Audio de la presentación del libro «El lobby de la industria militar española. Adónde van nuestros impuestos» de Pere Ortega

26 octubre 2015

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El jueves pasado tuve el placer de participar en la presentación del libro de Pere Ortega «El lobby de la industria militar española. Adónde van nuestros impuestos» (editorial Icaria). Podéis escuchar el audio, gracias a la librería Traficantes de Sueños, aquí debajo:


Las operaciones militares en defensa de «los intereses vitales y estratégicos de España»: el caso de las embestidas de la Armada a las lanchas de Greenpeace

19 noviembre 2014

 

Según el Estado Mayor de la Defensa (15 de noviembre de 2014), las embarcaciones de la Armada se interpusieron entre las lanchas de Greenpeace y el buque Rowan Renaissance, para evitar el abordaje de este último. De esta forma se habría garantizando «la libertad de navegación».

 

Sobre el concepto de interposición, y la utilización proporcionada de la fuerza creo que resulta suficientemente ilustrativo el video que ha difundido Greenpeace, que aparece en esta entrada. Podéis juzgar vosotros mismos.

 

Lo que me interesa destacar es la justificación que ha empleado el Estado Mayor de la Defensa. El comunicado del Estado Mayor de la Defensa afirma literalmente que:

 

«El Buque de Acción Marítima Relámpago, integrado en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, a las órdenes del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, está llevando a cabo actividades operativas en apoyo de la defensa de los intereses nacionales en aguas del Atlántico próximas a las Islas Canarias, para garantizar la libertad de navegación y el acceso a las zonas de prospección petrolífera, debidamente autorizadas por el gobierno de la Nación, del barco Rowan Renaissance.

La defensa de los intereses vitales y estratégicos de España es un objetivo primordial de la Seguridad Nacional, y la libertad de explotación de los recursos energéticos disponibles debe considerarse en ese ámbito.»

 

Se trataría, por tanto, de una operación militar directamente relacionada con la defensa de los intereses nacionales. Los intereses nacionales de seguridad no se han definido en ninguna norma jurídica, ni en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, ni en ninguna otra.

 

Tampoco se delimitan en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, sino en la Revisión Estratégica de la Defensa, de 2003. Según éste último documento, que no tiene carácter normativo, forma parte de los intereses vitales de la defensa: la soberanía, la independencia e integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional; así como la libertad, la vida y la prosperidad de los españoles. Me parece muy destacable la referencia a «la prosperidad» por lo indefinido de su contenido: ¿se está refiriendo a que las Fuerzas Armadas van a garantizar el nivel de consumo de la sociedad española? Por otra parte, dentro de los intereses estratégicos de la defensa se incluyen, entre otros, el mantenimiento de la libertad de intercambios y de comunicaciones, así como la seguridad en el suministro de recursos básicos.

 

Esta concepción de los intereses nacionales de seguridad implica una expansión del ámbito de la defensa y, por tanto, del campo de actuación de las fuerzas armadas. Una expansión, por cierto, que se ha llevado a cabo al margen de cualquier debate ciudadano o legislativo.

 

En definitiva, la expansión del ámbito de la defensa que se ha producido a través de los intereses nacionales de seguridad supone una importante militarización de la política española. En mi opinión, la embestida a las lanchas de Greenpeace no ha de verse como un hecho anecdótico. Responde a la concepción de la defensa que se está desarrollando desde hace muchos años.


¿Está prohibida la investigación militar en la UAM?

7 octubre 2013

investigacion

Para responder a esta pregunta tenemos que analizar los artículos 58.5 y 112.1 de los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Según el artículo 58.5, «Bajo ningún concepto las investigaciones llevadas a cabo en el seno de la Universidad Autónoma de Madrid irán encaminadas a promover la carrera de armamentos, ni vulnerarán los compromisos éticos asumidos por la comunidad científica».

Este precepto es demasiado ambiguo y genérico como para deducir de él que se prohíbe la investigación militar. En todo caso se prohibiría la investigación militar que promueva la carrera de armamentos, pero la expresión «carrera de armamentos» es demasiado imprecisa. Por otra parte, las decisiones sobre el tipo de armamento en que se va a invertir son adoptadas por el Ministerio de Defensa, no por la Universidad.

A mi juicio, el artículo 58.5 de los Estatutos es un precepto simbólico del que no se pueden deducir consecuencias jurídicas. Su función es “simbólica” hacer que parezca que se ha adoptado una política de prohibición de la investigación militar cuando se puede estar haciendo totalmente lo contrario.

El artículo 112.1 de los Estatutos establece que «La Universidad, los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, así como los grupos de investigación reconocidos al efecto por la Universidad y los profesores, podrán contratar con entidades públicas o privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y el desarrollo de cursos de especialización o actividades específicas de formación, conforme a lo previsto en el artículo 83.1 de la Ley Orgánica de Universidades y sus disposiciones de desarrollo. Quedan excluidos aquellos contratos y cursos que sean de naturaleza bélica y cuyos resultados deban ser secreto militar».

El elemento importante aquí es la última frase, la marcada en negrita. De nuevo considero que el artículo 112.1 de los Estatutos de la UAM tampoco prohíbe en la UAM la realización de investigaciones de carácter militar. Técnicamente no se establece una prohibición sino una exclusión. Es decir, no se prohíbe la realización de contratos de investigación de naturaleza bélica, sino que su contratación se excluye del régimen general establecido en el artículo 83.1 de la Ley Orgánica de Universidades. Estos contratos pondrán celebrarse, teniendo la consideración de secretos en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por otra parte, tenemos algunos ejemplos de investigación militar en la Universidad Autónoma de Madrid. El Instituto Universitario de Administración de Empresa (IADE) de la UAM, realizó en 2006 y 2007 los proyectos «Sistema de Gestión de Conocimiento para ISDEFE». ISDEFE es una sociedad mercantil de titularidad del Ministerio de Defensa que ofrece servicios de consultoría e ingeniería en el ámbito de la defensa y también se encarga de fomentar el comercio de armamento. Más recientemente, en 2010 se celebró un Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa (Cría Caballar de las Fuerzas Armadas) y el Departamento de Biología de la UAM.

No parece muy descabellado afirmar que, en estos momentos, es muy probable que se estén realizando investigaciones de carácter militar en la UAM. Al menos no se puede decir con rotundidad que la UAM no está investigando sobre estas cuestiones. Que yo sepa, no hay ningún órgano encargado de controlar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 58.5 y 112.1 de los Estatutos de la UAM (lo que también demuestra que no se ha prohibido la investigación militar en la UAM). El Comité de Ética en la Investigación de la UAM no tiene competencias al respecto.


La resurrección del acto político exento de control jurisdiccional por la jurisprudencia del Tribunal Supremo

25 septiembre 2013

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En su día comenté el recurso contencioso que había presentado Justícia i Pau contra la firma del nuevo concepto estratégico de la OTAN en noviembre de 2010 por parte del Gobierno español. El recurso ha sido inadmitido por el Tribunal Supremo mediante auto de 24 de mayo de 2013.

El Tribunal Supremo parte de la distinción entre actos del Gobierno que corresponden a la «superior dirección política» y los actos «materialmente administrativos o en el ejercicio de la potestad reglamentaria». Los actos del Gobierno que implican la superior dirección política no son susceptibles de impugnación jurisdiccional, sino que únicamente quedan sometidos a control parlamentario; únicamente son impugnables los actos materialmente administrativos del Gobierno (fundamento jurídico segundo del auto). La aprobación del nuevo concepto estratégico de la OTAN «resulta encuadrable dentro de esas funciones de superior dirección política, realizadas en el marco de las relaciones internacionales, que antes se han mencionado como exentas del control jurisdiccional y sometidas al control parlamentario» (fundamento jurídico tercero).

El Tribunal Supremo se pasa así, por el forro de la toga, el artículo 2.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Este artículo establece claramente que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente para conocer las cuestiones que se susciten en relación con «La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos».

Por tanto, no se puede excluir a priori el control judicial de los actos políticos del Gobierno si hay elementos reglados se pueden valorar. Precisamente la argumentación de Justícia i Pau se centraba en la existencia de esos elementos reglados: el incumplimiento del procedimiento constitucionalmente establecido para modificar un tratado internacional.

El artículo 2.a) LJCA deja bien claro que da igual la naturaleza de los actos del Gobierno en cuanto a su sometimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa. Vamos, lo contrario de lo que ha hecho el Tribunal Supremo que distingue los actos del Gobierno de naturaleza política frente a los actos del Gobierno de naturaleza administrativa. Es significativo que el Auto del Tribunal Supremo sólo menciona el artículo 2.a) LJCA cuando resume los argumentos jurídicos de Justícia i Pau, un precepto que no tiene en cuenta en su interpretación.

Y por si no fuera claro el artículo, la exposición de motivos de la Ley de la Jurisdicción (apartado II) deja bien claro que no puede excluirse a priori, como ha hecho el Tribunal Supremo, el control judicial de los actos políticos:

«la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos del Gobierno, a que se refería la Ley de 1956.

Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política excluida «per se» del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de «acto político» se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.

Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley señala -en términos positivos una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes».

Bueno, pues resulta que el Tribunal Supremo hace una interpretación contra ley y dice que los actos del Gobierno no se someten a control jurisdiccional. Es lo que tiene formar parte del poder, si no puedes retorcer el derecho para que diga lo que quieres que diga sin que se rompa, siempre te queda la posibilidad de pasártelo por el forro. Algo que hizo previamente el Gobierno al aprobar el nuevo concepto estratégico de la OTAN.

Auto del Tribual Supremo de 24 de mayo de 2013


Cuando “austeridad” significa gastar más: el caso del presupuesto de defensa

29 mayo 2013

gasto militar

Según un informe elaborado por John Doe del Centro Delás de Estudios por la Paz, el Ministerio de Defensa ha gastado casi 8.000 millones de euros más de lo inicialmente presupuestado entre los años 2008 a 2012.

Así, según los Presupuestos Generales del Estado para 2012, el Ministerio de Defensa tenía asignados 6.316 millones de euros. Sin embargo, la cantidad realmente gastada, es decir el presupuesto consolidado, ascendió a un total de 9.066 millones de euros (2.749 millones de euros más que lo inicialmente presupuestado).

El desfase entre los años 2008 a 2011, incluyendo los Organismos Autónomos vinculados al Ministerio de Defensa alcanza la cifra de 4.985 millones de euros.

Podéis leer aquí el informe sobre la Liquidación del presupuesto de 2012.


No a la guerra: ayer y hoy

15 marzo 2013

Una hermosa foto de la Plaza de Cataluña de Barcelona, hace 10 años.

No a la guerra


Intervencionismo: 67 misiones militares en el exterior

17 octubre 2012

El periódico Diagonal me ha publicado un artículo sobre las operaciones militares de España en el exterior. Podéis leerlo aquí.