La regulación del acceso a la abogacía es excluyente y clasista

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La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales estableció dos requisitos adicionales para que los licenciados o graduados en derecho pudieran ejercer como abogados: realizar un curso de formación especializada de 60 créditos más un período de prácticas externas y superar una prueba de evaluación.

Esta regulación ponía de manifiesto la devaluación del grado en derecho frente a la licenciatura. El nuevo sistema se aplica, fundamentalmente, a los graduados. Anteriormente bastaba con la licenciatura en derecho para poder colegiarse y ejercer libremente la abogacía, algo que ya no será posible para los graduados.

En cuanto a la formación, ésta podría llevarse a cabo por universidades públicas y privadas, así como por escuelas de práctica jurídica. Según el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, el Máster de acceso a la abogacía debe comprender 60 créditos más 30 de prácticas externas.

Los precios a los que se ofrece el máster de acceso a la abogacía son bastante altos. Para el curso 2014/2015 (según el Decreto 80/2014) los precios de las universidades públicas de Madrid son: 3.150 euros en la Universidad Complutense y la Rey Juan Carlos (35 € por crédito); 3.622,5 euros la Universidad Autónoma (40,25 € por crédito); 4.500 euros en la Universidad de Alcalá (50 € el crédito) y 7.200 euros en la Carlos III (80 euros por crédito). Hay instituciones privadas que lo ofrecen a un precio mucho mayor: en el Centro de Estudios Garrigues cuesta entre 22.000 y 26.000 euros, dependiendo de la especialidad; el precio alcanza los 29.458 euros en el caso del máster ofrecido por la Universidad de Navarra.

La segunda pieza del nuevo sistema es el examen estatal. Según el artículo 7.1 de la Ley 34/2006, la evaluación de la aptitud profesional «tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales». El examen tendrá una periodicidad anual, será el mismo en todo el territorio nacional, y no se establece un número limitado de plazas.

La primera prueba ha sido convocada por la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2014. Esta Orden establece, en su artículo 10, un examen tipo test de 75 preguntas, con una duración de cuatro horas. 50 preguntas se refieren a las materias comunes de la profesión de abogado, cuyo temario se divide en dos bloques: 1) deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de abogado; y 2) cuestiones generales de derecho, el proceso y la asistencia letrada. Las otras 25 preguntas tratan de una especialidad jurídica a elegir entre una de estas cuatro: 1) civil y mercantil; 2) penal; 3) administrativo y contencioso-administrativo; y 4) laboral. La participación en la prueba era gratuita.

Que los Ministerios de Justicia y de Educación hayan optado por un examen tipo test para comprobar si se acreditan las competencias prácticas que requiere el ejercicio de la profesión de abogado es sólo un ejemplo más del nivel de chapuza con el que se hacen las cosas en este país. En mi opinión, un examen tipo test no es un instrumento adecuado para evaluar las competencias que se supone que se han adquirido a través del máster de acceso a la abogacía. Si fuera así, no sería necesario el examen práctico para sacarse el carné de conducir. Me remito a las críticas realizadas al respecto por Jesús Alfaro «La convocatoria del examen de acceso a la profesión de abogado es una estafa», y por José Ramón Chaves «Convocada en el BOE la prueba de acceso a la abogacía española: texto y contexto».

En mi opinión, el nuevo sistema de acceso a la abogacía es excluyente y clasista. Nos encontramos ante una medida excluyente, en primer lugar, porque las universidades públicas no van a ofertar un número suficiente de plazas para cubrir la demanda de todos sus graduados. Demanda que tampoco va a ser cubierta con la oferta de las universidades privadas y otras instituciones, que parece que están optando por ofrecer muy pocas plazas. De esta manera se establece un primer sistema de filtro a través de una especie nueva de números clausus: no todos los graduados que quieran van a poder trabajar como abogados.

Es además clasista porque no todos los estudiantes van a tener recursos suficientes para poder hacer frente al elevado coste que supone el máster. Las plazas más baratas que ofrecen algunas universidades públicas serán cubiertas por los mejores expedientes. A quien no le llegue la nota sólo le quedará la opción de endeudarse para realizar un máster privado caro. Este problema no lo tendrán los estudiantes de clase alta, que siempre podrán hacer frente a los elevados precios de los másteres privados.

Es muy probable que surja una nueva categoría dentro de las profesiones jurídicas: los graduados en derecho que no han realizado el máster de acceso y, por tanto, no pueden ejercer ante los tribunales. Una nueva categoría más precaria que podría encargarse de los trabajos más pesados, como búsquedas de jurisprudencia, análisis de documentación,… De hecho escuché a una Vicedecano de mi facultad comentar en una charla que los grandes despachos ya estaban pensando en ello.

Una alternativa para que el sistema de acceso a la abogacía fuera menos excluyente y clasista sería establecer únicamente el requisito de que los graduados en derecho debieran pasar un examen estatal. Sin que fuera obligatorio realizar un máster de acceso a la abogacía. Esta idea de máster opcional y un buen examen final es lo que ha propuesto Pablo Salvador Coderch en un editorial de la revista InDret. De esta forma sería posible que los estudiantes se preparasen por libre dicho examen (a mí no me importaría resolver dudas de mis antiguos alumnos o permitirles asistir a clase como oyentes en las clases de casos prácticos), sin tener necesariamente que hacer frente al importante desembolso económico que supone realizar el máster de acceso. Alguna universidad podría incluso orientar su plan de estudios y su modelo de docencia para que sus graduados estuvieran en condiciones de superar el examen estatal una vez terminado el grado en derecho.

Los planes ministeriales parece ser que van en dirección contraria. Hace más o menos un año, fue invitado al seminario de profesores de mi facultad el Subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Bravo Rivera. Comentó que estaban barajando la posibilidad de establecer como obligatorio o sólo el máster o sólo el examen: se decantaban por establecer como único requisito pasar el máster. De esta forma se reforzaría el cariz excluyente y clasista de la regulación del acceso a la profesión de abogado.

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