El Estado y la socialización de costes privados: a propósito del llamado banco malo

 

Una de las funciones de las que se está encargando la intervención pública en la economía es garantizar que determinados sujetos privados puedan socializar costes suyos, haciendo que dichos costes sean asumidos por el conjunto de la sociedad a través de los presupuestos generales. Esta socialización de costes privados no se produce a través del funcionamiento del mercado, sino que puede llevarse a cabo gracias a las normas que aprueba el Estado. Esto es algo que aprendí leyendo el trabajo de Juan Ramón Capella «Transformaciones del Estado contemporáneo», recogido en su libro Los ciudadanos siervos.

Un ejemplo de esta socialización de costes privados puede ser el llamado “banco malo” que adquirirá los activos inmobiliarios de las entidades de créditos que éstas no pueden vender o no quieren vender al precio que determinaría el mercado. Se trata de activos cuya valoración contable es mayor que el valor que realmente tendrían actualmente en el mercado, ya que su tasación se hizo durante el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Si los bancos vendieran esos activos por debajo de su valoración contable, a precios de mercado, incurrirían en pérdidas e incluso podrían quebrar.

Aquí es donde entra en juego el llamado “banco malo”, que en realidad es una «sociedad de gestión de activos» que tendrá la forma jurídica de sociedad anónima. Esta sociedad de gestión de activos está regulada en los artículos 35 y 36 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria puede obligar, por medio de un acto administrativo, a las entidades de crédito que transmitan a la sociedad de gestión de activos «determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de la entidad se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja del balance a dichos activos y permitir la gestión independiente de su realización» (artículo 35.1 RDL 24/2012).

De esta forma la sociedad de gestión adquiere los activos, recibiendo las entidades de crédito un precio a cambio. El problema fundamental es cómo se van a valorar dichos activos. Si se valoran por encima del mercado es probable que la sociedad de gestión tenga que asumir pérdidas, ya que tendrá que venderlos a un precio menor, el precio de mercado. Pérdidas a las que se tendrá que hacer frente por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. Quien se beneficia de esa valoración al alza son, obviamente, las entidades de crédito. Si la valoración de los activos se realiza a la baja, la sociedad de gestión no tendrá porqué incurrir en pérdidas, éstas serán asumidas por las entidades de crédito. Entidades que, dicho sea de paso, tuvieron un papel fundamental en la formación de la burbuja inmobiliaria.

El Real Decreto-ley 24/2012 no establece ningún criterio de valoración (artículo 36). Se limita a señalar que será el Banco de España quien «determinará el valor de los activos sobre la base de los informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes» y que los criterios de valoración se determinarán reglamentariamente (art. 36.2). Aunque sí se menciona que las metodologías de valoración «deberán ser coherentes y adecuadas para proporcionar una estimación realista de los activos». No se establece, en principio un criterio de valoración según mercado, sino que se realizará una estimación realista de su valor.

Habrá que estar a los criterios de valoración que establezca el reglamento que desarrolle el Real Decreto-ley 24/2012. Aunque ya se manifiesta un tufillo a socialización de costes privados a través de la «estimación realista» de los activos. Un concepto jurídico indeterminado que vete a saber lo que significa, pero está claro que supone que los activos inmobiliarios no van a ser valorados a precio de mercado. Al final seremos los ciudadanos los que pagaremos los platos rotos de la burbuja inmobiliaria. El otro día escuché a José Manuel Naredo que las burbujas son juegos de suma cero. En este caso las cuentas son claras: los bancos se llevan los beneficios, los ciudadanos se hacen cargo de las pérdidas.

Quienes pretender justificar que no se producirán pérdidas para el erario público señalan que los activos inmobiliarios se venderán dentro de unos años, diez o más, una vez que repunte el precio de los inmuebles. Si ello es así, habrá que tener en cuenta que no tiene el mismo valor un euro hoy que dentro de diez o quince años, por el efecto de la inflación. Si los activos se venden dentro de esos años al mismo precio que son valorados hoy, también se producirán pérdidas para el erario público. Otra cosa es si el Gobierno pretende engañar a la ciudadanía de ese modo. En cualquier caso, el mero traspaso de activos inmobiliarios ya supone una socialización del riesgo de obtener pérdidas. Riesgo que pasa de manos de los bancos a la de todos los ciudadanos.

Un último comentario tiene que ver con el mecanismo que se ha utilizado para transferir los activos. Como ya he mencionado se hará a través de un acto administrativo y será el Banco de España quien valore los activos. Si el problema es tan importante, se podría haber usado la expropiación por fines de utilidad pública. La cuestión es que los activos expropiados se valorarían, como mucho, a precio de mercado. Y eso es algo que parece que no interesa, no se vayan a provocar pérdidas a los bancos.

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