Comercio de armamento y corrupción

defexweb

Publicado previamente en el blog “Adiós a las armas” (3 de marzo de 2015)

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Este verano se hizo público que el juez Pablo Ruz estaba investigando un presunto caso de corrupción en una operación de venta de material policial al Gobierno de Angola, realizada a través de la empresa pública española Defex S. A. Seis son los delitos investigados: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, y falsedad documental. Nueve miembros de Defex habían sido detenidos, entre ellos, el presidente y el director financiero.
La exportación del material policial se habría realizado entre los años 2008 y 2009, por un valor de 152 millones de euros. Según el periódico El Mundo (7/1/2015) el valor del material exportado ascendería a 35 millones de euros. La operación se realizó a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Defex S.A. y la empresa privada Comercial Cueto 92 S.A. Del total del precio del contrato se habrían desviado 41 millones de euros a Luxemburgo.
Resulta destacable el enorme margen de beneficio que ha supuesto la operación: 117 millones de euros, si tomamos como correcta la valoración del material policial en 35 millones de euros: casi un 77% de margen. A esos 117 millones de euros hay que descontar la suma de comisiones que Defex abonó a las autoridades angoleñas como contraprestación a que el contrato se hubiera adjudicado a empresas españolas.
Probablemente este no sea un caso de corrupción aislado dentro del comercio de armamento español. Defex es una empresa en la que la Administración española posee el 51% de las acciones a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Su finalidad es representar a las empresas armamentistas españolas para facilitar la exportación de armamento. Es una de las piezas que componen la política gubernamental de fomento de las exportaciones de armas. Una política en la que la transparencia brilla por su ausencia. Así, por ejemplo, son secreto de estado el contenido de las actas del órgano administrativo que autoriza las exportaciones de armamento: la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. En el caso de Defex, al tratarse de una sociedad mercantil, está sometida a menos controles internos por parte de la Administración y su actividad permanece prácticamente oculta ante la opinión pública. Nos encontramos por tanto dentro de un contexto en el que hay bastantes incentivos para que se lleven a cabo actuaciones corruptas.
Otra de las cuestiones de fondo es si la administración española está abonando comisiones ilegales como un instrumento para favorecer las exportaciones de armamento a determinados países. A mi juicio, parece razonable pensar que sí se está haciendo, al menos, en las exportaciones a países marcados por un importante grado de corrupción. En este sentido, según el índice de percepción de la corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional Angola apenas alcanza los dos puntos dentro de una escala en la que cero significa una percepción de país muy corrupto y diez una percepción de ausencia de corrupción. Otros países a los que España ha exportado armamento que tienen un preocupante índice de percepción de la corrupción son: Venezuela, México, Egipto, Marruecos, Indonesia, Argelia, Kazajstán o Camerún.
Lo más preocupante de todo es que este caso va más allá de la corrupción urbanística o del desvío de fondos públicos en la contratación administrativa. Si un país como España no tiene ningún reparo en exportar armamento a un país marcado por la corrupción, utilizando además mecanismos que favorecen dicha corrupción, está poniendo de manifiesto que su único interés es vender armas a cualquier precio. Sin que le preocupe la situación interna del país comprador, ni las posibles violaciones a los derechos humanos que dicho país puede cometer. No sería la primera vez en que un gobierno corrupto ataca a su pueblo con las armas que le ha vendido un país que alardea de ser democrático.

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