Notas para una charla sobre la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana)

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1 CONTEXTO GENERAL

1.1. La finalidad principal de la ley es reprimir las nuevas formas de protesta social

Durante la tramitación parlamentaria de la ley han limado los aspectos más escandalosos de la norma.

En mi opinión, la política que hay detrás de la ley es reprimir determinadas formas de protesta social. Sobre todo, si se tienen en cuenta las infracciones que establece.

1.2. Expansión del poder sancionador de la Administración

Se ha producido un desplazamiento del poder sancionador del Estado en materia de seguridad ciudadana: desde el procedimiento penal (más garantista) hacia el procedimiento administrativo sancionador.

  • En el procedimiento administrativo sancionador; las declaraciones de los policías tienen valor probatorio (artículo 52).
  • Las conductas sancionables se definen con un gran margen de indeterminación: será la Administración quien lo interpretará en primer lugar.
  • Esto implica un importante grado de inseguridad jurídica para los ciudadanos.
  • Derecho administrativo sancionador: puede ser utilizado de forma arbitraria por la Administración.

1.3. Distinguir entre derecho normado y derecho practicado

 

Una cosa es lo que dice la ley y otra cómo se aplica.

Esta ley se va a aplicar, en primer lugar, por la policía. Y por los Delegados del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Infracciones previstas: permiten un amplio margen de apreciación y, al mismo tiempo, suelen incluir elementos limitadores.

Habrá que estar a cómo se aplica por la policía. Teniendo en cuenta que habitualmente se utiliza el “canon policial de interpretación”: se interpreta la norma de aquella manera más limita los derechos y garantías de los ciudadanos.

Regla de interpretación del artículo 4.1: «las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga».

 

1.4. La ley no establece ningún mecanismo de protección de los ciudadanos frente a actuaciones arbitrarias o ilegales de la policía

 

A pesar del importante margen de apreciación que reconoce a la policía, la ley no establece ningún mecanismo para proteger a los ciudadanos frente a actuaciones arbitrarias de la policía.

 

  1. Sanciones más destacables

 

2.1. Manifestaciones no comunicadas (15M – escraches PAH)

 

15M: se ha caracterizado por llevar a cabo manifestaciones no comunicadas previamente.

Los escraches también se podrían incluir en este supuesto.

Dos infracciones:

[1] Regla general: «La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983» (artículo 37.1; infracción leve, de 100 a 600 €).

Esta será la infracción que se aplicará en la mayoría de los casos.

[2] Supuesto agravado: «Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones» (artículo 35.1, infracción muy grave: 30.000-600.000 €).

Se tiene que haber generado un riesgo para la vida o integridad física de las personas.

Responsables: los organizadores o promotores.

 

Problema: la ley establece de forma muy amplia quiénes se consideran organizadores o promotores de las manifestaciones no comunicadas (artículo 30.3):

«quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas».

 

2.2. Acciones contra desahucios (PAH)

 

«Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito» (artículo 36.4; infracción grave, de 601 a 30.000 €).

No es necesario que se impida realmente el desahucio, basta la intención de impedirlo (no es una infracción de resultado, sino de intención).

2.3. Ocupaciones de inmuebles (PAH)

 

«La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de delito» (artículo 37.7; infracción leve, de 100 a 600 €).

 

2.4. Acciones simbólicas de protesta (Greenpeace)

 

[1] Supuesto general: «El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes» (artículo 37.14; infracción leve, de 100 a 600 €).

Hay un elemento limitador.

[2] Supuesto agravado: «La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo» (artículo 36.9; infracción muy grave, de 30.001 a 600.000 €).

Elemento limitador: cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.

2.4. Manifestaciones frente al parlamento (15M – Rodea el Congreso)

 

«La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas» (artículo 36.2, infracción muy grave, de 30.001 a 600.000 €)

Destacable: no se requiere que estén reunidas las Cortes (elemento simbólico).

Elemento limitador: ha de producirse una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Si no concurre esta perturbación grave, se aplicará la sanción general por reunión o manifestación ilegal (infracción leve: de 100 a 600 €).

2.5. Tomar imágenes de la policía

 

«El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información» (artículo 36.23; infracción grave de 601 a 30.000 €).

No se sanciona la difusión de imágenes o datos personales de los policías por sí sólo. Debe concurrir un riesgo para la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones o el éxito de la operación (límite).

Es una falta de peligro, no de resultado: no es necesario que se produzca el daño.

 

Política de garantizar la impunidad de actuaciones policiales arbitrarias y contrarias a la ley (identificación de los policías).

 

2.6. Expulsiones en caliente

 

Regulación: disposición final primera (incluye una nueva disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000).

Establece una régimen especial para Ceuta y Melilla.

«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Finalidad: legalizar las expulsiones en caliente.

Es, a mi juicio, el supuesto más grave: es derecho administrativo del enemigo, se utiliza el derecho como un instrumento de combate contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla.

Se produce una eliminación de raíz de los derechos y garantías de los extranjeros, para expulsarles del territorio nacional al margen de los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería.

2.7. Sin techo

«Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal» (artículo 37.13; infracción leve, de 100 a 600 €).

Podría aplicarse a las personas que duermen en la calle. Especialmente, a través del concepto de deslucimiento.

Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos, a través de ordenanzas, pueden especificaciones o graduaciones en las infracciones y sanciones tipificadas en la ley (artículo 32.3). Muchas Ordenanzas de convivencia prohíben dormir en la calle.

 

2.8. Sanciones “escoba”

 

[1] «Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal» (artículo 37.4; infracción leve, de 100 a 600 €).

[2] «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito» (artículo 36.6; infracción grave, de 601 a 30.000 €).

Tanto la desobedicencia/resistencia a la autoridad como las faltas de respeto y consideración son tan indeterminadas (tan flexibles) que pueden ser utilizadas en cualquiera de los casos mencionados anteriormente.

Servirían así como una especie de “infracción escoba”, aplicable cuando no se pudiera aplicar otra infracción.

Se aplicará la sanción mayor, si un mismo hecho es sancionable por más de una infracción (artículo 31)

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