Un pensamiento de Juan Ramón Capella sobre los obstáculos ideológicos a los que se enfrentan los intelectuales de izquierdas

10 marzo 2017

En el número 39 de la revista Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, Manuel Atienza entrevista a Juan Ramón Capella. Una de la preguntas que le formula es: «Aunque parezca una boutade: ¿por qué quienes pretenden ser críticos, no siempre consiguen serlo? ¿Cuál crees que es el principal obstáculo epistemológico o ideológico al que se enfrenta hoy un intelectual de izquierdas?».

A lo que responde Juan Ramón Capella: «¿El principal obstáculo ideológico de un intelectual de izquierdas? Veo principalmente dos: uno, atenerse solo a lo pequeño, dominable (por ejemplo, eso de analizar los cambios del capitalismo, propiedad y control, la lex mercatoria, los nuevos lobbys, la función de los bufetes de ingeniería jurídica, la responsabilidad por daños…), lo cual es en sí mismo correcto, pero perder de vista lo grande, desconectar de los grandes problemas, como si su «vetustez» los hiciera cosa del pasado —cuando en cambio esos problemas persisten y aparecen otros nuevos—. El segundo obstáculo: que la ideología propia modele la percepción de la realidad y de ese modo, como toda ideología, vele los ojos al conocimiento verdadero.».

 


Una recomendación de Gramsci: más estudio y menos tertulias políticas

23 noviembre 2014

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En estos tiempos de tanta tertulia política, con las que he perdido tanto tiempo, creo que es conveniente buscar orientación en las palabras que Antonio Gramsci escribió criticando el libro de Bujarin: La teoría del materialismo histórico. Manual popular de sociología marxista:

 

«…las referencias a los grandes intelectuales son fugacísimas. Se plantea la cuestión de si no sería conveniente, al contrario, referirse tan sólo a los grandes intelectuales adversarios y dejar de lado los secundarios, los simples repetidores de frases hechas. Se tiene la impresión de que sólo se quiere combatir a los más débiles y luchar contra las posiciones menos sólidas (o peor defendidas por los más débiles) para obtener fáciles victorias verbales (puesto que no se puede hablar de victorias reales). No quiere decirse que exista semejanza entre el frente ideológico y el frente político-militar (en todo caso, la semejanza es formal y metafórica). En la lucha política y militar puede convenir la táctica de atacar los puntos de menor resistencia para poder asaltar el punto más fuerte con el máximo de fuerzas disponibles, después de haber eliminado los auxiliares más débiles, etc. Dentro de ciertos límites, las victorias políticas y militares tienen un valor permanente y universal y el objetivo estratégico se puede alcanzar de modo decisivo con efectos generales para todos. En cambio, en el frente ideológico la derrota de los secuaces menores tiene una repercusión insignificante; hay que luchar contra los más eminentes. De otro modo, se confunde el periódico con el libro, la pequeña polémica cotidiana con la labor científica; hay que abandonar los secuaces menores a la infinita casuística de la polémica periodística.

Una ciencia nueva alcanza la prueba de su eficiencia y de su vitalidad fecunda cuando demuestra que sabe enfrentarse con los grandes campeones de la tendencias opuestas, cuando resuelve con medios propios las cuestiones vitales que éstos han planteado o demuestra perentoriamente que estas cuestiones son problemas falsos».

 

La cita corresponde al libro La política y el Estado moderno. A mí me parece perfectamente trasladable a la investigación jurídica. Mientras tanto, voy a intentar dejar de ver las tertulias y aprovechar ese rato para leer.


Un pensamiento de Boaventura de Sousa Santos sobre la objetividad y la neutralidad

29 enero 2014

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En su libro Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Volumen I. Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, Boaventura de Sousa Santos plantea la siguiente idea:

«Las ciencias sociales críticas tienen, pues, que refundar una de las reivindicaciones originales de la teoría crítica moderna: la distinción entre objetividad y neutralidad. La objetividad resulta de la aplicación rigurosa y honesta de los métodos de investigación que nos permitan hacer análisis que no se reduzcan a la reproducción anticipada de las preferencias ideológicas de aquellos que las llevan a cabo. La objetividad resulta también de la aplicación sistemática de métodos que permitan identificar los presupuestos, los preconceptos, los valores y los intereses que subyacen a la investigación científica, supuestamente desprovista de ellos […]. Ni la objetividad ni la neutralidad son posibles en términos absolutos. La actitud del científico social crítico debe ser la que se orienta a maximizar la objetividad y a minimizar la neutralidad».

En este párrafo Boaventura de Sousa Santos muestra claramente que la objetividad en el estudio y el compromiso político no tienen porqué estar reñidos. No hay porqué tener complejos por mantener una postura crítica, ni renunciar a ella en pos de una pretendida objetividad. Un buen jurista crítico debe mantener criterios de objetividad, pero esos criterios no tienen porqué ser exclusivamente los que mantiene la dogmática dominante. Una dogmática cuyas categorías, aunque se pretendan presentar como neutrales, no lo son en realidad en muchos casos. No hay porqué pretender ser neutrales frente a este mundo de injusticias, injusticias que tienen también su dimensión jurídica.


La relación Estado y sociedad

26 octubre 2013

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Uno de los tópicos recurrentes en los análisis del derecho administrativo es la relación entre el Estado y la sociedad. Así, por ejemplo, José Esteve Pardo, comienza la introducción de su libro La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis afirmando: «Desde hace un tiempo tengo la intuición de que en la relación entre Estado y sociedad –a través de sus diversas correlaciones sucedidas en la historia– se encuentra una esclarecedora clave para entender relevantes aspectos de la cultura europea en los tres últimos siglos».

En mi opinión, esta dicotomía plantea una forma de ver la realidad muy insuficiente, ya que oculta importantes aspectos de ella (también tengo que confesar que ya también he utilizado dicha dicotomía).

Tanto el Estado como la sociedad son entidades complejas. El poder estatal no es un poder monolítico. Existen poderes públicos infraestatales y supraestatales, como es el caso de la Unión Europea. La sociedad está formada por individuos, pero también por toda una maraña de personas jurídicas: empresas, sindicatos, movimientos sociales… lo que pone de manifiesto la pluralidad de intereses existentes dentro de la sociedad.

En muchas ocasiones se utiliza la palabra sociedad como un término eufemístico, para no mencionar a las empresas. Así, cuando se señala que los procesos de privatización han devuelto los servicios públicos al ámbito de la sociedad, lo que se debería decir es que se han entregado a las empresas privadas (en algunos casos, como en las telecomunicaciones, debería puntualizarse que se han entregado a los oligopolios privados). Es destacable cómo en este uso de la palabra sociedad no aparecen por ningún lado l@s ciudadan@s.

La dicotomía Estado – sociedad oculta que el enorme incremento de poder de algunos sujetos privados se ha debido a decisiones concretas del poder público. La financiarización de la economía ha sido, en gran medida, el resultado de las políticas públicas; como la eliminación en Estados Unidos de obligación de separación entre la banca de depósitos y la banca de inversiones (podéis ver en relación con esto la película Inside Job, totalmente recomendable, por cierto), o la libre circulación de capitales. Los Estados han favorecido, o cuando menos facilitado, la globalización neoliberal.

La dicotomía Estado – sociedad oculta así que los enormes poderes privados surgen como resultado del proyecto político neoliberal, dominante desde hace más de treinta años. Neutraliza todo este proceso. También oculta las formas en que los intereses privados están parasitando lo público.


Las «leyes fundamentales» de la indeterminación jurídica

7 octubre 2013

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Con objeto de elevar la categoría epistemológica de la dogmática jurídica a una altura similar, o incluso superior, a la de las ciencias naturales me atrevo a formular las siguientes «leyes fundamentales» de la indeterminación jurídica. Siguiendo así la senda marcada por el maestro Carlo M. Cippolla en su tratado sobre «Las leyes fundamentales de la estupidez humana».

Las leyes fundamentales de la indeterminación jurídica son:

1.     El derecho es de goma.

2.     Normalmente la goma sólo se estira por el lado del poder (sea éste público o privado)

3.     Si el poder no puede seguir estirando porque si no se rompe la goma, siempre podrá jugar a la comba con ella.

Los resultados que se obtengan en futuras investigaciones sobre el desarrollo de estas leyes fundamentales se ofrecerán en primicia a las lectoras y lectores de este blog.


Recomendación de lectura: «Después de la crisis» de Josep Fontana

24 septiembre 2013

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En este texto, que recoge una conferencia reciente, el historiador Josep Fontana considera que se está produciendo un cambio en las reglas que rigen el mundo. Un cambio que tiene vocación de quedarse en el tiempo y que va a suponer un considerable incremento de la desigualdad.

Las ideas fundamentales del texto se resumen en el siguiente párrafo:

«Lo que he querido explicar es que estamos entrando en un período que nos amenaza con la consolidación de una desigualdad creciente, con la degradación y la pauperización del trabajo asalariado y con la destrucción de los servicios sociales que nos proporcionaba el estado de bienestar, lo que traerá consigo, con toda seguridad, el empobrecimiento global de la mayoría. He querido explicar también que esa evolución no es el fruto inevitable de causas fatales e invencibles –de la “globalización”, la evolución tecnológica” u otras por el estilo–, sino de una política concebida para lograr el enriquecimiento de algunos a costa de la mayoría. Esa política ha llevado a la destrucción de algunas de las herramientas defensivas que solían utilizarse antes –como la capacidad de negociación de los trabajadores– y ha terminado por corromper la democracia parlamentaria».

Las graves consecuencias sociales que estamos sufriendo son, por tanto, el resultado querido por una opción política (una tesis que también sostiene Joseph Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad). Se está desarrollando una opción política orientada hacia la desigualdad, que se pone en práctica a través de un conjunto de decisiones jurídicas. Tenemos así elementos para cuestionar el tópico de que el derecho tiene como finalidad intrínseca alcanzar la justicia. La realidad nos muestra que, más bien, se orienta a apuntalar la injusticia.

Josep FONTANA: Después de la crisis


El derecho es de goma

23 enero 2013

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Recojo aquí algo que acabo de escribir para un foro de discusión con mis estudiantes en la asignatura Régimen jurídico de la actuación administrativa.

*  *  *

Mi punto de partida es que el derecho es un instrumento muy maleable, está hecho de goma por buscar una imagen. No sólo está formado por conceptos indeterminados, además hay elementos contradictorios en su seno (por ejemplo el Estado de derecho y el Estado social y los principios y normas que hay detrás de cada uno de ellos), se producen constantes conflictos entre derechos o entre normas,… El derecho es de goma porque permite a los aplicadores del derecho un amplio margen de interpretación. Incluso cuando las normas son claras siempre es posible modular su aplicación con base en algún principio jurídico o algún derecho o alegar a la realidad social en que las normas han de ser interpretadas. Eso sí, aunque considero que el derecho es de goma, reconozco que hay interpretaciones que no son posibles en nuestro ordenamiento jurídico. Si una goma se estira demasiado al final acaba rompiéndose. Y eso es lo que sucede con algunas interpretaciones, que no caben en el ordenamiento jurídico.

Si los intérpretes tienen tanto margen porque el derecho es de goma, hay que plantearse entonces qué elementos se tienen en cuenta en la interpretación, reconociendo la importancia de los juicios de valor al respecto. Juicios de valor que, en mi opinión, no se limitan a los valores reconocidos de forma expresa en nuestra Constitución y en el ordenamiento jurídico, sino que también incluyen las convicciones político morales de los intérpretes. Esto es algo que la doctrina lleva ocultando durante casi doscientos años, que propone como imagen ideal que los juristas deben ser neutrales, como los jueces. Yo no me lo creo, me parece que esa imagen ideal sirve para aproblematizar el trabajo de los juristas. El problema es entonces asumir la flexibilidad del derecho y hacer explícito el papel político que ejercen los juristas cuando interpretan las normas.


Desarrollo sostenible y deuda ecológica

23 abril 2012

El desarrollo sostenible se define como aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades.

Desde el punto de vista jurídico, es uno de los principios que configuran el derecho ambiental. Incluso ha sido positivizado en diversas normas, por ejemplo en el artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea.

Técnicamente se suele considerar como un principio, como un mandato de optimización. Lo que implica que el ordenamiento jurídico debe dirigir al sistema socioeconómico hacia la consecución de dicho objetivo, teniendo en cuenta las circunstancias existentes que podrán modular su aplicación concreta en la práctica. En mi opinión la consideración de desarrollo sostenible como un principio plantea el problema de que se diluye el resultado que pretende proteger el desarrollo sostenible que no es otro que garantizar que las generaciones futuras puedan cubrir sus necesidades. Dicho en otras palabras, el principio del desarrollo sostenible debería asegurar que no vamos a esquilmar los recursos del planeta.

Según la New Economics Foundation, España ha entrado en deuda ecológica el día 22 de abril. Esto significa que España gasta más recursos que los que produce y emite más dióxido de carbono del que absorbe. El impacto del consumo de España es 3,25 veces superior a su biocapacidad. Si todos los habitantes del mundo vivieran como los españoles, serían necesarios tres planetas enteros para cubrir sus necesidades. En 2011 la Tierra entró en déficit ecológico el 27 de septiembre. [Puedes ver la noticia aquí].

Estos hechos ponen de manifiesto que el principio del desarrollo sostenible es puro papel mojado. La incoherencia entre lo que dicen las leyes y la realidad de nuestro sistema socioeconómico se puede poner de manifiesto a través de la diferencia entre derecho normado y derecho practicado, que ya he comentado en este blog.

Sin embargo, creo que este enfoque crítico resulta insuficiente ya que oculta el efecto fundamental que ha tenido la positivación del principio de desarrollo sostenible. Sus efectos en el ámbito real, en el sistema socioeconómico han sido escasos, pero sus efectos en el ámbito ideológico han sido más importantes.

La idea de desarrollo sostenible ha otorgado una legitimación extra al sistema económico capitalista, que así puede presumir de haberse adecuado a las exigencias de la protección medioambiental. Ha servido para legitimar la lógica del crecimiento propia del capitalismo sin imponer ningún límite efectivo a éste.

Coincido con muchas personas en que la consecución del desarrollo sostenible sólo se podrá hacer a través de la superación del sistema económico capitalista. Una superación en la que los juristas tendremos algo que decir, aunque sólo sea para criticar la actual configuración del derecho medioambiental.


Gestión pública frente a gestión privada: el caso General Motors

26 enero 2012

 

Acabo de leer el artículo de Vinçent Navarro “La nacionalización de General Motors”, cuya lectura recomiendo (link al artículo publicado en Rebelion.org).

Vinçent Navarro pone en cuestión la ideología neoliberal que afirma que el sector privado es más eficiente que el sector público. General Motors y Chrysler, las dos empresas automovilísticas estadounidenses más importantes, fueron nacionalizadas tras declararse en bancarrota. La nacionalización se llevó a cabo para evitar el grave impacto negativo que hubiera supuesto el cierre de ambas empresas en EEUU, por ejemplo en términos de desempleo.

Pues bien, resulta que General Motors tuvo pérdidas por valor de 4.300 millones de dólares en el momento más alto de la crisis, mientras que el año pasado, siendo empresa pública por tanto, ha declarado beneficios por valor de 2.500 millones de beneficios, ha pagado el préstamo de dinero público que recibió y no se han tenido que realizar despidos masivos.

En mi opinión, este caso demuestra que no se puede identificar la gestión privada con la eficiencia y la gestión pública con la ineficiencia. La relación es más problemática. Sin embargo, la ideología neoliberal sigue manteniendo esa idea.

Resulta curioso qué pasará con General Motors. El sindicato del automóvil quiere que se convierta en una cooperativa, mientras que el Gobierno de Obama parece tener la intención de vender la empresa. Si la empresa vuelve a pasar a manos del capital privado se habrá producido un caso más de privatización de beneficios sociales.

La noticia tiene su interés en España, donde el Gobierno de Ministros ha empezado a analizar el sector público empresarial. La referencia del Consejo de Ministros de 5 de enero de 2012, señala expresamente que «El estancamiento de la actividad económica, unido a la dificultad para la financiación de la actividad pública, pone de manifiesto la necesidad de racionalizar la dimensión y estructura del sector público empresarial con el fin de garantizar la eficiencia de la actividad pública». Una de las medidas que se propone llevar a cabo es reducir el sector público empresarial. Como vemos, aquí también está presente la ideología de la ineficiencia de la gestión pública.


Declaración de intenciones

18 junio 2009

Con este blog pretendo obligarme a poner por escrito algunas ideas que me surgen en el estudio y la enseñanza del derecho administrativo. Cuestiones como cuál es la ideología que hay detrás de tal norma jurídica o de tal sentencia, o a quién benefician tales decisiones.

En muchas ocasiones, mi impresión es que las normas, las sentencias, o las doctrinas favorecen fundamentalmente a los de arriba, a quienes tienen en sus manos el poder, sea éste económico, político, militar o cultural. El derecho es una disciplina académica fundamentalmente cortesana, que se realiza «dentro de Palacio».

Pretendo llevar a cabo un análisis crítico del derecho, desde fuera de Palacio, es decir, intentando tener en cuenta los intereses de los de abajo.

Comienza el camino…

* * *

«Fuera de Palacio» es una metáfora de Pier Paolo Pasolini, de la que me he apropiado a través de los comentarios de Juan Ramón Capella (en su libro Entrada en la barbarie, Trotta, Madrid, 2007, especialmente las páginas 98 a 102, cuya lectura recomiendo).