Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid reconoce derecho a indemnización por retraso en el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción

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Esta entrada está dedicada a las personas que han formado parte del Taller Jurídico de la UAM. Ha sido publicada previamente en la página web de la campaña «Renta Mínima: es tu derecho»: http://rmituderecho.org/un-juzgado-de-lo-contencioso-administrativo-de-madrid-reconoce-derecho-a-indemnizacion-por-retraso-en-el-reconocimiento-de-la-renta-minima-de-insercion/

 

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En su sentencia 203/2006, de 14 de julio (procedimiento abreviado 253/2015), el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid ha reconocido el derecho a obtener una indemnización por responsabilidad patrimonial por el retraso de casi un año en reconocer a una persona la Renta Mínima de Inserción (RMI).

El Juzgado ha considerado que se trata de un supuesto de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración, al entender que el incumplimiento del plazo legalmente establecido para resolver las solicitudes de RMI «reviste las notas de esencial y significativo». Se trata, por tanto, de un daño que los ciudadanos no tienen el deber jurídico de soportar.

Legalmente el plazo es de tres meses, desde que la solicitud de RMI llega a la Consejería de Políticas Sociales y Familia (artículo 20.3 Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid). En el caso juzgado, la solicitud de RMI se presentó en septiembre de 2012, no siendo hasta diciembre de 2013 cuando se reconoció el derecho a recibir dicha prestación. La sentencia valora el daño causado por el Administración en 3.940 euros, resultado de multiplicar 358,22 euros (la cuantía de la RMI reconocida mensualmente) por los 11 meses del retraso administrativo.

La sentencia es firme, al no haber sido recurrida por la Comunidad de Madrid. Como ha sido dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no crea jurisprudencia. Pero es un importante precedente que podrá utilizarse en reclamaciones de responsabilidad patrimonial por retraso en el reconocimiento de la RMI. El Juzgado considera que ésta es una vía adecuada, frente al planteamiento del letrado de la Comunidad de Madrid que alegaba que debería haberse presentado un recurso administrativo y no una solicitud de responsabilidad patrimonial.

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