Cine y derecho: «Yo, Daniel Blake» de Ken Loach y Castigar a los pobres de Loïc Wacquant

 

Me ha gustado mucho esta película de Ken Loach. He tardado en verla. Por suerte está disponible para préstamo en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que es una película muy recomendable para los estudiantes de derecho.

Como trasfondo, la película pone de manifiesto las enormes trabas burocráticas a las que tiene que hacer frente Daniel Blake, quien no puede trabajar porque ha sufrido un infarto. Como le han denegado la ayuda por incapacidad para trabajar, tiene que solicitar la prestación por desempleo. Lo que le obliga a buscar trabajo de forma activa, bajo amenaza de ser sancionado y perder el derecho a recibir ayudas. Y ello a pesar de que tiene que rechazar las ofertas de trabajo que recibe, porque según su médico, no se encuentra en condiciones de trabajar.

Me ha recordado alguna de las ideas que plantea Loïc Wacquant en su libro Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (editorial Gedisa). Wacquant plantea que la reducción del Estado social (del Estado caritativo americano que él estudia) se lleva a cabo a través de la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de ayuda social y, también, eliminando los programas de ayudas. Pero también se consigue a través de decisiones administrativas: multiplicando «los obstáculos burocráticos y los requisitos impuestos a los solicitantes con el objetivo de desalentarlos o eliminarlos de las listas de beneficiarios (aunque sólo sea de forma temporal)».

La tesis de fondo que mantiene Loïc Wacquant es que hay una vinculación funcional entre la reducción del sector asistencial social del Estado y el aumento paralelo del aparato penal y policial. Ambos sectores de la actuación estatal responden a la misma función, el control de los sectores más precarizados de la población.

De manera que los servicios sociales se han convertido en un instrumento de vigilancia y control de determinados sectores de la sociedad. A partir de la Family Suport Act (Ley de apoyo a las familias), se produjo una ola de reformas entre los años 1988 y 1995. No sólo se restringió la ayuda pública, sino que se condicionó al cumplimiento de determinadas normas de conducta, de carácter económico, sexual, familiar, educativa,… El requisito más común es que el beneficiario debe aceptar cualquier empleo o actividad similar que se le ofrezca (sin tener en cuenta el salario o las condiciones laborales), bajo la pena de perder el derecho a la asistencia. Wacquant considera que se ha producido la «conversión del derecho a la asistencia (welfare) en la obligación “trabajar a cambio de recibir asistencia” (workfare) destinada a dramatizar y valorizar la ética del trabajo en el nivel más bajo del escalafón laboral».

En cuanto al aparato penal, Loïc Wacquant considera que es un elemento estructural del neoliberalismo: es un «órgano central del Estado», que forma parte de «su mera arquitectura». Y critica las concepciones economicistas del neoliberalismo que no tienen en cuenta este aspecto (defecto en que incurre, a su juicio, David Harvey en su libro Breve historia del neoliberalismo).

En nuestro país también podemos encontrar ejemplos de trabas administrativas en ayudas sociales. Así, en la Comunidad de Madrid, durante el año 2017 se acordaron 1.305 suspensiones de la prestación de la renta mínima de inserción (RMI) durante la fase de seguimiento (lo que supone el 18% de las causas de suspensión, según el Balance anual de gestión de la renta mínima de inserción 2017, elaborado por la Comunidad de Madrid, pág. 22).

Por cierto, la dimensión de control social también está presente en la regulación legal de la RMI en la Comunidad de Madrid. Los beneficiarios de esta prestación están obligados, entre otras cuestiones, a «Acudir personalmente a las entrevistas concertadas por los profesionales de los servicios sociales, con la periodicidad y en las condiciones señaladas en el programa individual de inserción», así como a «Suscribir el preceptivo programa individual de inserción al que se comprometió al solicitar la prestación, y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo» [según los apartados e) y f) del artículo 12 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid]. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la suspensión de la prestación, e incluso a su extinción, con base en los artículos 13 y 15 de la Ley 15/2001. El artículo 52.1 del Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, define el programa individual de inserción como «una previsión de acciones cuya finalidad es evitar procesos de exclusión y favorecer la incorporación laboral e integración social para promover la inclusión de quienes carezcan de los recursos suficientes para desarrollar una vida autónoma y participativa, estableciendo un proceso o itinerario individualizado basado en las necesidades globales de la persona así como en sus potencialidades. Se configura como un instrumento dirigido a garantizar el acceso de la ciudadanía a los apoyos personalizados para la inserción social y, en su caso, laboral a los que se refiere el artículo anterior».

Esta realidad administrativa, la imposición de trabas burocráticas, podría analizarse utilizando las categorías de burorrepresión y de legalarbitrariedad.

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