El anteproyecto de la Ley de la opacidad de la defensa

El Anteproyecto de la Ley de Transparencia consagra la defensa nacional como un ámbito opaco al escrutinio de los ciudadanos. El Anteproyecto pretende reconocer el derecho de acceso a la información en poder de las Administraciones públicas. Sin embargo, este derecho no puede ejercerse sobre aquella información que afecte a la seguridad nacional y a la defensa. La exclusión en materia de defensa tiene carácter absoluto al quedar totalmente fuera del concepto de información pública.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia es así mucho más restrictivo que la Ley sobre Secretos Oficiales. Según esta última, el Gobierno puede clasificar como secreta aquella información cuyo conocimiento público pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Es la existencia de una situación de riesgo la que justifica que se mantenga oculta a los ciudadanos determinada información.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia no exige que el conocimiento de la información pueda suponer un peligro para la defensa. Se trata de un matiz muy importante, ya que de esta manera se permite que el Gobierno decida libremente qué información hacer pública y cuál no. Obviamente, no se informará sobre aquellas cuestiones que puedan ofrecer a los ciudadanos una imagen negativa de la defensa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no tendría porqué informar sobre el coste económico de las operaciones militares en el exterior o sobre la cifra de muertos y heridos que se han producido.

La regulación es coherente con el concepto de cultura de defensa establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Cultura de defensa que tiene como finalidad que la sociedad española se identifique con la actuación de las Fuerzas Armadas.

Según el anteproyecto, el derecho de acceso a la información pública también podrá ser restringido si la divulgación de la información puede suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales. Esta excepción podría aplicarse a cuestiones relacionadas con la defensa nacional como el comercio de armamento. El Gobierno clasificó como secretas las actas del órgano administrativo que decide sobre las autorizaciones de exportación de armamento. La futura Ley de Transparencia podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista. El secretismo en el comercio de armas tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento, como se puso de manifiesto con el escándalo de la exportación de bombas racimo españolas a Libia en 2008.

En definitiva, el Anteproyecto de la Ley de Transparencia no hace más que confirmar que la defensa nacional es uno de los ámbitos políticos con mayor déficit democrático. Nuestros poderes públicos no quieren que se abra un debate público sobre la política de defensa, sobre porqué y de qué debemos defendernos. Ésta es la razón de fondo por la que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información sobre cualquier cuestión relacionada con la defensa.

Una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional. Por ello, se solicita la modificación del anteproyecto para que se incluyan expresamente la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública.

 

 

Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs – Justícia i Pau

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