Las luchas por el derecho: a propósito de los deshaucios

El sociólogo Pierre Bourdieu insistía en que el campo jurídico es un espacio de lucha. Una lucha por determinar qué es lo que el derecho establece, lucha que se rige por sus propias reglas, por las reglas propias del método jurídico. Si te interesa el tema, puedes buscar en internet su breve –pero enjundioso– trabajo «Los juristas, guardianes de la hipocresía colectiva».

Aunque la enseñanza del derecho tiende a ocultarlo, esta lucha forma parte del funcionamiento normal del derecho. Porque el derecho es un ámbito conflictivo: está formado por contenidos en tensión, como el principio del Estado de derecho y el principio del Estado social, y en él confluyen intereses sociales contrapuestos.

Todo esto viene a propósito de la noticia de ayer (4 de noviembre de 2012) que recogía el periódico El País, titulada «Los jueces sortean la dura ley del desahucio con autos vanguardistas». El artículo menciona las distintas vías que están utilizando algunos jueces para evitar la aplicación a rajatabla de la legislación hipotecaria. Una aplicación a rajatabla que no sólo deja sin vivienda a las personas, sino que les mantiene en situación de deudores, a ellos y a sus avalistas, en la cantidad de la deuda hipotecaria que no haya cubierto la subasta de la casa.

Es una lucha de una gran importancia social, como pone de manifiesto que desde 2008 se hayan ejecutado 350.000 desahucios. Un medida, por tanto, que puede haber afectado a más de un millón de personas (si tomamos como media que en cada vivienda desahuciada vivían tres personas).

Y es una lucha que se lleva a cabo utilizando las herramientas que permite la técnica jurídica. Como afirma una magistrada «No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla». Y esos matices se pueden encontrar en los principios generales, como la doctrina del enriquecimiento injusto o el abuso de derecho.

En última instancia, lo que se está planteando es la responsabilidad social de los juristas, en este caso de los jueces, ante una situación manifiestamente injusta. La posición más cómoda es la de quienes consideran que han de limitarse a aplicar la ley, a quienes no parece preocupar que de esta forma contribuyen a reproducir la desigualdad social y a reforzar el poder de la parte fuerte, en este caso los bancos.

Este tipo de luchas jurídicas también se producen en otros ámbitos. Por ejemplo, en la interpretación de la jurisprudencia laboralista sobre los requisitos que han de cumplirse para poder utilizar un expediente de regulación de empleo.

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