Desarrollo sostenible y deuda ecológica

23 abril 2012

El desarrollo sostenible se define como aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades.

Desde el punto de vista jurídico, es uno de los principios que configuran el derecho ambiental. Incluso ha sido positivizado en diversas normas, por ejemplo en el artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea.

Técnicamente se suele considerar como un principio, como un mandato de optimización. Lo que implica que el ordenamiento jurídico debe dirigir al sistema socioeconómico hacia la consecución de dicho objetivo, teniendo en cuenta las circunstancias existentes que podrán modular su aplicación concreta en la práctica. En mi opinión la consideración de desarrollo sostenible como un principio plantea el problema de que se diluye el resultado que pretende proteger el desarrollo sostenible que no es otro que garantizar que las generaciones futuras puedan cubrir sus necesidades. Dicho en otras palabras, el principio del desarrollo sostenible debería asegurar que no vamos a esquilmar los recursos del planeta.

Según la New Economics Foundation, España ha entrado en deuda ecológica el día 22 de abril. Esto significa que España gasta más recursos que los que produce y emite más dióxido de carbono del que absorbe. El impacto del consumo de España es 3,25 veces superior a su biocapacidad. Si todos los habitantes del mundo vivieran como los españoles, serían necesarios tres planetas enteros para cubrir sus necesidades. En 2011 la Tierra entró en déficit ecológico el 27 de septiembre. [Puedes ver la noticia aquí].

Estos hechos ponen de manifiesto que el principio del desarrollo sostenible es puro papel mojado. La incoherencia entre lo que dicen las leyes y la realidad de nuestro sistema socioeconómico se puede poner de manifiesto a través de la diferencia entre derecho normado y derecho practicado, que ya he comentado en este blog.

Sin embargo, creo que este enfoque crítico resulta insuficiente ya que oculta el efecto fundamental que ha tenido la positivación del principio de desarrollo sostenible. Sus efectos en el ámbito real, en el sistema socioeconómico han sido escasos, pero sus efectos en el ámbito ideológico han sido más importantes.

La idea de desarrollo sostenible ha otorgado una legitimación extra al sistema económico capitalista, que así puede presumir de haberse adecuado a las exigencias de la protección medioambiental. Ha servido para legitimar la lógica del crecimiento propia del capitalismo sin imponer ningún límite efectivo a éste.

Coincido con muchas personas en que la consecución del desarrollo sostenible sólo se podrá hacer a través de la superación del sistema económico capitalista. Una superación en la que los juristas tendremos algo que decir, aunque sólo sea para criticar la actual configuración del derecho medioambiental.


El anteproyecto de la Ley de la opacidad de la defensa

10 abril 2012

El Anteproyecto de la Ley de Transparencia consagra la defensa nacional como un ámbito opaco al escrutinio de los ciudadanos. El Anteproyecto pretende reconocer el derecho de acceso a la información en poder de las Administraciones públicas. Sin embargo, este derecho no puede ejercerse sobre aquella información que afecte a la seguridad nacional y a la defensa. La exclusión en materia de defensa tiene carácter absoluto al quedar totalmente fuera del concepto de información pública.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia es así mucho más restrictivo que la Ley sobre Secretos Oficiales. Según esta última, el Gobierno puede clasificar como secreta aquella información cuyo conocimiento público pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Es la existencia de una situación de riesgo la que justifica que se mantenga oculta a los ciudadanos determinada información.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia no exige que el conocimiento de la información pueda suponer un peligro para la defensa. Se trata de un matiz muy importante, ya que de esta manera se permite que el Gobierno decida libremente qué información hacer pública y cuál no. Obviamente, no se informará sobre aquellas cuestiones que puedan ofrecer a los ciudadanos una imagen negativa de la defensa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no tendría porqué informar sobre el coste económico de las operaciones militares en el exterior o sobre la cifra de muertos y heridos que se han producido.

La regulación es coherente con el concepto de cultura de defensa establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Cultura de defensa que tiene como finalidad que la sociedad española se identifique con la actuación de las Fuerzas Armadas.

Según el anteproyecto, el derecho de acceso a la información pública también podrá ser restringido si la divulgación de la información puede suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales. Esta excepción podría aplicarse a cuestiones relacionadas con la defensa nacional como el comercio de armamento. El Gobierno clasificó como secretas las actas del órgano administrativo que decide sobre las autorizaciones de exportación de armamento. La futura Ley de Transparencia podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista. El secretismo en el comercio de armas tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento, como se puso de manifiesto con el escándalo de la exportación de bombas racimo españolas a Libia en 2008.

En definitiva, el Anteproyecto de la Ley de Transparencia no hace más que confirmar que la defensa nacional es uno de los ámbitos políticos con mayor déficit democrático. Nuestros poderes públicos no quieren que se abra un debate público sobre la política de defensa, sobre porqué y de qué debemos defendernos. Ésta es la razón de fondo por la que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información sobre cualquier cuestión relacionada con la defensa.

Una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional. Por ello, se solicita la modificación del anteproyecto para que se incluyan expresamente la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública.

 

 

Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs – Justícia i Pau


Consulta social 4 de Marzo sobre la privatización del Canal de Isabel II

1 marzo 2012

 

El domingo 4 de marzo se realiza una consulta popular en la Comunidad de
Madrid acerca de la privatización del Canal de Isabel II que pretende llevar a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Todos los vecinos dispondrán de una papeleta con el siguiente texto: “Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público? SI/NO”

Puedes ver un listado de la ubicación de las mesas aquí

http://porelagua.es/content.php?pageid=2

O bajándote el siguiente fichero Urnas4M_21022012


En el metro de Legazpi se realizan identificaciones policiales racistas

22 febrero 2012

El lunes 20 de febrero de 2012, a las seis de la tarde, en el túnel de salida del metro Legazpi que sale a la calle Bolívar un par de personas, supongo que eran policías porque enseñaban una cartera, le pidieron la documentación a dos hombres. El primero tenía rasgos asiáticos y el segundo latinoamericanos. Sólo estuve dos minutos en esa zona, iba con mi hija pequeña y se lo toma con calma. Pero ni a mí ni a nadie con aspecto de españolito de bien nos pidieron la documentación.

No sé que concepto de dignidad humana tendrán los mandos policiales y ministeriales que ordenan este tipo de prácticas claramente racistas, pero está claro que para ellos el artículo 10 de la Constitución española es puro papel mojado. [El artículo 10 de la Constitución señala que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social y el artículo 14 .]

Me avergüenza vivir en un país que realiza este tipo de prácticas y que persigue a las personas que denuncian esta situación, como es el caso del fotógrafo Eduardo León, al que desde aquí le mando un abrazo.

Sobre Eduardo León un par de noticias:

http://www.diagonalperiodico.net/Un-fotografo-del-periodico.html

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/el-policia-me-agarra-de-los-testiculos-con-fuerza.html


Gestión pública frente a gestión privada: el caso General Motors

26 enero 2012

 

Acabo de leer el artículo de Vinçent Navarro “La nacionalización de General Motors”, cuya lectura recomiendo (link al artículo publicado en Rebelion.org).

Vinçent Navarro pone en cuestión la ideología neoliberal que afirma que el sector privado es más eficiente que el sector público. General Motors y Chrysler, las dos empresas automovilísticas estadounidenses más importantes, fueron nacionalizadas tras declararse en bancarrota. La nacionalización se llevó a cabo para evitar el grave impacto negativo que hubiera supuesto el cierre de ambas empresas en EEUU, por ejemplo en términos de desempleo.

Pues bien, resulta que General Motors tuvo pérdidas por valor de 4.300 millones de dólares en el momento más alto de la crisis, mientras que el año pasado, siendo empresa pública por tanto, ha declarado beneficios por valor de 2.500 millones de beneficios, ha pagado el préstamo de dinero público que recibió y no se han tenido que realizar despidos masivos.

En mi opinión, este caso demuestra que no se puede identificar la gestión privada con la eficiencia y la gestión pública con la ineficiencia. La relación es más problemática. Sin embargo, la ideología neoliberal sigue manteniendo esa idea.

Resulta curioso qué pasará con General Motors. El sindicato del automóvil quiere que se convierta en una cooperativa, mientras que el Gobierno de Obama parece tener la intención de vender la empresa. Si la empresa vuelve a pasar a manos del capital privado se habrá producido un caso más de privatización de beneficios sociales.

La noticia tiene su interés en España, donde el Gobierno de Ministros ha empezado a analizar el sector público empresarial. La referencia del Consejo de Ministros de 5 de enero de 2012, señala expresamente que «El estancamiento de la actividad económica, unido a la dificultad para la financiación de la actividad pública, pone de manifiesto la necesidad de racionalizar la dimensión y estructura del sector público empresarial con el fin de garantizar la eficiencia de la actividad pública». Una de las medidas que se propone llevar a cabo es reducir el sector público empresarial. Como vemos, aquí también está presente la ideología de la ineficiencia de la gestión pública.


Cuando no se ponen límites a la autonomía de la voluntad: el funcionamiento especulativo de los mercados

10 enero 2012

Aquí os dejo un vídeo en el que se explica claramente cómo se puede especular en los mercados financieros y cómo estos mercados no se ven constreñidos por restricciones de crédito.

Desde el punto de vista jurídico lo que pone de manifiesto es lo que sucede cuando no se ponen límites a la autonomía de la voluntad. En este caso, cunado no se ponen límites a los mercados financieros. También queda demostrado que la búsqueda del interés particular no conduce a la consecución del interés social. La tesis de la “mano invisible” no es más que una ideología que se utiliza para legitimar determinadas decisiones públicas.

He visto en vídeo en el blog de Juan Torres López, ganas de escribir, cuya visita recomiendo.


EL MEJOR TRAFICANTE DE ARMAS ABANDONA LA MONCLOA (texto de Gervasio Sánchez)

19 diciembre 2011

Gervasio Sánchez no es un periodista cortesano, sino que mantiene un proyecto crítico de denuncia de las injusticias. Es autor de fotos tan terribles -y a la vez tan hermosas- como la de esta entrada, en la que se pone de manifiesto el mimo con el que muestra la dignidad de las personas a las que retrata. Uno de sus preocupaciones ha sido y es el comercio de armamento, cuyas consecuencias ha mostrado a lo largo de todo el planeta. El texto de Gervasio Sánchez comienza aquí

*    *    *

Antes de que usted comience a fortificar una agenda de contactos que le permita fortalecer su cuenta corriente le quiero hacer una proposición muy honesta, señor presidente del gobierno español. Le propongo que me acompañe a visitar algunos de los países en guerra o con conflictos internos o vecinales a los que su gobierno ha vendido armas en los últimos años, violando la ley de control de armas aprobada por el parlamento español en diciembre de 2007.

Incluso la invitación la hago extensible a su esposa y a sus dos hijas. Señor presidente, quiero ver su cara cuando le explique a su familia las razones por las que se ha convertido en el mejor traficante de armas de la historia de la democracia española.  Sobre todo quiero ver su cara y las caras de sus seres queridos en alguna de las ciudades libias destruidas, en algunos de los barrios colombianos repletos de desplazados por los combates o en el guetto de Gaza.

Eso sí, señor presidente, usted paga los gastos y yo no le cobro honorarios. Lo hago con la esperanza de que usted realice una especie de examen laico de conciencia y se pregunte si era necesario que triplicase la venta de armas españolas desde que llegó a la jefatura del gobierno, convirtiendo a nuestro triste y desamparado país en la sexta potencia mundial en exportaciones armamentísticas.

Perdone, quizá debería decir que estas ventas se han cuadriplicado, quintuplicado o sextuplicado porque sus colaboradores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intentaron maquillar las cantidades vendidas en el año 2010. De esa manera no quedaron contabilizados contratos pendientes con Brasil por 480 millones de euros, Noruega por 400 millones y Australia por  305 euros. Si se sumasen estos 1.585 millones de euros al total vendido y reconocido (1.128 millones de euros) estaríamos hablando de 2.713 millones de euros en 2010, es decir más de seis veces la cantidad vendida en 2004, fecha en la que usted ganó las elecciones con un discurso
pacifista.
Durante todos estos años usted ha conseguido algo loable: que nadie le
preguntase por estas vergonzosas cantidades en las múltiples entrevistas
pactadas que le han hecho los periodistas de medios de comunicación amigos o cercanos. Hubiese estado muy bien saber la opinión del más pacifista de los gobernantes españoles sobre sus vinculaciones con la venta de armas.

Sólo el traductor Rafael Lafuente Blanco, de 29 años, le sacó los colores el 26 de enero de 2009 en el programa Tengo una pregunta para usted ante una audiencia de seis millones de televidentes.   ¿Se acuerda, señor presidente, del comentario de aquel joven?  “A mi me parece muy hipócrita que un gobierno que habla de derechos humanos, de compromiso por la paz, de alianza de civilizaciones, se dedique a vender guerra, muerte y destrucción”, le espetó y tuvo las  agallas para recordarle que “es incongruente” que vayamos por el mundo publicitando un discurso pacifista y, al mismo tiempo, seamos una de las principales potencias  armamentísticas del mundo.

Usted ha vendido armas a Libia, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez, Arabia Saudita, Bahrein, Israel y otros países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Su gobierno tuvo la desfachatez de revocar las dos últimas licencias en vigor de exportación de armas a Libia cuando sólo faltaba por ejecutar el 0,36% del contrato. Es decir, inundaron Libia de armas que el gobierno de Muamar el Gadafi utilizó contra sus ciudadanos y después volvieron a aparecer como los paladines de la no violencia.
Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y Fundació per la
Pau, cuatro organizaciones humanitarias no gubernamentales muy prestigiosas, han presentado informes exhaustivos desde la entrada en vigor de la  Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (ley 53/2007) en diciembre de 2007 en los que se remarcan “las transferencias a destinos preocupantes sin que se conozcan los criterios que han permitido estas exportaciones, según lo establecido por la ley”.

Esa ley afirma que no deben venderse armas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”.

En los últimos años su gobierno también ha mantenido estrechas relaciones con Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial o Libia. Ministros de Asuntos Exteriores como Miguel Ángel Moratinos han recorrido estos países, con grandes reservas petrolíferas y de gas, firmando acuerdos bilaterales y elogiando a regímenes y gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Creo que hubiese sido menos cínico nombrar a Antonio Brufau, presidente Repsol, ministro porque él ha sido el verdadero gestor de nuestra política exterior. Usted, baluarte del izquierdismo de salón, se ha dedicado a promocionar con descaro y proselitismo a gobiernos infectos que mantienen subyugados a sus ciudadanos.

Gobernantes como Teodoro Obiang, por recordar al más usurero de nuestros amiguetes africanos, utilizan el dinero de los contratos para seguir enriqueciéndose mientras en Guinea Ecuatorial mueren más niños antes de cumplir cinco años que en Afganistán, una país entre tinieblas bélicas desde hace tres décadas.

Hace unos meses felicité a la corporación municipal de Córdoba por bautizar dos plazas de la ciudad con los nombres de Julio Anguita Parrado y de José Couso. Les dije que con esta decisión habían honrado a sus familias y habían dignificado el mandato electoral.

Qué diferencia de actitud si la comparamos con la de su gobierno, la fiscalía general del Estado o la fiscalía de la Audiencia Nacional. Entre bastidores, usted y algunos altos representantes políticos y judiciales, han luchado “con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos contra los tres militares”, implicados en la muerte de José Couso mientras mentían a sus familiares. Lo hemos leído en los papeles del Departamento de Estado de Estados Unidos filtrados por Wikileaks.

Usted queda moralmente desnudo, señor presidente, igual que su ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, sus ex ministros de Justicia, Juan Fernández López Aguilar y de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Todos ustedes conspiraron para sepultar el caso Couso bajo un manto de silencio. Se me ocurren palabras muy duras para denominar estos comportamientos. Pero la sobriedad sólo me permite llamarles cobardes. Eso sí, COBARDES con mayúsculas.

Señor presidente, su barco electoral se ha hundido y, como suele ocurrir, hace tiempo que algunas ratas saltaron antes de ahogarse. No pertenezco a ese grupúsculo que le critica ahora que ya es usted un cadáver político. Ni escribo editoriales oportunistas criticándole después de realizarle decenas de entrevistas pactadas.

Simplemente soy un ciudadano indignado (mi indignación tampoco empezó el 15 de mayo sino hace muchos años) y me presento ante usted con una oferta original: pasearle por este mundo inestable para que vea con sus propios ojos y no con los ojos de empresarios codiciosos, periodistas que escriben al dictado o asesores remilgosos y pelotas para qué sirve la política militarista que usted ha liderado durante los últimos años.

Fuente: http://blogs.heraldo.es/gervasiosanchez/?p=1920


Una propuesta para este curso: hacer voluntariado jurídico

5 octubre 2011

 

Probablemente, una de las mejores vías que tienes para mejorar tu formación como estudiante de derecho sea colaborar con una asociación realizando labores de tipo jurídico. De esta forma, además de poner los pies en el mundo real, podrás llevar a cabo al mismo tiempo una práctica jurídica interesante y socialmente transformadora.

Si te gusta el derecho administrativo, tienes la ventaja de que muchos ámbitos de la realidad están relacionados en todo o en parte con este sector del ordenamiento. Por ejemplo, podrás elegir colaborar con asociaciones ecologistas, de protección de los derechos de los extranjeros, colectivos pacifistas…

En cuarto de derecho (cuando yo estudiaba, la carrera de derecho duraba cinco años), comencé a formar parte de la Asociación de Objetores y Objetoras de Conciencia de Madrid (la AOC). Una de las tareas fundamentales de la asociación era informar sobre cómo podía hacerse uno objetor de conciencia. Una información que no ofrecía la Administración, no fuera a ser que muchos jóvenes decidieran no hacer la mili. Un informático, un farmacéutico y un médico eran los miembros de la asociación encargados de informar sobre objeción de conciencia. Y lo hacían muy bien. Gerardo, el médico, manejaba perfectamente tanto la Ley de Objeción de Conciencia como su reglamento (me dejó “alucinao”).

Lo primero que tuve que hacer fue empollarme la ley y el reglamento. Como en tercero ya habíamos estudiado el procedimiento administrativo, pude aportar mis conocimientos. No todo estaba en la legislación sobre objeción de conciencia y la realidad siempre plantea muchos problemas que tienen que resolverse tirando de principios generales y de ley de procedimiento. Esta visión más sistemática es la que puede aportar un jurista.

Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Me ayudó a profundizar mi conciencia crítica frente al derecho, ya que veía claramente las triquiñuelas que utilizaba la Administración para evitar que la gente se declarase objetora de conciencia (un derecho recogido en el artículo 30.2 de la Constitución). Todo ello además en un ambiente de amistad y de colaboración desinteresada, trabajando de igual a igual sin jerarquías de por medio.

Tal vez lo más difícil sea dar el primer paso. A la hora de elegir quizá sea mejor contactar con alguna asociación de tamaño medio o pequeño, quizá así te hagan más caso y sea más fácil trabajar en algo concreto. De todas formas, lo normal es que uno sea muy bien recibido.

 


Recomendación de lectura: El aprendizaje del aprendizaje

26 septiembre 2011

 

Una de las cosas que hago todos los años al comenzar las clases, es recomendar el libro de Juan Ramón Capella: El aprendizaje del aprendizaje (editorial Trotta).

Lo hago con la esperanza de que algún estudiante lo lea y le sirva para plantearse qué puede hacer en los años que le quedan en la facultad y cómo aprovecharlos al máximo en su aprendizaje. El libro parte de que no es lo mismo aprobar que aprender. Una de las cuestiones que propone el autor es que los estudiantes han de aspirar a una formación integral, no sólo deben convertirse en unos buenos juristas sino también en personas cultas (para lo cual aporta recomendaciones de lectura, jurídica y no jurídica, incluyendo un listado de películas que merece la pena ver y de grabaciones de música clásica que merece la pena escuchar).

En definitiva, el libro plantea que otra forma de estudiar el derecho es posible y de que los estudiantes son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Además lo hace de una forma divertida y provocadora. Puede verse como una guía de supervivencia para quien quiere llevar a cabo un aprendizaje jurídico crítico.


Mientras tanto estrena página web

6 septiembre 2011

Estamos de enhorabuena. La revista roja, verde, violeta y blanca tiene página web donde se recogen los números de la publicación electrónica mientrastanto.e y se irán volcando los números de la revista en papel y otros materiales.

Un buen recurso para el análisis de la sociedad desde un punto de vista de la izquierda próxima a los movimientos sociales y, por tanto, un buen recurso para el aprendizaje jurídico crítico.

A través de la página se puede uno suscribir al boletín mientrastanto.e.

La dirección de la página web es:

http://www.mientrastanto.org/


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