Sobre la autorización para convocar un referéndum municipal

Cartes es un municipio cántabro de unos 5.000 habitantes. Su Ayuntamiento quiere someter a una consulta popular la ubicación del mercado ambulante municipal. ¿Qué se requiere para poder celebrar un referéndum sobre una decisión de tanto calado político? Pues nada más y menos que la autorización del Gobierno español que, por fortuna para los vecinos y vecinas de Cartes acaba de ser concedida, como se refleja en la referencia del Consejo de Ministros del día 25 de mayo de 2012.

El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum exige la autorización del Gobierno del Estado para que pueda celebrarse una consulta popular, aunque se trate de una consulta de ámbito local. Esta exigencia pone de manifiesto una desconfianza hacia este instrumento. La autorización del Gobierno funciona como un mecanismo de control, para evitar que se celebren referéndums de ámbito local o autonómico sobre cuestiones que no le interesan al poder central, como son las consultas sobre la independencia del Estado. La Ley Orgánica 2/1980 muestra una concepción jibarizante del principio democrático. De paso, nos brinda ejemplos dignos de esa tradición patria que es el esperpento.

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