Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid reconoce derecho a indemnización por retraso en el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción

26 noviembre 2016

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Esta entrada está dedicada a las personas que han formado parte del Taller Jurídico de la UAM. Ha sido publicada previamente en la página web de la campaña «Renta Mínima: es tu derecho»: http://rmituderecho.org/un-juzgado-de-lo-contencioso-administrativo-de-madrid-reconoce-derecho-a-indemnizacion-por-retraso-en-el-reconocimiento-de-la-renta-minima-de-insercion/

 

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En su sentencia 203/2006, de 14 de julio (procedimiento abreviado 253/2015), el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid ha reconocido el derecho a obtener una indemnización por responsabilidad patrimonial por el retraso de casi un año en reconocer a una persona la Renta Mínima de Inserción (RMI).

El Juzgado ha considerado que se trata de un supuesto de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración, al entender que el incumplimiento del plazo legalmente establecido para resolver las solicitudes de RMI «reviste las notas de esencial y significativo». Se trata, por tanto, de un daño que los ciudadanos no tienen el deber jurídico de soportar.

Legalmente el plazo es de tres meses, desde que la solicitud de RMI llega a la Consejería de Políticas Sociales y Familia (artículo 20.3 Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid). En el caso juzgado, la solicitud de RMI se presentó en septiembre de 2012, no siendo hasta diciembre de 2013 cuando se reconoció el derecho a recibir dicha prestación. La sentencia valora el daño causado por el Administración en 3.940 euros, resultado de multiplicar 358,22 euros (la cuantía de la RMI reconocida mensualmente) por los 11 meses del retraso administrativo.

La sentencia es firme, al no haber sido recurrida por la Comunidad de Madrid. Como ha sido dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no crea jurisprudencia. Pero es un importante precedente que podrá utilizarse en reclamaciones de responsabilidad patrimonial por retraso en el reconocimiento de la RMI. El Juzgado considera que ésta es una vía adecuada, frente al planteamiento del letrado de la Comunidad de Madrid que alegaba que debería haberse presentado un recurso administrativo y no una solicitud de responsabilidad patrimonial.


Feminismo y derecho: el derecho como campo para la acción feminista

5 noviembre 2014

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El número 27 de la revista Relaciones Internacionales incluye una entrevista muy interesante a Glenys Jesús de Checo, de la organización de derechos humanos Women’s Link WorldWide: «En torno al Derecho como campo para la acción feminista».

El punto de partida de esta organización es que «los tribunales de justicia son espacios válidos desde donde promover cambios sociales hacia la igualdad de género»; y que «para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas la interpretación judicial adecuada requiere una perspectiva de género».

Glenys Jesús de Checo mantiene una concepción muy crítica del derecho. Para ella «el derecho es una estructura hecha para mantener el orden y para mantener los desequilibrios de poder y fundamentalmente para mantener ciertos desequilibrios, entre hombres y mujeres, entre diferentes etnias, entre diferentes sectores económicos…».

Por último, me ha gustado mucho la manera de enfocar la cuestión de si el derecho puede utilizarse como un instrumento de cambio social: «Siempre que se elige trabajar con el derecho tratando de encontrar la vocación emancipadora, se está en un riesgo permanente. Esa preocupación acerca de si yo puedo realmente cambiar las estructuras desde dentro de la propia estructura y utilizando sus herramientas, esa es una pregunta constante que planea el trabajo de cualquier organización, de cualquier trabajo de activismo. Yo creo que es una duda que no se puede superar y que no se puede resolver, si alguien me dice a mí que la tiene resuelta, yo lo o la felicito, de verdad. Es una apuesta que una hace, una apuesta estratégica además y en Women`s Link nosotras apostamos por trabajar estratégicamente con los tribunales. Esa es nuestra apuesta. Como tal, evidentemente, tienes que vivir revisándola. En algunos momentos te parecerá que es muy satisfactoria, que sí que es una vía factible, que obtienes resultados tangibles; otras veces te parecerá que no, pero es eso, es una apuesta de tratar de utilizar el derecho de manera estratégica para promover cambios y apostar a que el derecho sí que tiene o puede tener una vocación transformadora.»

Estas son algunas de las ideas que aparecen en la entrevista, más bien breve y muy clara, que merece la pena leer. Os dejo el texto y el link al número 27 de Relaciones Internacionales dedicado a «Feminismos en las Relaciones Internacionales, 30 años después».

En torno al Derecho como campo para la acción feminista

Relaciones Internacionales, número 27.


Las luchas por el derecho: a propósito de los deshaucios

5 noviembre 2012

El sociólogo Pierre Bourdieu insistía en que el campo jurídico es un espacio de lucha. Una lucha por determinar qué es lo que el derecho establece, lucha que se rige por sus propias reglas, por las reglas propias del método jurídico. Si te interesa el tema, puedes buscar en internet su breve –pero enjundioso– trabajo «Los juristas, guardianes de la hipocresía colectiva».

Aunque la enseñanza del derecho tiende a ocultarlo, esta lucha forma parte del funcionamiento normal del derecho. Porque el derecho es un ámbito conflictivo: está formado por contenidos en tensión, como el principio del Estado de derecho y el principio del Estado social, y en él confluyen intereses sociales contrapuestos.

Todo esto viene a propósito de la noticia de ayer (4 de noviembre de 2012) que recogía el periódico El País, titulada «Los jueces sortean la dura ley del desahucio con autos vanguardistas». El artículo menciona las distintas vías que están utilizando algunos jueces para evitar la aplicación a rajatabla de la legislación hipotecaria. Una aplicación a rajatabla que no sólo deja sin vivienda a las personas, sino que les mantiene en situación de deudores, a ellos y a sus avalistas, en la cantidad de la deuda hipotecaria que no haya cubierto la subasta de la casa.

Es una lucha de una gran importancia social, como pone de manifiesto que desde 2008 se hayan ejecutado 350.000 desahucios. Un medida, por tanto, que puede haber afectado a más de un millón de personas (si tomamos como media que en cada vivienda desahuciada vivían tres personas).

Y es una lucha que se lleva a cabo utilizando las herramientas que permite la técnica jurídica. Como afirma una magistrada «No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla». Y esos matices se pueden encontrar en los principios generales, como la doctrina del enriquecimiento injusto o el abuso de derecho.

En última instancia, lo que se está planteando es la responsabilidad social de los juristas, en este caso de los jueces, ante una situación manifiestamente injusta. La posición más cómoda es la de quienes consideran que han de limitarse a aplicar la ley, a quienes no parece preocupar que de esta forma contribuyen a reproducir la desigualdad social y a reforzar el poder de la parte fuerte, en este caso los bancos.

Este tipo de luchas jurídicas también se producen en otros ámbitos. Por ejemplo, en la interpretación de la jurisprudencia laboralista sobre los requisitos que han de cumplirse para poder utilizar un expediente de regulación de empleo.


Activismo jurídico: recurso contencioso contra la OTAN

9 febrero 2011

 

El derecho administrativo no sólo trata sobre reglamentos, el procedimiento administrativo, los contratos o la expropiación. Regula también muchas cuestiones de tipo social, como puede ser la protección del medio ambiente, el tratamiento de la inmigración o la ayuda oficial al desarrollo. La política de derechos humanos de un determinado Estado se concreta en una infinidad de normas que podemos considerar incluidas dentro del derecho administrativo.

 

El movimiento ecologista ha venido utilizando los mecanismos jurídicos que el ordenamiento le permitía para luchar a favor de sus objetivos. Son ya incontables las ocasiones en las que los recursos judiciales presentados por asociaciones ecologistas han obligado a la Administración a cumplir la legislación medioambiental. El ordenamiento jurídico reconoce a las asociaciones ecologistas las mayores posibilidades de actuación (Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente).

 

El movimiento pacifista no ha sido tan activo desde el punto de vista jurídico como el ecologista. Esto se explica, en parte, por la propia lógica del «campo jurídico» (que diría Pierre Bourdieu). Una de las características que conforman este campo es que se establece una frontera entre los especialistas y los legos. Quienes no son juristas no saben cómo utilizar los recursos jurídicos, lo que supone un primer obstáculo para poder recurrir ante los tribunales. Este obstáculo se podría solventar a golpe de talonario, como hacen las empresas que contratan a sus abogados. El obstáculo es entonces económico, porque los grupos pacifistas no suelen andar sobrados de recursos, y probablemente prefieran dedicarlo a algo más fructífero que a pagar a un abogado.

 

Bueno, todo este rollo viene para decir que estoy participando en un recurso contencioso-administrativo contra el nuevo concepto estratégico de la OTAN, aprobado en la cumbre de Lisboa de noviembre de 2010. El escrito de interposición ha sido presentado por Justícia i Pau de Barcelona (pincha aquí para ver el escrito de interposición).

 

El viernes 28 de enero viajé a Barcelona para participar en una rueda de prensa a la que sólo asistió una periodista (del diario Ara). Los medios de comunicación “de palacio” parece que no lo consideraron una noticia importante para ocuparse de ella (ya nos vendieron la moto de la nueva OTAN en noviembre). “Desde fuera de palacio…” seguiremos informando.


Recurso contencioso contra el envío de tropas a Afganistán

2 marzo 2010

El viernes pasado, 26 de febrero, fui a Barcelona para participar en una rueda de prensa. Los miembros del Centro de Estudios para la Paz J.M. Delàs informamos de que el día antes habíamos interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno adoptada el 12 de febrero de 2010 de enviar un contingente de 511 militares a Afganistán.

La verdad es que parece que no ha tenido mucha repercusión mediática entre los grandes diarios de tirada nacional de este país. Supongo que no soy objetivo, pero creo que, al menos, la noticia se merecía unas líneas. Sobre todo porque hemos solicitado, como medida cautelar, que se ordene la paralización del envío de tropas o, en su caso, que se ordene su vuelta a casa.

El recurso se basa en que la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) supone la participación en una guerra contraria al Derecho español y al Derecho internacional.

Los argumentos en que se fundamenta el recurso contencioso-administrativo son:

1. El envío de tropas se ha realizado al margen de la Constitución española cuyo artículo 63.3 establece que «Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz». Este artículo resulta aplicable porque en Afganistán se está llevando a cabo una guerra. Aunque el envío de tropas fue autorizado por el Congreso de los Diputados el día 18 de febrero, no ha intervenido ni el Senado ni el Jefe del Estado.

2. Las tropas españolas no pueden participar en una misión de la OTAN que se sitúa claramente al margen del Tratado del Atlántico Norte, ratificado por el Estado español. Los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte sólo contemplan el uso de la fuerza armada en ejercicio del derecho a la legítima defensa ante un ataque armado a una de las partes en Europa o América del Norte, y hasta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya tomado las medidas pertinentes.

3. La ISAF se encuentra subordinada a la operación Libertad Duradera, prueba de ello es que el general Stanley A. McChrystal, es el Comandante de ambas. La operación Libertad Duradera es una guerra de agresión ya que incumple de forma manifiesta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y las condiciones a que se somete el derecho de legítima defensa establecidos en los artículos 2.4 y 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

4. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que autorizan el uso de la fuerza por parte de la ISAF son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no puede convalidar una guerra de agresión como es la guerra de Afganistán, ya que eso viola el contenido de la Carta de las Naciones Unidas.

Si alguien se ha quedado con ganas de más, puede leer el escrito de interposición completo

Por la tarde, aproveché para visitar La Pedrera y saludar a los viejos guerreros. Os dejo una foto de Flickr, realizada por Spiros2004 (http://www.flickr.com/photos/spiros2004/3297403298/).