuaciones policiales arbitrarias y contrarias a la ley (identificación de los policías).

 

2.6. Expulsiones en caliente

 

Regulación: disposición final primera (incluye una nueva disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000).

Establece una régimen especial para Ceuta y Melilla.

«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Finalidad: legalizar las expulsiones en caliente.

Es, a mi juicio, el supuesto más grave: es derecho administrativo del enemigo, se utiliza el derecho como un instrumento de combate contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla.

Se produce una eliminación de raíz de los derechos y garantías de los extranjeros, para expulsarles del territorio nacional al margen de los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería.

2.7. Sin techo

«Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal» (artículo 37.13; infracción leve, de 100 a 600 €).

Podría aplicarse a las personas que duermen en la calle. Especialmente, a través del concepto de deslucimiento.

Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos, a través de ordenanzas, pueden especificaciones o graduaciones en las infracciones y sanciones tipificadas en la ley (artículo 32.3). Muchas Ordenanzas de convivencia prohíben dormir en la calle.

 

2.8. Sanciones “escoba”

 

[1] «Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal» (artículo 37.4; infracción leve, de 100 a 600 €).

[2] «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito» (artículo 36.6; infracción grave, de 601 a 30.000 €).

Tanto la desobedicencia/resistencia a la autoridad como las faltas de respeto y consideración son tan indeterminadas (tan flexibles) que pueden ser utilizadas en cualquiera de los casos mencionados anteriormente.

Servirían así como una especie de “infracción escoba”, aplicable cuando no se pudiera aplicar otra infracción.

Se aplicará la sanción mayor, si un mismo hecho es sancionable por más de una infracción (artículo 31)


La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana y la difusión de imágenes de policías

28 marzo 2015

La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana tipifica como infracción grave «El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información» (artículo 36.26). Como infracción grave, la sanción que le corresponde es una multa entre 601 y 30.000 euros (artículo 39.1).

Hay que señalar que se ha “depurado” bastante el contenido de esta infracción. El Anteproyecto recogía una infracción mucho más amplia, ya que se sancionaba «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación, sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información». De esta manera se han pulido los problemas de inseguridad jurídica y la posible vulneración del contenido del derecho a la libertad de información.

En sentido literal, el artículo 36.26 no sanciona cualquier difusión de imágenes o datos de policías, sino únicamente cuando dicha difusión pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes o el éxito de la operación. Prima así el ejercicio del derecho a la libertad de información, protegido por el artículo 20 de la Constitución.

Según este artículo, sería sancionable, por ejemplo, la difusión de la imagen de un policía acompañada de su nombre y los datos de su domicilio. Algo que, en mi opinión, es razonable: en este caso se otorga prioridad a la seguridad personal y familiar del policía frente al derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información. Sin embargo, a mi juicio, no sería sancionable la difusión de vídeos o imágenes que muestren actuaciones arbitrarias o desproporcionadas por parte de la policía (como en los vídeos de Juan Carlos Mohr, Javier Romero y Alicia Armesto, y Jaime Alekos que ilustran esta entrada). La difusión de estas imágenes no es más que el ejercicio del derecho a la libertad de información. Y también puede estar cubierta por el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a criticar la actuación de las autoridades públicas. Este artículo tampoco prohíbe tomar imágenes de actuaciones policiales.

Por todo esto, considero que la imposición de sanciones administrativas por el mero hecho de difundir imágenes de la policía es ilegal, es contraria a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Siempre que no se ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los policías o se ponga en riesgo el éxito de una operación (esto último es algo que difícilmente concurrirá si las imágenes se difunden una vez concluida la actuación policial).

Hasta ahora, he señalado la interpretación que me parece razonable del artículo 36.26, interpretación compatible con el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información. Habrá que ver de qué manera va a interpretar esta sanción la policía. Ahí es donde, a mi juicio, se encuentran los problemas: en el derecho practicado más que en el derecho normado. Alguna vez me he referido al «canon policial de interpretación»: optar por aquella interpretación que minimiza los derechos de los ciudadanos. Mi impresión es que la actuación policial se va a situar entre ese canon policial de interpretación y la imposición de sanciones ilegales (como una variante más del derecho policial del enemigo). Una buena pista nos la ofrece la denuncia por falta de vejación injusta a la periodista Alicia Armesto.

Una de las tareas que habrá que realizar a partir de ahora es documentar de qué forma se está aplicando la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Para saber cómo se está ejerciendo esta potestad sancionadora. Comienza, por tanto, la lucha en el campo jurídico para determinar cómo debe interpretarse y cómo debe aplicarse esta ley. Una lucha en la que no sólo intervienen los jueces y las juezas; también participan abogados y abogadas, estudiosos y estudiosas del derecho, incluso los movimientos sociales pueden jugar un papel.


Entrevista en Radio Rebelde Norte

25 febrero 2015

radio rebelde norte1

El lunes 16 de febrero estuve en Radio Almenara, en el programa Radio Rebelde Norte, para hablar sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Podéis escucharlo en el siguiente link (mi intervención a partir del minuto 26).

http://www.ivoox.com/46-justicia-para-quien-audios-mp3_rf_4102004_1.html


Las «expulsiones en caliente» son derecho policial del enemigo

1 julio 2014

Blasco-Avellaneda_EDIIMA20140425_0222_19

 

El informe jurídico «“Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley» señala claramente la manifiesta ilegalidad de esta actuación. El informe es muy claro, un tanto conciso es algunos aspectos como la definición del territorio, pero fácilmente comprensible. Me parece una lectura muy recomendable.
Desde un punto de vista crítico, se puede analizar en un contexto más amplio: lo que he calificado como derecho policial del enemigo. Las peculiaridades de la actuación policial en este ámbito son:
1) Se suprimen totalmente las garantías jurídicas: la expulsión se realiza al margen de los procedimientos establecidos y se impide recurrir la decisión de expulsión, así como el ejercicio de derecho de asilo.
2) Implica la identificación clara de los extranjeros que acceden al territorio nacional de forma irregular como sujetos especialmente peligrosos, es decir, como enemigos.
3) Se utiliza una actuación ilegal, aunque derecho efectivamente practicado, como un instrumento de combate frente a la inmigración ilegal.
Por tanto, nos encontramos claramente ante un ámbito del derecho policial del enemigo.

(Por cierto, la foto es de Blasco de Avellaneda)

 

Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley


¿Ejercicio del derecho a la libertad de expresión o conducta sancionable?

23 mayo 2014

En este vídeo del periodista Jaime Alekos podemos ver cómo un grupo de activistas de Stop Desahucios de Madrid interrumpe un mitin de Carme Chacón en la campaña para las elecciones europeas en el barrio de Moratalaz, en Madrid.
La pregunta de esta entrada se plantea porque el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana establece como infracción grave «La perturbación del orden en un acto de campaña electoral, administración electoral, votación, escrutinio y recuento de votos no constitutiva de infracción penal o administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio» (artículo 35.8 del Anteproyecto). Infracción grave que implica una multa entre 1.001 a 30.000 euros (artículo 38 del Anteproyecto).
A mi juicio dicha acción está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Es cierto que produce molestias a los organizadores y asistentes del mitin pero en ningún caso impide su continuación.

El problema de todo esto es cómo se interpreta el concepto jurídico indeterminado «perturbación del orden». Ya he comentado más de una vez cuál es el “canon policial” de interpretación, con lo que es previsible que si llega a aprobarse una nueva Ley de Seguridad Ciudadana este tipo de actuaciones ciudadanas serán sancionadas.