¿Derechos sin deberes? Por José Antonio Estévez Araújo

estévez araújo

Recojo este texto de José Antonio Estévez Araújo, relacionado con el Libro de los deberes que ya he comentado brevemente en el blog. Y del que vuelvo a recomendar encarecidamente la lectura (esta vez después de haberlo leído).

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El 16 de febrero pasado tuvieron lugar medio centenar de manifestaciones en otras tantas ciudades españolas. Las manifestaciones fueron convocadas por las Plataformas de Afectados por la  Hipoteca. El manifiesto de convocatoria decía que estas acciones se realizarían «por el derecho a la vivienda». Los manifestantes reclamaban, pues, el reconocimiento de ese derecho. Uno podría preguntarse, sin embargo, ¿es que los manifestantes no saben que ese derecho ya existe? El artículo 47 de la Constitución española dice que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». También la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales reconocen el derecho a la vivienda. ¿Por qué reclaman algo que ya tienen?

Lo que ocurre es que los manifestantes saben que aunque el texto de la Constitución diga que se reconoce el derecho a la vivienda, este, en realidad no existe. El derecho a la vivienda no existe, porque nadie tiene el deber de proporcionar una vivienda a quien carece de ella. Como se señala en El libro de los deberes, el contenido de un derecho es el deber que otras personas o instituciones tienen de respetar o proporcionar el bien protegido por ese derecho. Para que un derecho tenga contenido, alguien tiene que tener el deber de satisfacerlo. Si no, ese derecho está vacío, aunque formalmente aparezca reconocido en un texto jurídico.

Los miembros de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca o de Stop Desahucios están luchando para empezar a dotar de contenido al derecho a la vivienda. Es decir, están llevando a cabo una campaña para establecer deberes que hagan posible que todas las personas puedan disfrutar de ese bien básico. Esa campaña comprende, además de manifestaciones, actos de oposición a los desahucios, ocupación de sedes bancarias o campamentos frente a las entidades financieras. Se ha elaborado también una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que ha recogido 1.400.000 firmas y que el Congreso ha admitido a trámite.

El caso de esta campaña es un excelente ejemplo del tipo de procedimientos que históricamente se han seguido para que fueran reconocidos nuevos derechos. Primero, es necesario generar consenso social en torno a la expectativa que se pretende que sea reconocida como derecho. Eso exige mucho trabajo de reflexión, de organización y de difusión. La aspiración tiene que ser formulada de manera precisa, tiene que ser dada a conocer y justificada, hay que crear instituciones y realizar acciones que la sustenten. Los defensores de la propuesta tienen que traspasar las barreras del campo político para conseguir que las instituciones estatales la tomen en serio. Esos son pasos que quienes luchan por el derecho a la vivienda han conseguido dar ya.

Si se alcanzan los objetivos contenidos en la ILP, el derecho a la vivienda dejará de ser un derecho vacío. No será un derecho pleno, pero empezará a tener contenido. Ese contenido está constituido por los deberes que la ILP pretende imponer. En primer lugar, el deber de que los bancos liquiden la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda (dación en pago). En segundo lugar, el deber de que los bancos no desahucien a las personas que no pueden pagar su hipoteca mientras dure la crisis (una crisis de la que esos mismos bancos son los causantes). En tercer lugar, el deber de que los propietarios de viviendas vacías (especialmente los bancos) pongan estos inmuebles a disposición de las personas mediante alquileres sociales. Estos deberes tienen que ser impuestos y garantizados por el estado para que el derecho a la vivienda empiece a tener algún contenido.

El derecho a la vivienda sólo tendrá un contenido pleno cuando el estado tenga el deber de garantizar que todos puedan tener acceso a la misma. Eso no se logrará por ahora, aunque es el horizonte final que se pretende alcanzar. Si la ILP llega a buen término se conseguirá que muchas personas que ahora tienen una vivienda no se vean privadas de ella por no poder pagarla. Se conseguirán también herramientas para luchar contra el sinsentido de la existencia de personas sin casas y casas sin personas. Son objetivos tremendamente importantes. La admisión a trámite de la ILP es un paso para conseguirlos. Pero será necesario mantener una intensa presión para que el parlamento finalmente la apruebe.

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