Cine y derecho: «Yo, Daniel Blake» de Ken Loach y Castigar a los pobres de Loïc Wacquant

17 octubre 2018

 

Me ha gustado mucho esta película de Ken Loach. He tardado en verla. Por suerte está disponible para préstamo en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que es una película muy recomendable para los estudiantes de derecho.

Como trasfondo, la película pone de manifiesto las enormes trabas burocráticas a las que tiene que hacer frente Daniel Blake, quien no puede trabajar porque ha sufrido un infarto. Como le han denegado la ayuda por incapacidad para trabajar, tiene que solicitar la prestación por desempleo. Lo que le obliga a buscar trabajo de forma activa, bajo amenaza de ser sancionado y perder el derecho a recibir ayudas. Y ello a pesar de que tiene que rechazar las ofertas de trabajo que recibe, porque según su médico, no se encuentra en condiciones de trabajar.

Me ha recordado alguna de las ideas que plantea Loïc Wacquant en su libro Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (editorial Gedisa). Wacquant plantea que la reducción del Estado social (del Estado caritativo americano que él estudia) se lleva a cabo a través de la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de ayuda social y, también, eliminando los programas de ayudas. Pero también se consigue a través de decisiones administrativas: multiplicando «los obstáculos burocráticos y los requisitos impuestos a los solicitantes con el objetivo de desalentarlos o eliminarlos de las listas de beneficiarios (aunque sólo sea de forma temporal)».

La tesis de fondo que mantiene Loïc Wacquant es que hay una vinculación funcional entre la reducción del sector asistencial social del Estado y el aumento paralelo del aparato penal y policial. Ambos sectores de la actuación estatal responden a la misma función, el control de los sectores más precarizados de la población.

De manera que los servicios sociales se han convertido en un instrumento de vigilancia y control de determinados sectores de la sociedad. A partir de la Family Suport Act (Ley de apoyo a las familias), se produjo una ola de reformas entre los años 1988 y 1995. No sólo se restringió la ayuda pública, sino que se condicionó al cumplimiento de determinadas normas de conducta, de carácter económico, sexual, familiar, educativa,… El requisito más común es que el beneficiario debe aceptar cualquier empleo o actividad similar que se le ofrezca (sin tener en cuenta el salario o las condiciones laborales), bajo la pena de perder el derecho a la asistencia. Wacquant considera que se ha producido la «conversión del derecho a la asistencia (welfare) en la obligación “trabajar a cambio de recibir asistencia” (workfare) destinada a dramatizar y valorizar la ética del trabajo en el nivel más bajo del escalafón laboral».

En cuanto al aparato penal, Loïc Wacquant considera que es un elemento estructural del neoliberalismo: es un «órgano central del Estado», que forma parte de «su mera arquitectura». Y critica las concepciones economicistas del neoliberalismo que no tienen en cuenta este aspecto (defecto en que incurre, a su juicio, David Harvey en su libro Breve historia del neoliberalismo).

En nuestro país también podemos encontrar ejemplos de trabas administrativas en ayudas sociales. Así, en la Comunidad de Madrid, durante el año 2017 se acordaron 1.305 suspensiones de la prestación de la renta mínima de inserción (RMI) durante la fase de seguimiento (lo que supone el 18% de las causas de suspensión, según el Balance anual de gestión de la renta mínima de inserción 2017, elaborado por la Comunidad de Madrid, pág. 22).

Por cierto, la dimensión de control social también está presente en la regulación legal de la RMI en la Comunidad de Madrid. Los beneficiarios de esta prestación están obligados, entre otras cuestiones, a «Acudir personalmente a las entrevistas concertadas por los profesionales de los servicios sociales, con la periodicidad y en las condiciones señaladas en el programa individual de inserción», así como a «Suscribir el preceptivo programa individual de inserción al que se comprometió al solicitar la prestación, y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo» [según los apartados e) y f) del artículo 12 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid]. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la suspensión de la prestación, e incluso a su extinción, con base en los artículos 13 y 15 de la Ley 15/2001. El artículo 52.1 del Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, define el programa individual de inserción como «una previsión de acciones cuya finalidad es evitar procesos de exclusión y favorecer la incorporación laboral e integración social para promover la inclusión de quienes carezcan de los recursos suficientes para desarrollar una vida autónoma y participativa, estableciendo un proceso o itinerario individualizado basado en las necesidades globales de la persona así como en sus potencialidades. Se configura como un instrumento dirigido a garantizar el acceso de la ciudadanía a los apoyos personalizados para la inserción social y, en su caso, laboral a los que se refiere el artículo anterior».

Esta realidad administrativa, la imposición de trabas burocráticas, podría analizarse utilizando las categorías de burorrepresión y de legalarbitrariedad.

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A propósito de la película «Figuras ocultas»

23 febrero 2017

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Me ha gustado mucho la película Figuras ocultas. Es una película amable que se deja ver fácilmente. Trata sobre el papel que tuvieron en la NASA las mujeres negras de color en plena carrera espacial por poner el primer hombre en órbita.

Uno de los temas que aborda es la discriminación racial. Aunque la constitución abolió la esclavitud y reconoció la igualdad, se mantenía en muchos estados una política de segregación. Así, había baños para blancos y baños para negros. Esta política de segregación fue considerada constitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la famosa sentencia Plessy vs. Ferguson de 1896, en la que se estableció la famosa doctrina «iguales pero separados».

El otro tema que me ha interesado es el de los cambios tecnológicos. La película comienza en una época previa a la existencia de los ordenadores, en la que los cálculos matemáticos se realizaban a mano por personas, muchas de ellas mujeres negras. Pero la NASA ha comprado un ordenador IBM que ocupa toda una enorme sala y que pone en peligro el trabajo de las mujeres calculadoras negras. En la película resuelven el problema aprendiendo a programar el ordenador.

En la actualidad, google es como el IBM. Ya no es un problema la búsqueda de la información. Pero creo que hay cuestiones en las que todavía google no es una amenaza. En primer lugar, en la búsqueda de información de calidad, estableciendo qué información es relevantes y situándola en un contexto más amplio. También se puede llevar a cabo un juicio crítico sobre la información. Y por último está la capacidad de identificar problemas y de resolverlos. Estas son cuestiones que deberíamos enseñar a los estudiantes.


Aprendiendo del cine: el documental «Trumbo y la lista negra»

20 mayo 2016

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En estos días en que la libertad de expresión se está convirtiendo en un lujo, recomiendo muy mucho este documental, basado en cartas y en intervenciones en la televisión de Dalton Trumbo. Y que es un complemento perfecto a un post anterior sobre la película «Trumbo: la lista negra de Hollywood». Me parece mucho más interesante este documental, tanto para conocer al personaje como para comprender su punto de vista y cómo vivió personalmente el hecho de haber sido incluido en la lista negra. Una de las cosas que quiero destacar es que Trumbo tenía claro que era la industria del cine, no los poderes públicos, quien le estaba haciendo la vida imposible. Un aspecto que ha pasado desapercibido en las críticas que he leído sobre la película. Quizá sea una cuestión de hegemonía: estamos más acostumbrados a ver la paja en el poder público que la viga en el poder privado.

 


Trumbo: la lista negra de Hollywood; una película para entender qué es el fascismo social

7 mayo 2016

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Uno de los méritos, en mi opinión, de la película Trumbo: la lista negra de Hollywood es ejemplificar lo que Boaventura Sousa Santos define como fascismo social (puede verse el capítulo 9 de su libro Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho). El fascismo social es un tipo de fascismo producido por la sociedad en vez de por el Estado; lo que no significa que éste último no intervenga. Implica la existencia de un Estado democrático y una sociedad fascista. En mi opinión, un aspecto importante de la noción de fascismo social es que pone el foco en la importancia de los abusos y violaciones de derechos que llevan a cabo sujetos y poderes privados.

 

En la película esto se pone de manifiesto a través de la lista negra que ponen en marcha los estudios cinematográficos, con la ayuda del poderoso sindicato de actores. Un sistema que garantizaba que no se contrataría a nadie sospechoso de ser comunista o de simpatizar con ellos.

 

Creo que es interesante destacar que el poder público tuvo un papel secundario en el establecimiento de la lista negra, aunque comenzó con la Comisión de Actividades Antiamericanas. Dalton Trumbo apenas pasó un año en prisión por haber sido condenado por desacato al Congreso al haberse negado a responder a la pregunta de si era miembro del Partido Comunista y delatar a sus compañeros. La lista negra se aplicó durante más de diez años. Estaba planeada como una especie de pena de muerte civil laboral, impuesta al margen de cualquier regulación legal y al margen de cualquier procedimiento. Poder puro y duro que se ejerció sin ningún límite de tipo jurídico y de una forma totalmente despótica. A pesar de que Trumbo lograra sortear la prohibición al precio de ser explotado y autoexplotarse en el mercado negro de guionistas.