El comercio de armas como un instrumento de la política militar internacional: a propósito de las exportaciones a los kurdos iraquíes

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Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado apoyar a los países miembros que quieran suministrar armamento a las autoridades kurdas de Irak. Esta decisión pone de manifiesto que los Gobiernos de los países de la Unión Europea utilizan el comercio de armamento como un instrumento más de su política militar. Resulta especialmente activa la posición de Francia, quien ya entregó armas a los rebeldes libios en 2011. El suministro de armas a las autoridades kurdas es una medida que respalda la intervención militar directa de Estados Unidos en la zona.

En mi opinión, estas exportaciones de material de defensa se van a realizar al margen de la normativa de la Unión Europea sobre esta materia: la Posición Común 2008/944/PESC sobre control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Según el criterio 3 de la Posición Común, a la hora de autorizar transferencias de armamento, ha de tenerse en cuenta la situación interna del país de destino final, en relación con la existencia de tensiones o conflictos armados. Este criterio establece que «Los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de tecnología o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos existentes en el país de destino final». Parece claro, por tanto, que los Estados miembros no podrían autorizar entregas de armas a las autoridades kurdas, ya que ello iría en contra de lo establecido en la Posición Común.

Sin embargo, el derecho realmente practicado por los Estados de la Unión Europea pone de manifiesto la enorme flexibilidad con la se interpretan los criterios establecidos en la Posición Común 2008/944/PESC. Prueba de ello son las denominadas exportaciones de armamento «con fines humanitarios», exportaciones que se considera que «pueden contribuir significativamente a garantizar la seguridad de la población civil y a facilitar la reconstrucción económica». Así, las entregas de armas a los rebeldes libios por parte de Francia en 2001 se justificaron con base en argumentos humanitarios. El problema es que estas mal llamadas exportaciones con fines humanitarios no están previstas en la Posición Común, sino en un documento sin valor jurídico alguno, la Guía del Usuario de la Posición Común.

Se demuestra así que los Estados miembros de la Unión Europea no otorgan en la práctica valor jurídico vinculante a la Posición Común 2008/944/PESC, a pesar de que así lo establece el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea. En la práctica, los Gobiernos de los países de la Unión Europea no consideran que la Posición Común suponga un límite alguno a sus decisiones más importantes sobre exportaciones de armamento. Ya que otorgan prioridad a sus intereses económicos, políticos o militares frente a la defensa de los derechos humanos o a la prevención de los conflictos.

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