El Gobierno no tendrá que indemnizar a Instalaza por responsabilidad patrimonial

mat-120

En 2008, el Gobierno español decidió establecer una moratoria unilateral sobre bombas racimo, por la que se prohibía la exportación de este tipo de armamento. Esta decisión se adoptó antes de que entrara en vigor la Convención de Dublín que prohíbe la utilización, la producción y la comercialización de bombas racimo.

La empresa Instalaza S. A. presentó una reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial, ya que consideraba que tanto la moratoria como la firma de la Convención de Dublín por el Estado español le había provocado daños por valor de 54 millones de euros, como mínimo. Instalaza fabricaba la bomba racimo «MAT 120».

El Gobierno consideró que no había lugar a indemnización, e Instalaza interpuso un recurso contencioso-administrativo. Finalmente, la Audiencia Nacional, en su sentencia de 28 de octubre de 2013, ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por Instalaza.

El núcleo de la argumentación de la sentencia es que no ha lugar a indemnización porque existe deber de soportar el daño (en realidad es la argumentación del Gobierno que hace suya la Audiencia Nacional). Todo ello en el marco de adopción de un tratado internacional. Se trata además de una medida general, aunque sólo parece afectar a dos empresas españolas. Es además una medida previsible, por lo que no se dan las condiciones para la confianza legítima.

La sentencia, por otro lado, recoge el argumento del Abogado del Estado que apunta a que se ha llevado a cabo una compensación de daño por una vía extraprocesal. Así, el segundo párrafo de la página 6 de la sentencia señala que «desde el Ministerio de Defensa se han seguido impulsando contratos de suministro de municiones convencionales y de desmantelamiento de municiones de racimo con INSTALAZA, que le ha supuesto una facturación no prevista». Parece así que se habría dado cierto trato de favor a Instalaza en las adquisiciones de armamento por parte del Ministerio de Defensa. Un ejemplo reciente es la venta al ejército de tierra del lanzagranadas ligero Alcotán por valor de 4 millones de euros.

Por último, es interesante la cuantificación del daño que realiza la empresa Instalaza. Hacen referencia a tres escenarios. Según el escenario mínimo, los daños ascenderían a 54.776.980,48 euros; según el escenario razonable 59.905.880,48 euros; y 84.166.380,48 euros según el escenario máximo. De esta forma, Instalaza está incluyendo meras expectativas en su reclamación; meras expectativas que por definición no son indemnizables.

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 28 de octubre 2013

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