La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana y la difusión de imágenes de policías

La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana tipifica como infracción grave «El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información» (artículo 36.26). Como infracción grave, la sanción que le corresponde es una multa entre 601 y 30.000 euros (artículo 39.1).

Hay que señalar que se ha “depurado” bastante el contenido de esta infracción. El Anteproyecto recogía una infracción mucho más amplia, ya que se sancionaba «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación, sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información». De esta manera se han pulido los problemas de inseguridad jurídica y la posible vulneración del contenido del derecho a la libertad de información.

En sentido literal, el artículo 36.26 no sanciona cualquier difusión de imágenes o datos de policías, sino únicamente cuando dicha difusión pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes o el éxito de la operación. Prima así el ejercicio del derecho a la libertad de información, protegido por el artículo 20 de la Constitución.

Según este artículo, sería sancionable, por ejemplo, la difusión de la imagen de un policía acompañada de su nombre y los datos de su domicilio. Algo que, en mi opinión, es razonable: en este caso se otorga prioridad a la seguridad personal y familiar del policía frente al derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información. Sin embargo, a mi juicio, no sería sancionable la difusión de vídeos o imágenes que muestren actuaciones arbitrarias o desproporcionadas por parte de la policía (como en los vídeos de Juan Carlos Mohr, Javier Romero y Alicia Armesto, y Jaime Alekos que ilustran esta entrada). La difusión de estas imágenes no es más que el ejercicio del derecho a la libertad de información. Y también puede estar cubierta por el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a criticar la actuación de las autoridades públicas. Este artículo tampoco prohíbe tomar imágenes de actuaciones policiales.

Por todo esto, considero que la imposición de sanciones administrativas por el mero hecho de difundir imágenes de la policía es ilegal, es contraria a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Siempre que no se ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los policías o se ponga en riesgo el éxito de una operación (esto último es algo que difícilmente concurrirá si las imágenes se difunden una vez concluida la actuación policial).

Hasta ahora, he señalado la interpretación que me parece razonable del artículo 36.26, interpretación compatible con el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información. Habrá que ver de qué manera va a interpretar esta sanción la policía. Ahí es donde, a mi juicio, se encuentran los problemas: en el derecho practicado más que en el derecho normado. Alguna vez me he referido al «canon policial de interpretación»: optar por aquella interpretación que minimiza los derechos de los ciudadanos. Mi impresión es que la actuación policial se va a situar entre ese canon policial de interpretación y la imposición de sanciones ilegales (como una variante más del derecho policial del enemigo). Una buena pista nos la ofrece la denuncia por falta de vejación injusta a la periodista Alicia Armesto.

Una de las tareas que habrá que realizar a partir de ahora es documentar de qué forma se está aplicando la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Para saber cómo se está ejerciendo esta potestad sancionadora. Comienza, por tanto, la lucha en el campo jurídico para determinar cómo debe interpretarse y cómo debe aplicarse esta ley. Una lucha en la que no sólo intervienen los jueces y las juezas; también participan abogados y abogadas, estudiosos y estudiosas del derecho, incluso los movimientos sociales pueden jugar un papel.

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