¿A qué espera el Estado para asumir la responsabilidad civil en los casos de violencia de género?

4 diciembre 2015

violenciadegenero

Las personas que cometen un delito están obligadas a reparar los daños y perjuicios causados (artículo 109.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). Esta obligación de reparar el daño causado, incluye la indemnización de los perjuicios materiales y morales (artículo 110 del Código Penal).

El Estado no está obligado a indemnizar cuando se comete un delito. Ni siquiera aunque sea insolvente quien lo comete. Sin embargo, en determinados casos y de forma excepcional, el Estado asume el pago de las indemnizaciones a las víctimas de delitos. El caso paradigmático son los delitos por terrorismo.

En la actualidad, esta cuestión se regula en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Esta ley establece una indemnización en casos de fallecimiento (artículo 17) y también si se producen daños personales. En última instancia, el artículo 20.1 prevé que «El Estado asumirá con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisión de alguno de los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley». Indemnizaciones que cubren los daños físicos y los psíquicos (artículo 20.2).

La cuantía máxima de las indemnizaciones previstas es la siguiente (artículo 20.4):
– Fallecimiento: 500.000 euros.
– Gran invalidez: 750.000 euros.
– Incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros.
– Incapacidad permanente total: 200.000 euros.
– Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros.
– Lesiones no invalidantes: 100.000 euros.

Resulta muy interesante comparar este régimen de indemnizaciones con la normativa relativa a la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce distintos derechos a las mujeres víctimas de violencia de género: el derecho a la información y al asesoramiento (artículo 18), el derecho a la asistencia integral por parte de los servicios sociales (artículo 19), el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 20), derechos laborales y de seguridad social (artículo 21), derecho a ayudas sociales (artículo 27) y derecho a la consideración prioritaria en el acceso a la vivienda (artículo 28).

Sin embargo, esta ley no prevé ningún tipo de indemnización por fallecimiento, ni por daños personales a las víctimas de violencia de género. Tampoco establece que le Estado asumirá la responsabilidad civil derivada de los delitos relacionados con la violencia de género.

En mi opinión, en los supuestos de violencia de género concurren unas circunstancias de solidaridad muy similares a las que concurren en los delitos de terrorismo. Además de tratarse de un problema con hondas raíces sociales. Las indemnizaciones contribuirían a dignificar la situación en que quedan las víctimas de violencia de género, o sus familiares cuando las mujeres son asesinadas. ¿A qué está esperando el Estado?

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Una visión crítica de la declaración de impacto ambiental: a propósito del programa Salvados sobre el embalse de Jánovas

24 noviembre 2015

El programa Salvados, del 1 de noviembre de 2015, analizó la expropiación del pueblo de Jánovas, en Huesca, con el fin de que una empresa privada construyera un embalse. Al final el embalse no llegó a realizarse, debido a que la declaración de impacto ambiental fue negativa. Según la declaración: «este proyecto tendrá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que el órgano ambiental, a los solos efectos ambientales no considera pertinente su construcción» (os dejo al final el archivo de la declaración de impacto ambiental, sacado del BOE).

Es muy interesante la entrevista a Juan Luis Muriel, entonces Secretario General de Medio Ambiente y el cargo competente para firmar la declaración de impacto ambiental. Podéis ver la entrevista completa en los tres videos que hay al comienzo de esta entrada, que están colocados por orden.

En la entrevista se pone en evidencia el alto grado de politización (o, mejor dicho, politiquización) al que se encuentra sometido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debido a los importantes intereses económicos y electorales que hay detrás. Y cómo es posible reducir el grado de exigencia de la declaración de impacto ambiental en función de esos intereses.

En mi opinión, el problema de fondo aquí es que la legislación de evaluación de impacto ambiental es una norma eminentemente procedimental, que se limita a regular el procedimiento, es decir, los pasos que hay que dar para llevar a cabo dicha evaluación. En este sentido, el preámbulo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se refiere a «la naturaleza esencialmente procedimental de la norma».

Desde el punto de vista material, la ley de evaluación ambiental es una norma con escasa densidad normativa. Lo que da lugar a una gran indeterminación sobre lo que está permitido y lo que está prohibido. La ley, en definitiva, permite políticas de diferente sentido, desde planteamientos muy exigentes con la protección del medio ambiente hasta otros que rebajen considerablemente las medias de protección ambiental. Se pone así de manifiesto que el derecho es de goma.

La historia de Jánovas tiene un final feliz un tanto amargo gracias a la integridad de Juan Luis Muriel y de uno de los técnicos del Ministerio (la amargura que queda al conocer la historia del pueblo; os recomiendo que veáis el programa completo en este enlace). Es interesante destacar que el técnico que puso su cargo a disposición, no tenía problemas en recomendar a alguien con menos escrúpulos y que modificaría la declaración de impacto ambiental. Pero, en cualquier caso, tanto el Secretario General de Medio Ambiente como el técnico, demostraron ser personas con dignidad. La dignidad que hace que uno no se arrepienta de sus actos. Al menos eso es lo que yo veo en la sorna y la tranquilidad con la que José Luis Muriel cuenta los hechos que implicaron el fin de su carrera política.

 

Declaración de impacto ambiental del proyecto Salto de Jánovas


Intervención en el Seminario de Teoría Crítica de la Universidad Carlos III de Madrid

19 mayo 2014

Hace unos días estuve en la Universidad Carlos III de Madrid, invitado por Silvina Ribotta y Carlos Lema a participar en el Seminario de Teoría Crítica. Os paso el link a la reseña que han hecho. Como veréis sigo trabajando el derecho policial del enemigo.

El link es éste:

http://seminariodeteoriacritica.blogspot.com.es/2014/05/eduardo-melero-podemos-hablar-de-un.html

 


El abuso del Decreto-ley: una forma de des-democratización

30 abril 2014

decretoley

El otro día, en el Seminario de Profesores de Derecho administrativo, hizo una exposición Estanislao Arana sobre el abuso con el que se está utilizando el Decreto-ley en los últimos años. Los datos son esclarecedores: si anteriormente los decretos leyes suponían un 20% de las normas con rango de ley aprobadas, en la actualidad alcanza el 40% y sigue subiendo.
A mi juicio esta práctica debe encuadrarse en el déficit de nuestro sistema democrático. Debe considerarse, además, como un instrumento de los procesos de des-democratización, de los que habla José Antonio Estévez Araújo. En el abuso del Decreto-ley se opta por un procedimiento de muy limitada intervención parlamentaria, en el que también se elude la tramitación administrativa de la norma.
A esto hay que añadir, en el caso de Decretos-leyes que han puesto en práctica la política de recortes, que esta política se ha acordado en un Memorando de entendimiento, acordado entre el Estado español y la troika. De ese Memorando se derivan obligaciones para el Reino de España. Sin embargo, no ha sido tramitado como un tratado internacional, como exige el artículo 94.1.e) de la Constitución, ya que la ejecución del memorando exige medidas legislativas para su ejecución. Suma y sigue en nuestro proceso de desdemocratización.


Recomendación de lectura: «Crisis de la democracia en Europa» de José Antonio Estévez Araújo

25 marzo 2014

José Antonio Estévez

 

Os recomiendo encarecidamente la lectura del artículo «Crisis de la democracia en Europa», de José Antonio Estévez Araújo; publicado en Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política, número 3, otoño de 2013.

José Antonio Estévez tiene el don de explicar de forma sencilla cuestiones muy complicadas. Tiene, además, la capacidad de crear expresiones que resumen muy gráficamente lo que quiere exponer. En este trabajo acuña el concepto de «des-democratización», para referirse a los procesos por los que los estados pierden poder en favor de entidades menos democráticas que los estados –como la Unión Europea– o para nada democráticas, como las empresas transnacionales. Estas pérdidas de poder estatal pueden llevarse a cabo de forma jurídica, porque se ceden competencias a una organización internacional, lo que se califica por Estévez Araújo como «pérdida de soberanía estatal». Pero también pueden deberse a la pérdida de poder real de los estados, aunque mantengan sus competencias formales, lo que define como «pérdida de autonomía estatal». Para José Antonio Estévez Araújo, los procesos de «des-democratización» han sido resultado de la globalización neoliberal y de la integración europea.

Crisis de la democracia en Europa


El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

10 marzo 2014

tabla rescate bancario

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.


El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: un análisis desde el punto de vista de la burorrepresión y del derecho policial del enemigo

1 febrero 2014

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En el número 121, de febrero de 2014, de mientrastantoe me han publicado este artículo en el que analizo el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. El Anteproyecto todavía no ha sido aprobado como Proyecto por el Consejo de Ministros por lo que todavía no se ha iniciado su tramitación parlamentaria.

*   *   *

El 20 de noviembre de 2013, el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Según el Ministro «El espíritu del Anteproyecto de Ley es garantizar y mejorar la convivencia de todos los españoles […]. Se trata de un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal».

En lo que sigue se analizará el texto del Anteproyecto, planteando en qué medida se pretende utilizar como un instrumento para reprimir la actividad de los movimientos sociales a través del poder sancionador de la administración, lo que se ha calificado desde el 15M como «burorrepresión», y qué relación tiene con el denominado «derecho policial del enemigo», es decir, las actuaciones policiales llevadas a cabo al margen de las garantías formales que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos.

Cinco son, en mi opinión, los elementos más problemáticos: 1) la expansión de la potestad sancionadora policial, 2) la posible limitación de los derechos de reunión y manifestación, 3) la inseguridad jurídica que se provoca a los ciudadanos que ejercen sus derechos fundamentales, 4) la ausencia de medidas para prevenir arbitrariedades policiales, y 5) el tratamiento dado a los extranjeros.

1. El Anteproyecto propone una importante ampliación del poder sancionador policial, tipificándose nuevas infracciones no establecidas anteriormente. Entre estas nuevas infracciones se pueden mencionar «La perturbación del orden en un acto de campaña electoral, administración electoral, votación, escrutinio y recuento de votos» (infracción grave), o «Las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas» (infracción grave).

Hay que destacar la amplitud e indeterminación con la que se definen las conductas sancionables: la perturbación del orden en un acto electoral, así como las ofensas y ultrajes a las instituciones, símbolos, himnos o emblemas. Entre estas ofensas y ultrajes a juicio del Ministro del Interior se encontraría la quema de banderas, una conducta que debe entenderse amparada por el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, no sancionable. Esta amplitud e indeterminación es común en muchas de las infracciones que recoge el Anteproyecto y planteará muchos conflictos con el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Algunas de estas nuevas infracciones se dirigen claramente a impedir actividades concretas que realizan determinados colectivos. Así, serán sancionables «Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales» (infracción grave). Esta norma será aplicable a las acciones que lleva a cabo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para intentar parar la ejecución de desahucios. También se sanciona el escalamiento de edificios y la precipitación o lanzamiento desde los mismos (considerada como infracción grave si se trata de edificios de organismos públicos o de interés histórico-artístico; es infracción leve en los demás casos). De esta forma se pretende impedir las acciones de protesta que lleva a cabo Greenpeace.

Las sanciones previstas, con carácter general, consisten en la imposición de multas: desde 100 hasta 1.000 euros para las infracciones leves, desde 1.001 hasta 30.000 euros para las graves, y desde 30.001 hasta 600.000 euros en caso de infracciones muy graves. Se produce así un incremento de las infracciones leves que, en la actualidad están sancionadas con multa de hasta 300,51 euros.

También se produce un desplazamiento del ius puniendi del Estado en materia de seguridad ciudadana desde el procedimiento penal, caracterizado por ser más garantista, hacia el procedimiento administrativo sancionador. Ello es resultado de la modificación del Código Penal en el que se dejan de castigar las faltas que, en la mayoría de los casos, pasan a convertirse en infracciones administrativas en el Anteproyecto. Esta es otra de las vías por las que se incrementa la potestad sancionadora policial.

Uno de los efectos perversos de esta administrativización va a ser que muchas de las sanciones impuestas no serán recurridas. Ya que resulta más barato pagar la multa que interponer un recurso contencioso administrativo, en el que además de la tasa judicial por recurrir, hay que acudir representado por abogado y procurador, y a ello se suma la posibilidad de una condena en costas. Habrá, por tanto, un espacio de la actividad sancionadora en materia de seguridad ciudadana que no será controlado por los tribunales. Se consolidará así una «inmunidad del poder», por utilizar un término clásico en nuestra doctrina administrativa. La Administración, por tanto, va a gozar de un gran margen de libertad a la hora de interpretar qué conductas pueden ser sancionadas.

2. El Anteproyecto también pretende limitar el ejercicio ciudadano de los derechos de reunión y manifestación. Así, se sanciona como infracción leve la «celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones» incumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. La norma no señala si lo que se sanciona es la convocatoria o la asistencia. La vigente Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad ciudadana sí establece claramente que en este supuesto la «responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores». Parece, por tanto, que el Anteproyecto pretende ampliar la responsabilidad a los asistentes. Es decir, en el caso de que se realice una manifestación o una concentración sin haberlo comunicado previamente, según el anteproyecto se podría sancionar tanto a los promotores como a los asistentes. Se restringe así el derecho de manifestación de los asistentes que, además, no tienen porqué saber si se ha comunicado o no la realización de la concentración. No está de más recordar que las reuniones y manifestaciones no son autorizadas por los poderes públicos; como establece el artículo 21 de la Constitución sólo han de ser comunicadas previamente.

3. El Anteproyecto no aporta ni un ápice de «seguridad jurídica» a los ciudadanos que ejerzan sus derechos fundamentales para oponerse a las políticas adoptadas por los poderes públicos. Porque no se no determina en qué casos el ejercicio de los derechos fundamentales impide que puedan ser sancionados por conductas previstas como infracciones. Como ya se ha señalado, la amplitud e indeterminación con la que se definen muchas infracciones multiplicará los conflictos con actos de los ciudadanos amparados por el ejercicio de derechos fundamentales, como son el derecho de reunión y la libertad de expresión. El Anteproyecto no pondera los distintos bienes y derechos en conflicto, dando prioridad a uno de ellos. La única vía para resolver estos conflictos establecida en la ley es la sanción administrativa. Será, por tanto, la Administración la que decidirá si una determinada conducta es sancionable o no puede serlo porque supone el ejercicio legítimo de un derecho fundamental.

Así, por ejemplo, una de las nuevas infracciones consiste en «La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos». De esta forma se van a poder sancionar protestas como las llevadas a cabo por la acampada del 0.7, el campamento de los trabajadores de Sintel o el del 15M. Incluso se podrían reprimir actividades como los referéndums ciudadanos en los que se colocan mesas en la vía pública, o los tenderetes con propaganda política. Todo ello sin tener en cuenta que estas actividades pueden estar amparadas por derechos fundamentales, como el derecho de reunión o la libertad de expresión.

4. El Anteproyecto regula con cierto detalle las actuaciones que puede llevar a cabo la policía para mantener y restablecer la seguridad ciudadana. Resulta llamativo que no se establece ninguna medida dirigida a prevenir arbitrariedades y abusos en la actuación policial. Así, se dispone que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles». No se recoge, sin embargo, la posibilidad de que se grabe la actuación de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que supondría un importante instrumento de control de la actuación policial.

Además, se establece como infracción leve «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen» (esta infracción procede de la despenalización de faltas llevada a cabo por el Código Penal). La infracción se define de una manera muy amplia. La finalidad de esta infracción es evitar que se difundan imágenes de policías. Por ejemplo, los videos de You Tube que muestran actuaciones de la policía arbitrarias o claramente desproporcionadas. La infracción se establece «sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información». La norma, sin embargo, no se preocupa por determinar en qué casos el uso de imágenes de la policía se encuentra amparado por la libertad de información y, por tanto, no puede ser sancionado. Hay que tener en cuenta que la información sobre lo que sucede en una manifestación ciudadana es información de interés general, también si se refiere a actuaciones de la policía que pueden ser arbitrarias o desproporcionadas. Será en el procedimiento sancionador donde la Administración determine qué actuaciones concretas son sancionables y cuáles quedan cubiertas por la libertad de información. Lo que busca la norma no es, por tanto, aportar seguridad jurídica a los periodistas o a los ciudadanos que han sido testigos de una actuación policial y que quieran denunciar tales hechos utilizando imágenes de la policía de forma pública. Denuncias periodísticas o ciudadanas que constituyen un imprescindible mecanismo de control de la actuación de los poderes públicos y que, en mi opinión, deberían favorecerse en una sociedad democrática avanzada. Al contrario, el anteproyecto pretende apuntalar la impunidad policial, al dificultar que se hagan públicas imágenes de las actuaciones policiales.

No nos encontramos únicamente ante un ámbito amparado por la libertad de información, sino que también pude verse afectado el derecho de defensa de los ciudadanos, tanto en su dimensión judicial como administrativa. Conviene recordar que las declaraciones de los miembros de la policía tienen presunción de veracidad, aunque cabe prueba en contra. Precisamente una de las pruebas que podrían utilizar los ciudadanos sobre los que se abra un procedimiento sancionador, o penal en su caso, serán las imágenes que se hayan difundido públicamente sobre determinadas actuaciones policiales.

Tampoco se plantea el Anteproyecto poner fin a actuaciones que pueden calificarse como «derecho policial del enemigo»: la realización de interrogatorios en comisarías por policías encapuchados o la práctica de no portar la preceptiva identificación policial.

5. Un apartado especial se merece el tratamiento de los extranjeros, tanto en lo que respecta a las identificaciones policiales como a las sanciones que se establecen. Es un hecho comprobado que la policía realiza identificaciones indiscriminadas a los extranjeros basándose únicamente en su aspecto. Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2012, en ese año se realizaron casi ocho millones de identificaciones (la cifra exacta es 7.958.526). El Anuario no aporta datos sobre cuántas identificaciones se hicieron a ciudadanos españoles y cuántas a extranjeros; seguramente un porcentaje muy elevado corresponde a éstos últimos. El Anteproyecto prevé que en la identificación de personas se respetará, entre otros, el principio de no discriminación por razón de origen racial o étnico. Está por ver si ese principio recogido en el derecho normado se convierte después en derecho practicado, poniéndose fin a las identificaciones policiales con perfil racial.

El Anteproyecto prevé la sanción de «Expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros sin la correspondiente autorización o permiso de residencia en España y hubieran incurrido en una infracción grave o muy grave». Pero además establece que los extranjeros que cometan infracciones graves o muy graves pueden ser sancionados con la «Pérdida de la posibilidad de obtener permisos de residencia y trabajo». Ésta es una medida de exclusión, que condena a los extranjeros a una condición perpetua de inmigrante irregular, ya que la norma no establece ningún límite de tiempo al respecto. Esta condena a la irregularidad permanente colocará a estas personas en una posición de mayor indefensión frente a abusos laborales y de todo tipo. Se trata de una medida de «derecho policial del enemigo», que establece unas sanciones diferentes para las personas inmigrantes que para el resto de ciudadanos. La especialidad de esta sanción no obedece a una diferente naturaleza de la infracción cometida, sino únicamente a la condición personal de los infractores. En última instancia, se está identificando a los extranjeros como una amenaza en sí misma; no son tratados como ciudadanos, sino como enemigos. Hay que tener en cuenta que la comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años supone la realización de una infracción grave. O que, como ya se ha señalado, la participación en una acción para evitar un desahucio podría ser considerada por la Administración como una infracción grave.

En conclusión, es evidente que dos de los fines implícitos del Anteproyecto son reducir el ámbito de actuación en el que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos fundamentales, así como controlar el descontento social creciente y las acciones ciudadanas de protesta. El principal instrumento para ello será el ejercicio de la potestad sancionadora como instrumento de represión burocrática. No sólo no se pone límite al derecho policial del enemigo, sino que se consagra expresamente en relación con las personas inmigrantes. En definitiva, el Anteproyecto supone un giro autoritario de la normativa sobre seguridad ciudadana.