Comentario a la Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la LOPSC

19 octubre 2018

La Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, dicta unos criterios interpretativos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC) sobre: los registros corporales externos (artículo 20 LOPSC); la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes (artículo 36.6 LOPSC); el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23 LOPSC); y las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4 LOPSC).

Leyendo entre líneas la instrucción, considero que se pone de manifiesto que la policía está aplicando la LOPSC de una forma que no está garantizando los derechos de los ciudadanos en la aplicación de la norma. El artículo 4.2 LOPSC establece expresamente que «las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga». En la práctica parece que hay una tendencia clara a interpretar la LOPSC de aquella manera que resulta menos favorable a los derechos de las personas (este vendría a ser el auténtico «canon policial de interpretación»).

En este sentido, se señala en la instrucción primera que la finalidad es «reforzar las garantías que deben acompañar a las actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana». Para ello se establece que «todos los documentos que ordenen los servicios, tales como minutas o papeletas de servicio, deberán contener tanto su fundamentación legal, con expresión del precepto de la LOPSC u otra norma que se avale, como la referencia expresa a las circunstancias operativas que motiven las actuaciones correspondientes». No cabe duda de que este es un elemento positivo.

 

Registros corporales (art. 20 LOPSC)

 

En relación con los registros corporales, se establece que «se dejará en todo caso constancia escrita de su motivación, de la identidad del agente que la adoptó y de las incidencias acaecidas, en las minutas o papeletas de servicio que entregarán a sus superiores a la finalización de los correspondientes servicios». Esta afirmación podría considerarse un indicio de que se están realizando registros corporales sin motivación o con una motivación inadecuada.

 

Desobediencia o resistencia a la autoridad (artículo 36.6 LOPSC)

 

Sobre esta cuestión, la instrucción recoge la definición jurisprudencial de la desobediencia o resistencia a la autoridad cuando no constituye delito: «una acción u omisión que constituya una negativa implícita o expresa a cumplir una orden legítima, usando oposición corporal o fuerza física ante el desarrollo de las competencias de la autoridad o sus agentes». Este es un elemento positivo, ante la ausencia de definición legal de la desobediencia y la resistencia a la autoridad en el artículo 36.6 LOPSC.

La instrucción continúa afirmando que «debe entenderse que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no pueden constituir una infracción del artículo 36.6, si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por los agentes actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones». De esta manera se reconoce implícitamente que se están sancionando desobediencias leves o primeras negativas al cumplimiento de órdenes.

Hay que tener en cuenta que entre 2015 y 2017 se han impuesto 29.438 sanciones por la infracción definida en el artículo 36.6 LOPSC. Este precepto no sólo se refiere a la desobediencia o resistencia a la autoridad, cuando no sean constitutivas de delito; sino que también incluye «la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Sería interesante conocer cuántas de estas sanciones consistieron en una leve o primera negativa al cumplimiento de una orden.

 

Uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23 LOPSC)

 

Sobre el uso de imágenes, según la instrucción «No constituye infracción la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes si ello no representa un riesgo o peligro para ellos, sus familias, las instalaciones o las operaciones policiales». Porque la infracción definida en el artículo 36.23 LOPSC se refiere al uso no autorizado de imágenes o datos. Como señala la instrucción: «Para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes o los datos personales o profesionales de los agentes, las instalaciones que protegen o las operaciones policiales, y que ese uso ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o del éxito de la operación».

Por tanto, parece desprenderse que se están imponiendo sanciones por el mero hecho de tomar imágenes de los agentes de la policía. Sobre esta infracción no se han impuesto demasiadas sanciones: 85 entre 2015 y 2017.

La instrucción reconoce «la posibilidad de identificar a la persona que haya tomado las imágenes, al objeto de proceder, en su caso, al ejercicio de las actuaciones oportunas para salvaguardar los derechos de los actuantes, o a su sanción administrativa o penal si se hiciese un ulterior uso irregular de los datos o imágenes en el sentido expuesto».

Esta posibilidad de identificación preventiva parece ir más allá de la regulación establecida en el artículo 16.1 LOPSC. Según este artículo, la identificación policial de personas sólo puede llevarse a cabo en dos supuestos: a) «Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción» y b) «Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito». Si tomar imágenes no supone una infracción administrativa, difícilmente va a estar justificada la identificación por la hipotética comisión de una infracción en el futuro por el uso de las imágenes tomadas.

 

Faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4 LOPSC)

 

Según la instrucción, únicamente serían sancionables «aquellas conductas o expresiones dirigidas a los agentes que trasgredan o atenten públicamente contra el derecho de todas las personas a recibir un trato respetuoso, digno y adecuado por parte de los demás, constituyendo actos humillantes, despectivos u ofensivos, no sólo para su persona sino para la institución que representan».

Aunque no es tan clara en este aspecto la instrucción, creo que también se pone de manifiesto que se está aplicando esta infracción desproporcionadamente. Entre 2015 y 2017 se impusieron 43.749 sanciones por faltas de respeto y consideración a la policía.

En cualquier caso, se ha perdido la oportunidad de adecuar la aplicación de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. Para el TEDH son legítimos los insultos a la policía que se formulan en el contexto de una crítica sobre asuntos de interés público, cuando las ofensas no se dirijan contra policías concretos sino frente a la institución en general; señalando expresamente que la policía debe mantener un alto grado de tolerancia a los discursos ofensivos (véase la Sentencia del 28 de agosto de 2018 -asunto Savva Terentyev v. Rusia).

 

La ausencia de menciones sobre las identificaciones policiales

 

Resulta sorprendente que la instrucción no considere necesario regular ningún aspecto de las identificaciones policiales. En especial sobre las identificaciones policiales con perfil racial o étnico.

Sobre las identificaciones policiales parece haber una política de opacidad. Prueba de ello es el hecho de que desde 2016 las Memorias Anuales del Ministerio del Interior han dejado de recoger los datos estadísticos de las identificaciones policiales. Y eso que es una actuación muy generalizada: se venían realizando unos 8 millones de identificaciones al año.

 

Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad

 

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Cine y derecho: «Yo, Daniel Blake» de Ken Loach y Castigar a los pobres de Loïc Wacquant

17 octubre 2018

 

Me ha gustado mucho esta película de Ken Loach. He tardado en verla. Por suerte está disponible para préstamo en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que es una película muy recomendable para los estudiantes de derecho.

Como trasfondo, la película pone de manifiesto las enormes trabas burocráticas a las que tiene que hacer frente Daniel Blake, quien no puede trabajar porque ha sufrido un infarto. Como le han denegado la ayuda por incapacidad para trabajar, tiene que solicitar la prestación por desempleo. Lo que le obliga a buscar trabajo de forma activa, bajo amenaza de ser sancionado y perder el derecho a recibir ayudas. Y ello a pesar de que tiene que rechazar las ofertas de trabajo que recibe, porque según su médico, no se encuentra en condiciones de trabajar.

Me ha recordado alguna de las ideas que plantea Loïc Wacquant en su libro Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (editorial Gedisa). Wacquant plantea que la reducción del Estado social (del Estado caritativo americano que él estudia) se lleva a cabo a través de la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de ayuda social y, también, eliminando los programas de ayudas. Pero también se consigue a través de decisiones administrativas: multiplicando «los obstáculos burocráticos y los requisitos impuestos a los solicitantes con el objetivo de desalentarlos o eliminarlos de las listas de beneficiarios (aunque sólo sea de forma temporal)».

La tesis de fondo que mantiene Loïc Wacquant es que hay una vinculación funcional entre la reducción del sector asistencial social del Estado y el aumento paralelo del aparato penal y policial. Ambos sectores de la actuación estatal responden a la misma función, el control de los sectores más precarizados de la población.

De manera que los servicios sociales se han convertido en un instrumento de vigilancia y control de determinados sectores de la sociedad. A partir de la Family Suport Act (Ley de apoyo a las familias), se produjo una ola de reformas entre los años 1988 y 1995. No sólo se restringió la ayuda pública, sino que se condicionó al cumplimiento de determinadas normas de conducta, de carácter económico, sexual, familiar, educativa,… El requisito más común es que el beneficiario debe aceptar cualquier empleo o actividad similar que se le ofrezca (sin tener en cuenta el salario o las condiciones laborales), bajo la pena de perder el derecho a la asistencia. Wacquant considera que se ha producido la «conversión del derecho a la asistencia (welfare) en la obligación “trabajar a cambio de recibir asistencia” (workfare) destinada a dramatizar y valorizar la ética del trabajo en el nivel más bajo del escalafón laboral».

En cuanto al aparato penal, Loïc Wacquant considera que es un elemento estructural del neoliberalismo: es un «órgano central del Estado», que forma parte de «su mera arquitectura». Y critica las concepciones economicistas del neoliberalismo que no tienen en cuenta este aspecto (defecto en que incurre, a su juicio, David Harvey en su libro Breve historia del neoliberalismo).

En nuestro país también podemos encontrar ejemplos de trabas administrativas en ayudas sociales. Así, en la Comunidad de Madrid, durante el año 2017 se acordaron 1.305 suspensiones de la prestación de la renta mínima de inserción (RMI) durante la fase de seguimiento (lo que supone el 18% de las causas de suspensión, según el Balance anual de gestión de la renta mínima de inserción 2017, elaborado por la Comunidad de Madrid, pág. 22).

Por cierto, la dimensión de control social también está presente en la regulación legal de la RMI en la Comunidad de Madrid. Los beneficiarios de esta prestación están obligados, entre otras cuestiones, a «Acudir personalmente a las entrevistas concertadas por los profesionales de los servicios sociales, con la periodicidad y en las condiciones señaladas en el programa individual de inserción», así como a «Suscribir el preceptivo programa individual de inserción al que se comprometió al solicitar la prestación, y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo» [según los apartados e) y f) del artículo 12 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid]. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la suspensión de la prestación, e incluso a su extinción, con base en los artículos 13 y 15 de la Ley 15/2001. El artículo 52.1 del Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, define el programa individual de inserción como «una previsión de acciones cuya finalidad es evitar procesos de exclusión y favorecer la incorporación laboral e integración social para promover la inclusión de quienes carezcan de los recursos suficientes para desarrollar una vida autónoma y participativa, estableciendo un proceso o itinerario individualizado basado en las necesidades globales de la persona así como en sus potencialidades. Se configura como un instrumento dirigido a garantizar el acceso de la ciudadanía a los apoyos personalizados para la inserción social y, en su caso, laboral a los que se refiere el artículo anterior».

Esta realidad administrativa, la imposición de trabas burocráticas, podría analizarse utilizando las categorías de burorrepresión y de legalarbitrariedad.


Herramientas para el análisis crítico del derecho (2): la burorrepresión

19 septiembre 2018

burorrepresión

 

En el libro Burorrepresión. Sanción administrativa y control social (Bomarzo, 2013), Pedro Oliver Olmo define la burorrepresión de esta forma:

«La burorrepresión, en su sentido estricto y duro, es la utilización, por parte de distintas instituciones de control y de orden público, del arsenal de sanciones administrativas que están disponibles en el entramado de leyes, normas y ordenanzas de las distintas administraciones del Estado, con el fin de criminalizar, reprimir y penalizar y, en definitiva, desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos. En su sentido más extenso y blando, la burorrepresión, pretendiendo controlar la potencial disfuncionalidad de sectores sociales muy vulnerables que están inmersos en procesos de empobrecimiento, marginación y exclusión, así como impedir la solidaridad y la resistencia con la que intentan cambiar su destino de relegación, también puede adoptar la forma de simples trabas burocráticas o legales que se convierten en graves impedimentos funcionales para los individuos y colectivos afectados».

 

Esta propuesta de burorrepresión se plantea en el ámbito de las ciencias sociales. No se trata de un concepto que surja desde el ámbito jurídico. De hecho, Pedro Oliver critica el escaso trabajo que se ha hecho desde el ámbito jurídico para «comprender la funcionalidad política de las sanciones administrativas dentro de los sistemas de control, represión y castigo».

 

Al igual que sucede con la legalarbitrariedad, la principal virtud del concepto de burorrepresión es que sirve para poner de manifiesto una determinada realidad administrativa. En especial, qué instrumentos utiliza el poder público para reprimir las protestas sociales. Poniendo el énfasis en las sanciones administrativas, en el concepto estricto de burorrepresión, aunque señalando también que existe un ámbito de burorrepresión blanda. Dentro de esta burorrepresión blanda podrían incluirse las repetidas solicitudes de aportación de documentos justificativos que se exigen a los solicitantes y a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

 

Otra idea interesante es la graduación de los instrumentos de represión de la protesta, distinguiendo entre disuasión, burorrepresión y represión penal. Esta graduación es formulada por Manuel Maroto Calatayud, en el capítulo del mismo libro titulado «Ciudades de excepción: seguridad ciudadana y civismo como instrumentos de represión de la protesta». Cuya representación gráfica es la siguiente:

 

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En mi opinión, desde el punto de vista jurídico, no tiene sentido limitar el concepto estricto de burorrepresión a las sanciones administrativas. Los poderes públicos pueden adoptar decisiones que no tienen carácter sancionador pero que limitan en mayor grado los derechos de las personas. Como sucede, por ejemplo, con las expulsiones en caliente o con las identificaciones policiales con perfil racial. Por otra parte, tampoco creo que haya que ceñir este concepto a la represión de las protestas sociales. En esta línea se sitúa el trabajo de Manuel Maroto Calatayud, al incluir las ordenanzas municipales dentro del ámbito de la burorrepresión. En mi opinión, la regulación de las ordenanzas locales que afecta a las personas sin hogar debería incluirse dentro del ámbito de la burorrepresión. Teniendo en cuenta que tampoco hay porqué identificar el núcleo duro de la burorrepresión con la desactivación de las protestas y la parte blanda con la regulación que afecta a sectores sociales muy vulnerables.

En definitiva, me parece que la categoría de burorrepresión es más una descripción que una definición. Hay que establecer claramente cuáles son sus notas características.


Herramientas para el análisis crítico del derecho (1): la legalarbitrariedad

12 julio 2018

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La tarea de llevar a cabo análisis críticos del derecho se facilita si existen herramientas intelectuales creadas específicamente con esa finalidad. Una de estas herramientas es la «legalarbitrariedad». Este concepto ha sido propuesto por Héctor Silveira, en su artículo «La legalarbitrariedad como mecanismo jurídico de control de la inmigración irregular», publicado en el número 12, de la Revista Crítica Penal y Poder, de 2017.

Según la propuesta de Héctor Silveira, la legalarbitrariedad se sitúa «a medio camino entre la discrecionalidad administrativa y la arbitrariedad». No se trata de una actuación administrativa arbitraria, sino que «la actuación administrativa se mueve dentro de los márgenes establecidos por la ley». Por otra parte, tampoco se trata de un supuesto de ejercicio de potestades discrecionales. Es «un mecanismo jurídico sutil y que escapa a la “comprensión” si no se hace una lectura completa del procedimiento de expulsión, desde su inicio hasta su conclusión».

Una de las virtudes de este concepto es que pone de manifiesto la existencia de un ámbito problemático en el control migratorio, en el que por vía interpretativa se reducen y limitan los derechos y garantías de los inmigrantes. En concreto analiza: a) la identificación, detención y traslado a comisaría del inmigrante, b) las expulsiones exprés que se llevan a cabo desde las comisarías, y c) los autos judiciales de internamiento colectivo. Es una realidad sobre la que considero que hay que poner el foco jurídico. Yo he intentado hacerlo aplicando la categoría del derecho administrativo del enemigo a las expulsiones en caliente o a las identificaciones policiales con perfil racial.

Otro de los elementos positivos de la legalarbitrariedad es que no limita su análisis a la regulación legal, sino que también toma en consideración cómo se aplican las normas por los distintos operadores jurídicos; en este caso, la policía, los jueces, los fiscales, los abogados, teniendo en cuenta también cuál es la situación en que se encuentran las personas inmigrantes. Así se le otorga importancia al derecho practicado.

Sin embargo, es un concepto muy abierto, en el que no quedan definidas claramente cuáles son sus notas características. Y, por tanto, resulta discutible su capacidad como instrumento analítico. La legalarbitrariedad parece más bien una descripción que una definición.

Se parte, además, de un estudio muy superficial de la arbitrariedad y del ejercicio de potestades discrecionales por la Administración. Quizá un estudio más detallado de las características básicas de la discrecionalidad y de la arbitrariedad permita delimitar las notas distintivas de esta categoría. De esta forma se incrementaría su capacidad como herramienta de análisis jurídico. Y también se facilitaría su aplicación a otros ámbitos de actuación de la Administración.

 

Héctor Silveira. La legalarbitrariedad como mecanismo jurídico de control de la inmigración irregular

 


Las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla: una actuación ilegal que convierte a los inmigrantes irregulares en personas sin derechos

16 abril 2018

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Publicado previamente en el blog “La conquista del derecho” en El Salto diario.

 

Uno de los objetivos de la política migratoria y de la legislación de extranjería españolas es impedir la entrada en el territorio nacional de aquellos inmigrantes que no cumplen los requisitos legales, o expulsarlos en caso de que hayan conseguido la entrada.

Hasta abril de 2015, la legislación de extranjería establecía tres procedimientos distintos para lograr ese objetivo: la denegación de entrada, la devolución y la expulsión. La denegación de entrada se aplica cuando una persona extranjera pretende entrar en territorio español por un puesto fronterizo sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. Estos requisitos son: entrar por un puesto habilitado, poseer un documento que acredite la identidad, justificar el objeto y condiciones de viaje, acreditar medios de vida suficiente y, en su caso, disponer de visado. Si no concurre alguno de estos requisitos, se ordena el retorno del extranjero a su lugar de procedencia. La devolución se aplica en dos supuestos: 1) cuando un extranjero que ha sido expulsado previamente contraviene la prohibición de entrada en España, y 2) cuando un extranjero pretende entrar ilegalmente en territorio nacional y es interceptado en la frontera o en sus inmediaciones. Por último, la expulsión consiste en una sanción administrativa que se aplica cuando una persona se encuentra irregularmente en territorio español. En este caso, la legislación española prevé como regla general una sanción económica (entre 500 y 10.000 euros) que podrá sustituirse en los casos más graves por la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 23 de abril de 2015, ha establecido que la única sanción posible en casos de estancia irregular es la expulsión del territorio nacional. Tanto la denegación de entrada, como la devolución y la expulsión se llevan a cabo una vez realizados distintos trámites procedimentales y permitiendo interponer contra las decisiones adoptadas los recursos pertinentes.

Al margen de estos procedimientos, las autoridades españolas han llevado a cabo las conocidas como expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla. Estas expulsiones se llevan realizando, al menos, desde 2005, sin que ninguna norma las haya regulado hasta el año 2015. Las expulsiones en caliente consisten en la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de aquellos inmigrantes que no han superado las tres vallas que integran el dispositivo fronterizo español. Se realiza sin ningún trámite procedimental, impidiendo tanto la presentación de recursos como la solicitud de asilo o protección internacional en España.

El Gobierno español ha justificado las expulsiones en caliente en una peculiar interpretación de la legislación: el «concepto operativo de frontera». Según esta interpretación, mientras los inmigrantes no superen las tres vallas que conforman la línea fronteriza no han entrado en territorio español y, por tanto, no resulta aplicable la legislación de extranjería ni cualquier norma o tratado internacional vigente en España. Por tanto, se les puede entregar sin más a las autoridades marroquíes. En aquellos lugares, como en la zona de El Tarajal en Ceuta, en los que la valla fronteriza llega hasta la playa y la zona de agua marina, se entiende que la entrada en territorio nacional no se produce hasta que se supera la línea formada por los agentes de la autoridad que intentan rechazar a los inmigrantes.

El concepto operativo de frontera no tiene base legal. Las tres vallas que integran la línea fronteriza se encuentran íntegramente en territorio español. Además, el concepto operativo de frontera contradice la delimitación territorial entre España y Marruecos, regulada en distintos acuerdos internacionales bilaterales.

En abril de 2015, entró en vigor la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social (una modificación que introdujo la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Esta disposición pretende otorgar cobertura legal a las expulsiones en caliente, al establecer un régimen especial para Ceuta y Melilla en el que se permite rechazar a los extranjeros que intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera.

Esta disposición no pone fin a la grave vulneración de los derechos de los inmigrantes. Las expulsiones en caliente son contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva ya que les impiden materialmente interponer cualquier recurso. Y, además, vulneran el derecho de asilo y a la protección subsidiaria ya que no tienen oportunidad de presentar una solicitud de protección ni de que se valore cuál es su situación personal.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 3 de octubre de 2017 (asunto N.D. y N.T. contra España) ha considerado que las expulsiones en caliente son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo no tiene en cuenta el concepto operativo de frontera, sino que considera que los inmigrantes se encuentran bajo control efectivo de las autoridades españolas y, por tanto, resulta aplicable el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal considera que las autoridades españolas han vulnerado dos elementos del Convenio: la prohibición de expulsiones colectivas, ya que no se ha realizado un análisis de las circunstancias individuales de las personas, y el derecho a presentar un recurso efectivo. Esta sentencia ha sido recurrida por el Gobierno español y parece que continúa la práctica de las expulsiones en caliente (al menos eso parece desprenderse de la contestación del Gobierno a una pregunta parlamentaria).

Con las expulsiones en caliente el Gobierno español quiere mandar un claro mensaje a las personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera: que va a impedir su entrada en territorio nacional a toda costa. Aunque sea vulnerando elementos esenciales del Estado de derecho, estableciendo un espacio ajurídico en las líneas fronterizas de Ceuta y Melilla y convirtiendo a los inmigrantes que pretenden entrar en España en sujetos sin derechos.

 

Para un análisis en profundidad de los problemas jurídicos que se plantean, sugiero la lectura de mi trabajo «El retorno en frontera en Ceuta y Melilla (o las “expulsiones en caliente”): un supuesto de derecho administrativo del enemigo», publicado en el número 174 de la Revista Española de Derecho Administrativo (octubre-diciembre de 2015), páginas 401 a 433.

 


¿A qué espera el Estado para asumir la responsabilidad civil en los casos de violencia de género?

4 diciembre 2015

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Las personas que cometen un delito están obligadas a reparar los daños y perjuicios causados (artículo 109.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). Esta obligación de reparar el daño causado, incluye la indemnización de los perjuicios materiales y morales (artículo 110 del Código Penal).

El Estado no está obligado a indemnizar cuando se comete un delito. Ni siquiera aunque sea insolvente quien lo comete. Sin embargo, en determinados casos y de forma excepcional, el Estado asume el pago de las indemnizaciones a las víctimas de delitos. El caso paradigmático son los delitos por terrorismo.

En la actualidad, esta cuestión se regula en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Esta ley establece una indemnización en casos de fallecimiento (artículo 17) y también si se producen daños personales. En última instancia, el artículo 20.1 prevé que «El Estado asumirá con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisión de alguno de los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley». Indemnizaciones que cubren los daños físicos y los psíquicos (artículo 20.2).

La cuantía máxima de las indemnizaciones previstas es la siguiente (artículo 20.4):
– Fallecimiento: 500.000 euros.
– Gran invalidez: 750.000 euros.
– Incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros.
– Incapacidad permanente total: 200.000 euros.
– Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros.
– Lesiones no invalidantes: 100.000 euros.

Resulta muy interesante comparar este régimen de indemnizaciones con la normativa relativa a la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce distintos derechos a las mujeres víctimas de violencia de género: el derecho a la información y al asesoramiento (artículo 18), el derecho a la asistencia integral por parte de los servicios sociales (artículo 19), el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 20), derechos laborales y de seguridad social (artículo 21), derecho a ayudas sociales (artículo 27) y derecho a la consideración prioritaria en el acceso a la vivienda (artículo 28).

Sin embargo, esta ley no prevé ningún tipo de indemnización por fallecimiento, ni por daños personales a las víctimas de violencia de género. Tampoco establece que le Estado asumirá la responsabilidad civil derivada de los delitos relacionados con la violencia de género.

En mi opinión, en los supuestos de violencia de género concurren unas circunstancias de solidaridad muy similares a las que concurren en los delitos de terrorismo. Además de tratarse de un problema con hondas raíces sociales. Las indemnizaciones contribuirían a dignificar la situación en que quedan las víctimas de violencia de género, o sus familiares cuando las mujeres son asesinadas. ¿A qué está esperando el Estado?


Una visión crítica de la declaración de impacto ambiental: a propósito del programa Salvados sobre el embalse de Jánovas

24 noviembre 2015

El programa Salvados, del 1 de noviembre de 2015, analizó la expropiación del pueblo de Jánovas, en Huesca, con el fin de que una empresa privada construyera un embalse. Al final el embalse no llegó a realizarse, debido a que la declaración de impacto ambiental fue negativa. Según la declaración: «este proyecto tendrá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que el órgano ambiental, a los solos efectos ambientales no considera pertinente su construcción» (os dejo al final el archivo de la declaración de impacto ambiental, sacado del BOE).

Es muy interesante la entrevista a Juan Luis Muriel, entonces Secretario General de Medio Ambiente y el cargo competente para firmar la declaración de impacto ambiental. Podéis ver la entrevista completa en los tres videos que hay al comienzo de esta entrada, que están colocados por orden.

En la entrevista se pone en evidencia el alto grado de politización (o, mejor dicho, politiquización) al que se encuentra sometido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debido a los importantes intereses económicos y electorales que hay detrás. Y cómo es posible reducir el grado de exigencia de la declaración de impacto ambiental en función de esos intereses.

En mi opinión, el problema de fondo aquí es que la legislación de evaluación de impacto ambiental es una norma eminentemente procedimental, que se limita a regular el procedimiento, es decir, los pasos que hay que dar para llevar a cabo dicha evaluación. En este sentido, el preámbulo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se refiere a «la naturaleza esencialmente procedimental de la norma».

Desde el punto de vista material, la ley de evaluación ambiental es una norma con escasa densidad normativa. Lo que da lugar a una gran indeterminación sobre lo que está permitido y lo que está prohibido. La ley, en definitiva, permite políticas de diferente sentido, desde planteamientos muy exigentes con la protección del medio ambiente hasta otros que rebajen considerablemente las medias de protección ambiental. Se pone así de manifiesto que el derecho es de goma.

La historia de Jánovas tiene un final feliz un tanto amargo gracias a la integridad de Juan Luis Muriel y de uno de los técnicos del Ministerio (la amargura que queda al conocer la historia del pueblo; os recomiendo que veáis el programa completo en este enlace). Es interesante destacar que el técnico que puso su cargo a disposición, no tenía problemas en recomendar a alguien con menos escrúpulos y que modificaría la declaración de impacto ambiental. Pero, en cualquier caso, tanto el Secretario General de Medio Ambiente como el técnico, demostraron ser personas con dignidad. La dignidad que hace que uno no se arrepienta de sus actos. Al menos eso es lo que yo veo en la sorna y la tranquilidad con la que José Luis Muriel cuenta los hechos que implicaron el fin de su carrera política.

 

Declaración de impacto ambiental del proyecto Salto de Jánovas