Las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla: una actuación ilegal que convierte a los inmigrantes irregulares en personas sin derechos

16 abril 2018

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Publicado previamente en el blog “La conquista del derecho” en El Salto diario.

 

Uno de los objetivos de la política migratoria y de la legislación de extranjería españolas es impedir la entrada en el territorio nacional de aquellos inmigrantes que no cumplen los requisitos legales, o expulsarlos en caso de que hayan conseguido la entrada.

Hasta abril de 2015, la legislación de extranjería establecía tres procedimientos distintos para lograr ese objetivo: la denegación de entrada, la devolución y la expulsión. La denegación de entrada se aplica cuando una persona extranjera pretende entrar en territorio español por un puesto fronterizo sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. Estos requisitos son: entrar por un puesto habilitado, poseer un documento que acredite la identidad, justificar el objeto y condiciones de viaje, acreditar medios de vida suficiente y, en su caso, disponer de visado. Si no concurre alguno de estos requisitos, se ordena el retorno del extranjero a su lugar de procedencia. La devolución se aplica en dos supuestos: 1) cuando un extranjero que ha sido expulsado previamente contraviene la prohibición de entrada en España, y 2) cuando un extranjero pretende entrar ilegalmente en territorio nacional y es interceptado en la frontera o en sus inmediaciones. Por último, la expulsión consiste en una sanción administrativa que se aplica cuando una persona se encuentra irregularmente en territorio español. En este caso, la legislación española prevé como regla general una sanción económica (entre 500 y 10.000 euros) que podrá sustituirse en los casos más graves por la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 23 de abril de 2015, ha establecido que la única sanción posible en casos de estancia irregular es la expulsión del territorio nacional. Tanto la denegación de entrada, como la devolución y la expulsión se llevan a cabo una vez realizados distintos trámites procedimentales y permitiendo interponer contra las decisiones adoptadas los recursos pertinentes.

Al margen de estos procedimientos, las autoridades españolas han llevado a cabo las conocidas como expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla. Estas expulsiones se llevan realizando, al menos, desde 2005, sin que ninguna norma las haya regulado hasta el año 2015. Las expulsiones en caliente consisten en la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de aquellos inmigrantes que no han superado las tres vallas que integran el dispositivo fronterizo español. Se realiza sin ningún trámite procedimental, impidiendo tanto la presentación de recursos como la solicitud de asilo o protección internacional en España.

El Gobierno español ha justificado las expulsiones en caliente en una peculiar interpretación de la legislación: el «concepto operativo de frontera». Según esta interpretación, mientras los inmigrantes no superen las tres vallas que conforman la línea fronteriza no han entrado en territorio español y, por tanto, no resulta aplicable la legislación de extranjería ni cualquier norma o tratado internacional vigente en España. Por tanto, se les puede entregar sin más a las autoridades marroquíes. En aquellos lugares, como en la zona de El Tarajal en Ceuta, en los que la valla fronteriza llega hasta la playa y la zona de agua marina, se entiende que la entrada en territorio nacional no se produce hasta que se supera la línea formada por los agentes de la autoridad que intentan rechazar a los inmigrantes.

El concepto operativo de frontera no tiene base legal. Las tres vallas que integran la línea fronteriza se encuentran íntegramente en territorio español. Además, el concepto operativo de frontera contradice la delimitación territorial entre España y Marruecos, regulada en distintos acuerdos internacionales bilaterales.

En abril de 2015, entró en vigor la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social (una modificación que introdujo la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Esta disposición pretende otorgar cobertura legal a las expulsiones en caliente, al establecer un régimen especial para Ceuta y Melilla en el que se permite rechazar a los extranjeros que intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera.

Esta disposición no pone fin a la grave vulneración de los derechos de los inmigrantes. Las expulsiones en caliente son contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva ya que les impiden materialmente interponer cualquier recurso. Y, además, vulneran el derecho de asilo y a la protección subsidiaria ya que no tienen oportunidad de presentar una solicitud de protección ni de que se valore cuál es su situación personal.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 3 de octubre de 2017 (asunto N.D. y N.T. contra España) ha considerado que las expulsiones en caliente son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo no tiene en cuenta el concepto operativo de frontera, sino que considera que los inmigrantes se encuentran bajo control efectivo de las autoridades españolas y, por tanto, resulta aplicable el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal considera que las autoridades españolas han vulnerado dos elementos del Convenio: la prohibición de expulsiones colectivas, ya que no se ha realizado un análisis de las circunstancias individuales de las personas, y el derecho a presentar un recurso efectivo. Esta sentencia ha sido recurrida por el Gobierno español y parece que continúa la práctica de las expulsiones en caliente (al menos eso parece desprenderse de la contestación del Gobierno a una pregunta parlamentaria).

Con las expulsiones en caliente el Gobierno español quiere mandar un claro mensaje a las personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera: que va a impedir su entrada en territorio nacional a toda costa. Aunque sea vulnerando elementos esenciales del Estado de derecho, estableciendo un espacio ajurídico en las líneas fronterizas de Ceuta y Melilla y convirtiendo a los inmigrantes que pretenden entrar en España en sujetos sin derechos.

 

Para un análisis en profundidad de los problemas jurídicos que se plantean, sugiero la lectura de mi trabajo «El retorno en frontera en Ceuta y Melilla (o las “expulsiones en caliente”): un supuesto de derecho administrativo del enemigo», publicado en el número 174 de la Revista Española de Derecho Administrativo (octubre-diciembre de 2015), páginas 401 a 433.

 

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¿A qué espera el Estado para asumir la responsabilidad civil en los casos de violencia de género?

4 diciembre 2015

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Las personas que cometen un delito están obligadas a reparar los daños y perjuicios causados (artículo 109.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). Esta obligación de reparar el daño causado, incluye la indemnización de los perjuicios materiales y morales (artículo 110 del Código Penal).

El Estado no está obligado a indemnizar cuando se comete un delito. Ni siquiera aunque sea insolvente quien lo comete. Sin embargo, en determinados casos y de forma excepcional, el Estado asume el pago de las indemnizaciones a las víctimas de delitos. El caso paradigmático son los delitos por terrorismo.

En la actualidad, esta cuestión se regula en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Esta ley establece una indemnización en casos de fallecimiento (artículo 17) y también si se producen daños personales. En última instancia, el artículo 20.1 prevé que «El Estado asumirá con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisión de alguno de los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley». Indemnizaciones que cubren los daños físicos y los psíquicos (artículo 20.2).

La cuantía máxima de las indemnizaciones previstas es la siguiente (artículo 20.4):
– Fallecimiento: 500.000 euros.
– Gran invalidez: 750.000 euros.
– Incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros.
– Incapacidad permanente total: 200.000 euros.
– Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros.
– Lesiones no invalidantes: 100.000 euros.

Resulta muy interesante comparar este régimen de indemnizaciones con la normativa relativa a la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce distintos derechos a las mujeres víctimas de violencia de género: el derecho a la información y al asesoramiento (artículo 18), el derecho a la asistencia integral por parte de los servicios sociales (artículo 19), el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 20), derechos laborales y de seguridad social (artículo 21), derecho a ayudas sociales (artículo 27) y derecho a la consideración prioritaria en el acceso a la vivienda (artículo 28).

Sin embargo, esta ley no prevé ningún tipo de indemnización por fallecimiento, ni por daños personales a las víctimas de violencia de género. Tampoco establece que le Estado asumirá la responsabilidad civil derivada de los delitos relacionados con la violencia de género.

En mi opinión, en los supuestos de violencia de género concurren unas circunstancias de solidaridad muy similares a las que concurren en los delitos de terrorismo. Además de tratarse de un problema con hondas raíces sociales. Las indemnizaciones contribuirían a dignificar la situación en que quedan las víctimas de violencia de género, o sus familiares cuando las mujeres son asesinadas. ¿A qué está esperando el Estado?


Una visión crítica de la declaración de impacto ambiental: a propósito del programa Salvados sobre el embalse de Jánovas

24 noviembre 2015

El programa Salvados, del 1 de noviembre de 2015, analizó la expropiación del pueblo de Jánovas, en Huesca, con el fin de que una empresa privada construyera un embalse. Al final el embalse no llegó a realizarse, debido a que la declaración de impacto ambiental fue negativa. Según la declaración: «este proyecto tendrá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que el órgano ambiental, a los solos efectos ambientales no considera pertinente su construcción» (os dejo al final el archivo de la declaración de impacto ambiental, sacado del BOE).

Es muy interesante la entrevista a Juan Luis Muriel, entonces Secretario General de Medio Ambiente y el cargo competente para firmar la declaración de impacto ambiental. Podéis ver la entrevista completa en los tres videos que hay al comienzo de esta entrada, que están colocados por orden.

En la entrevista se pone en evidencia el alto grado de politización (o, mejor dicho, politiquización) al que se encuentra sometido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debido a los importantes intereses económicos y electorales que hay detrás. Y cómo es posible reducir el grado de exigencia de la declaración de impacto ambiental en función de esos intereses.

En mi opinión, el problema de fondo aquí es que la legislación de evaluación de impacto ambiental es una norma eminentemente procedimental, que se limita a regular el procedimiento, es decir, los pasos que hay que dar para llevar a cabo dicha evaluación. En este sentido, el preámbulo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se refiere a «la naturaleza esencialmente procedimental de la norma».

Desde el punto de vista material, la ley de evaluación ambiental es una norma con escasa densidad normativa. Lo que da lugar a una gran indeterminación sobre lo que está permitido y lo que está prohibido. La ley, en definitiva, permite políticas de diferente sentido, desde planteamientos muy exigentes con la protección del medio ambiente hasta otros que rebajen considerablemente las medias de protección ambiental. Se pone así de manifiesto que el derecho es de goma.

La historia de Jánovas tiene un final feliz un tanto amargo gracias a la integridad de Juan Luis Muriel y de uno de los técnicos del Ministerio (la amargura que queda al conocer la historia del pueblo; os recomiendo que veáis el programa completo en este enlace). Es interesante destacar que el técnico que puso su cargo a disposición, no tenía problemas en recomendar a alguien con menos escrúpulos y que modificaría la declaración de impacto ambiental. Pero, en cualquier caso, tanto el Secretario General de Medio Ambiente como el técnico, demostraron ser personas con dignidad. La dignidad que hace que uno no se arrepienta de sus actos. Al menos eso es lo que yo veo en la sorna y la tranquilidad con la que José Luis Muriel cuenta los hechos que implicaron el fin de su carrera política.

 

Declaración de impacto ambiental del proyecto Salto de Jánovas


Intervención en el Seminario de Teoría Crítica de la Universidad Carlos III de Madrid

19 mayo 2014

Hace unos días estuve en la Universidad Carlos III de Madrid, invitado por Silvina Ribotta y Carlos Lema a participar en el Seminario de Teoría Crítica. Os paso el link a la reseña que han hecho. Como veréis sigo trabajando el derecho policial del enemigo.

El link es éste:

http://seminariodeteoriacritica.blogspot.com.es/2014/05/eduardo-melero-podemos-hablar-de-un.html

 


El abuso del Decreto-ley: una forma de des-democratización

30 abril 2014

decretoley

El otro día, en el Seminario de Profesores de Derecho administrativo, hizo una exposición Estanislao Arana sobre el abuso con el que se está utilizando el Decreto-ley en los últimos años. Los datos son esclarecedores: si anteriormente los decretos leyes suponían un 20% de las normas con rango de ley aprobadas, en la actualidad alcanza el 40% y sigue subiendo.
A mi juicio esta práctica debe encuadrarse en el déficit de nuestro sistema democrático. Debe considerarse, además, como un instrumento de los procesos de des-democratización, de los que habla José Antonio Estévez Araújo. En el abuso del Decreto-ley se opta por un procedimiento de muy limitada intervención parlamentaria, en el que también se elude la tramitación administrativa de la norma.
A esto hay que añadir, en el caso de Decretos-leyes que han puesto en práctica la política de recortes, que esta política se ha acordado en un Memorando de entendimiento, acordado entre el Estado español y la troika. De ese Memorando se derivan obligaciones para el Reino de España. Sin embargo, no ha sido tramitado como un tratado internacional, como exige el artículo 94.1.e) de la Constitución, ya que la ejecución del memorando exige medidas legislativas para su ejecución. Suma y sigue en nuestro proceso de desdemocratización.


Recomendación de lectura: «Crisis de la democracia en Europa» de José Antonio Estévez Araújo

25 marzo 2014

José Antonio Estévez

 

Os recomiendo encarecidamente la lectura del artículo «Crisis de la democracia en Europa», de José Antonio Estévez Araújo; publicado en Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política, número 3, otoño de 2013.

José Antonio Estévez tiene el don de explicar de forma sencilla cuestiones muy complicadas. Tiene, además, la capacidad de crear expresiones que resumen muy gráficamente lo que quiere exponer. En este trabajo acuña el concepto de «des-democratización», para referirse a los procesos por los que los estados pierden poder en favor de entidades menos democráticas que los estados –como la Unión Europea– o para nada democráticas, como las empresas transnacionales. Estas pérdidas de poder estatal pueden llevarse a cabo de forma jurídica, porque se ceden competencias a una organización internacional, lo que se califica por Estévez Araújo como «pérdida de soberanía estatal». Pero también pueden deberse a la pérdida de poder real de los estados, aunque mantengan sus competencias formales, lo que define como «pérdida de autonomía estatal». Para José Antonio Estévez Araújo, los procesos de «des-democratización» han sido resultado de la globalización neoliberal y de la integración europea.

Crisis de la democracia en Europa


El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

10 marzo 2014

tabla rescate bancario

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.