OTAN se escribe con “a” de Antidemocrática

El periódico El Mundo me publicó este artículo el día 3 de diciembre, cambiando el título original por el de “La OTAN esquiva el debate democrático” y recortando algo del texto.

Según el Tratado del Atlántico Norte, aprobado en 1949, la OTAN es una alianza militar de carácter defensivo. Las únicas acciones militares previstas en el Tratado se basan en el derecho de legítima defensa, que se ejercerá en caso de que uno de los Estados miembros sufra un ataque armado en el territorio de Europa y América del Norte. Para disuadir a posibles enemigos, los miembros de la OTAN se comprometen a incrementar sus capacidades militares para resistir un ataque armado. También se establece que los Estados miembros se consultarán en caso de que se encuentren amenazadas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de uno de sus miembros. En resumen, la OTAN se configura como una organización que únicamente puede intervenir militarmente en supuestos de legítima defensa, frente a ataques armados sobre el territorio de Europa y América del Norte.

El nuevo concepto estratégico aprobado recientemente en la Cumbre de Lisboa va más allá del tenor literal del Tratado del Atlántico Norte. El nuevo concepto estratégico de la OTAN parte de una concepción amplia de la defensa, que no se limita a la protección del territorio frente a posibles ataques armados, sino que también incluye la respuesta a amenazas como la proliferación de armas nucleares, el terrorismo, los ciberataques, y la protección de las principales rutas de comercio y de aprovisionamiento de fuentes de energía.

En línea con esa concepción amplia de la defensa, el nuevo concepto estratégico establece que la OTAN puede actuar más allá de sus fronteras en caso de que se vea amenazada la seguridad de los países que la integran. Aunque se menciona expresamente que la responsabilidad fundamental de la OTAN es defender el territorio y la población de los Estados miembros, también se señala que la Alianza se defenderá contra cualquier amenaza que afecte a su seguridad. La OTAN participará en operaciones de prevención de crisis, de gestión de crisis, de estabilización después de un conflicto, y de apoyo a la reconstrucción. Incluso se señala que si las acciones para prevenir un conflicto no son efectivas, la OTAN estará preparada y será capaz de iniciar hostilidades; es decir, se reconoce que la OTAN podría llevar a cabo operaciones militares ofensivas.

La doctrina estratégica de la OTAN reconoce así la posibilidad de un amplio intervencionismo militar. Intervencionismo que plantea muchos problemas. Uno de los más importantes es si la OTAN va a actuar siempre respetando la Carta de las Naciones Unidas, ya que el nuevo concepto estratégico deja la puerta abierta a acciones militares unilaterales de la OTAN al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Muy relacionado con lo anterior, se encuentra la cuestión de la evidente ilegalidad del nuevo concepto estratégico que vulnera el Tratado del Atlántico Norte. Ya que reconoce que la OTAN va a poder actuar en cualquier parte del mundo y no sólo en operaciones militares de legítima defensa. Aunque se trate de un documento político, el nuevo concepto estratégico modifica materialmente el contenido del Tratado del Atlántico Norte. Se trata además de una modificación muy importante, ya que afecta tanto a las funciones como al ámbito geográfico en el que puede intervenir la Alianza.

No se ha querido modificar el Tratado porque ello exigiría la intervención parlamentaria de los Estados miembros. De esta manera la OTAN ha impedido que se abriera un debate social sobre qué papel le corresponde a la OTAN en el siglo XXI. Al mismo tiempo, se ha evitado que el rechazo social en alguno de los países miembros dificultase el proceso de transformación de la Alianza. A buen seguro que la OTAN ha buscado evitar los problemas que ha sufrido el proceso de integración de la Unión Europea.

La OTAN no ha querido someter su transformación a un auténtico debate democrático. Según el artículo 94.1.b) de la Constitución española, se requiere autorización previa de las Cortes Generales para modificar un tratado de carácter militar. Esta exigencia debería haberse cumplido antes de que el Presidente del Gobierno español hubiera firmado en Lisboa el documento de la OTAN, ya que el nuevo concepto estratégico supone una modificación del contenido del Tratado del Atlántico Norte. El Gobierno español no solicitó la autorización, convirtiendo así en papel mojado un artículo de la Constitución española.

El preámbulo del Tratado del Atlántico Norte declara solemnemente que la OTAN es un instrumento para salvaguardar los principios de democracia y el imperio de la ley. Una pomposa declaración que debería ser sometida periódicamente a la prueba del algodón. Porque los hechos ponen reiteradamente de manifiesto que la integración de España en la OTAN, la OTAN “hacia adentro” de la que hablaba Manuel Sacristán, ha supuesto un debilitamiento de nuestra democracia en las cuestiones relativas a la defensa.

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